La memoria de Michoacán en manos de delincuentes
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
México, y en especial Michoacán, son víctimas de un mal al que pocas veces se le pone atención: el memoricidio, el cual se nutre del saqueo y robo indiscriminado del tesoro cultural e histórico de la nación y el estado. Es un hecho que el patrimonio nacional está siendo destruido ante la indiferencia de las autoridades a quienes debe interesar su conservación.
Todos los días, en algún rincón de la entidad y del país, alguien está sustrayendo arte sacro, derrumbando de forma oculta algún edificio colonial, saqueando archivos municipales o escarbando la tierra para sacar “tesoros ocultos”, que no son otra cosa que vestigios dejados por quienes habitaron anteriormente estas tierras.
En este renglón, Michoacán ocupa un primerísimo lugar: es el estado donde se registra el mayor número de robos de objetos históricos o prehispánicos, de acuerdo a un reporte de la UNESCO, donde se destaca que México es uno de los países con mayor saqueo precolombino, situación que sólo se compara con países en conflicto bélico.
El saqueo es un problema de los países pobres, que curiosamente son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica de todo el mundo compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar las piezas a los museos donde les corresponde.
En muchos de los pueblos de Michoacán se sale a los campos a sembrar, pero también a buscar “monitos”, muchos hasta de 2 mil años de antigüedad, que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.
Incluso no es raro encontrar la oferta de estos tesoros en mercados de pulgas de Morelia y hasta en el mismo tianguis del auditorio (lo que quien esto escribe pudo constatar, pues recientemente algunos comerciantes, de manera subrepticia, ofertaron figuras de piedra y barro hasta en 10 mil pesos).
Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohíbe el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerías o en páginas de internet de países donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.
Hasta para esto hay “tranza”: si un europeo compra en su país una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró “de buena fe” sin conocer su procedencia ilegal.
Al entrar en el catálogo en línea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sotheby’s, con sedes en Londres y Nueva York, se puede ver la oferta de una “mujer de Jalisco sentada” que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un “jorobado de Jalisco agachado” en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza; tan sólo con entrar a internet, es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales como eBay o Mercado Libre, entre otros.
Muchos compradores saben lo que están haciendo, pero muchos otros no, por lo que actúan como simples anticuarios. El problema son las propias leyes mexicanas y el deficiente trabajo de conservación y obtención de datos. La realidad es que ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sabe lo que hay en el país. Sus bodegas se encuentran atestadas, los diarios reportes de quienes realizan trabajo de campo están acumulando polvo en archiveros que luego serán objeto de estudio de otros arqueólogos y esto es un cuento de nunca acabar.
Lo poco que se recupera
Es de destacarse que las autoridades recuperan sólo el 20 por ciento de las piezas que son robadas de museos o casas de la cultura locales, que poca o nula vigilancia tienen en sus salas. Michoacán no sólo padece de presencia de organizaciones criminales en su territorio, o registra el mayor número de militares muertos en el combate al narcotráfico, sino que es el estado con el índice más alto en robo arqueológico.
En los últimos 10 años, unas 400 piezas han sido sustraídas de diversos museos y colecciones particulares de la entidad, lo que representa un 25 por ciento de los saqueos a nivel nacional.
En la última década, el INAH registró el hurto de casi mil 500 vestigios arqueológicos que se encontraban resguardados en acervos privados o diversos recintos dedicados a su conservación, difusión y exhibición en el extranjero, y sólo una decena de ellos se reintegraron a territorio nacional, no sin antes ser efectuadas serias negociaciones diplomáticas.
Cuando ocurren estos hechos, se levantan las averiguaciones previas correspondientes frente a la Procuraduría General de la República (PGR), pero durante ese mismo periodo de tiempo, nada más se ha logrado la recuperación del 20 por ciento de esas piezas en el país. En Michoacán ni siquiera existe un área que se ocupe de estos robos… parece que hay cosas más importantes en las que las autoridades se ocupen y no en trastos o pinturas viejas.
Es importante destacar que muchos de los robos se efectúan en museos de sitio que cuentan con poca seguridad. Michoacán está lleno de estos pequeños museos, dado que en casi todo su territorio existen vestigios arqueológicos o históricos que son conservados por gente inquieta e interesada en conservar su patrimonio, aunque muchas veces tengan que enfrentarse con las propias autoridades encabezadas por el INAH, que en lugar de apoyarlos, lo primero que hace es expropiar las colecciones, argumentando que las conservarán, cuando la realidad es que irán a parar a oscuros y olvidados almacenes federales, donde ni son restaurados o limpiados o mucho menos exhibidos.
Se podría pensar que los hurtos fueron llevados a cabo de manera circunstancial, pero no es así, nunca son aleatorios; al igual que los saqueos de arte sacro, generalmente son resultado de redes organizadas que sirven a coleccionistas que eligen determinadas piezas y mandan por ellas. “Estos hurtos son absolutamente planeados y responden al coleccionismo o anticuarianismo, no hay casualidad”, asegura el INAH.
Otros robos responden al saqueo en sitios arqueológicos que no aparecen en los listados del INAH, o que si aparecen, están dentro de enormes listas de lugares donde se realizó alguna pequeña investigación en la materia y que no hubo o no se tiene mayor recurso para su vigilancia. Según los archivos del Instituto, las piezas de este tipo recuperadas en la última década llegan a 19 mil en todo México; nunca sabremos con exactitud la cifra exacta, pero de acuerdo con las estimaciones de la UNESCO, es únicamente el 20 por ciento de lo sustraído.
El relumbrón del INAH
Es importante la inversión para la conservación de los sitios arqueológicos y sin duda no existe oposición para el mantenimiento y cuidado de 6 zonas arqueológicas abiertas al público en Michoacán; sin embargo, las autoridades del INAH parecen desconocer muchos de los proyectos de investigación arqueológica efectuados en la entidad, los cuales nunca derivaron en planes permanentes de conservación o al menos para dar continuidad a los proyectos originados en ellos.
Baste citar los trabajos de rescate arqueológico llevados a cabo durante los años 1980-1981 en Michoacán por el departamento de Salvamento Arqueológico del INAH, los cuales arrojaron la friolera de más de mil sitios detectados, registrados y muestreados en la zona comprendida desde Uruapan hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, de cuyo reporte se desprendió el importante dato de la existencia de una cultura local en el valle de Apatzingán de origen nahua, que echó por tierra la teoría de una ocupación purépecha hacia esa región.
Los resultados de estos trabajos, auspiciados por PEMEX, nunca se vieron reflejados en los libros de historia locales, como parece ser ya una costumbre con las investigaciones del INAH, así que los materiales obtenidos fueron a parar a sus ya atestadas bodegas.
Por otro lado, las áreas de Cuitzeo, Zinapécuaro y Álvaro Obregón parecen ser las que presentan el mayor riesgo de extracción ilegal y comercialización de piezas arqueológicas en Michoacán, según señalan los investigadores del INAH Michoacán, Ramiro Aguayo Haro y José Luis Punzo Díaz, éste último explicó que, si bien el saqueo de los sitios arqueológicos “no es una cuestión tan delicada” en la entidad, se han identificado zonas con mayor afectación por este fenómeno, como la cuenca del lago de Cuitzeo, cuyos vestigios se remontan al preclásico temprano (más de 2 mil años de antigüedad).
“La incidencia del saqueo tiene que ver en parte con la belleza de las piezas que se localizan, que en el mercado negro alcanzan precios muy elevados”, señaló Punzo Díaz, pero también con el desconocimiento del valor de este patrimonio de la nación. Así, se han conocido casos donde los residentes de comunidades aledañas a sitios arqueológicos han vendido hasta en 20 pesos piezas descubiertas por ellos al realizar labores agrícolas o excavar pozos.
Subrayaron que existe una campaña permanente de sensibilización y concientización de los ciudadanos para que sean estos los principales protectores de los sitios arqueológicos y su contenido, puesto que en Michoacán se reconoce la existencia de dos mil 172 sitios arqueológicos identificados, pero el INAH sólo dispone de cuatro especialistas para su atención, por lo que la salvaguarda del patrimonio nacional representa un “reto inmenso”, con un estimado de 543 espacios a cargo de cada arqueólogo adscrito a la instancia.
Cabe hacer mención que las piezas arqueológicas son propiedad de la nación, por lo que las personas físicas y morales pueden solicitar mantener en resguardo estos objetos, condicionado al cumplimiento de requisitos, como el registro de las piezas.
Así, más de 52 mil piezas arqueológicas en el estado se encuentran en manos de particulares, y algunas obras y colecciones están registradas para evitar su exhibición no autorizada, comercialización o extracción del país.
Los especialistas, de la misma manera, refirieron que hasta el 60 por ciento de las áreas donde se considera que existe una mayor presencia de sitios arqueológicos han sido recorridas por especialistas para efectuar trabajos de preservación e investigación, no obstante aún hay mucho por hacer en otras regiones, como la Sierra Madre del Sur, escasamente investigada, al igual que la región del río Balsas, donde en los últimos cuatro años se han encontrado 150 asentamientos, o Huetamo y Chavinda, donde suman 20 los lugares con valor arqueológico.
Venta cibernética ilegal al alza
La comercialización de bienes arqueológicos en redes sociales ha sido una constante en los últimos años en paralelo a la campaña que mantiene el gobierno federal para recuperar piezas arqueológicas en el extranjero.
Al igual que ha ocurrido con la venta de otros bienes y servicios, la oferta ilegal de piezas arqueológicas a nivel nacional migró por completo a las redes sociales, en donde ahora son ofrecidas desde los 10 mil, 50 mil y hasta en medio millón de pesos por redes del crimen organizado y particulares que abren la venta en subastas, cadenas de compra y venta de coleccionistas y al público en general.
Por citar algunos ejemplos, en Marketplace de Facebook se ofrece todo tipo de piezas arqueológicas; este es un sitio de internet donde se disparó la compra y venta de piezas, sobre todo durante la pandemia y no es difícil detectar saqueadores, coleccionistas y hasta empresas que ofrecen materiales arqueológicos extraídos en estados como Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, entre otros.
Frenar el comercio ilegal de piezas arqueológicas en internet pareciera que no es prioridad en los esfuerzos contra la comercialización de bienes patrimoniales por parte de las autoridades. Según refiere Daniel Salinas, maestro en arqueología y patrimonio por la Universidad de Leiden y licenciado en historia por la UNAM, quien asegura que el tráfico de estas piezas que se extraen de forma clandestina en todo el país es una crisis, pues se trata de lugares que son saqueados y que la mayoría se quedan en la impunidad y sin denuncia alguna.
Las ventas de bienes arqueológicos en redes sociales, que suceden generalmente sin intermediarios entre saqueadores y compradores, incentivan más directamente al saqueo en el territorio nacional y esto trae consigo la destrucción de los contextos arqueológicos, justo los datos que nos permiten conocer e interpretar mejor al pasado, lo que a su vez se traduce en un atentado contra la memoria.
Además de internet, estos bienes también se ofrecen a la luz pública en plataformas como Mercado Libre, e incluso en casas de subastas que ofrecen bienes culturales de México en sus catálogos como Binoche Renaud Giquello, eBay y Sotheby’s a precios que superan incluso los millones de dólares.
Es así como el país se ha convertido en un paraíso para los saqueadores, pues la mayoría de las personas que se dedican a traficar con ellos de forma ilícita no son sancionados por las autoridades, pese a denuncias o detenciones.
“En México tal parece que no es ilegal tener una pieza si se hace un registro, se da aviso al INAH y se registra la pieza o la colección según sea el caso, sin embargo, lo que sí está mal es que uno aumente su colección mediante la compra ilícita, porque eso significa que en lo personal se están buscando piezas”, precisó el académico.
Y es que la Ley Federal de Monumentos detalla que todos los bienes patrimoniales son del estado, de toda la nación, por lo que no hay una propiedad privada en ese sentido.
A pesar de los llamados del gobierno federal y las sanciones para evitar extraer este tipo de piezas, los grupos de saqueadores se multiplican en el país debido a las grandes ganancias que obtienen por la venta de este tipo de bienes y es un mal que tal parece no tener fin.
