¿Por qué no funciona la política social para erradicar la pobreza?
Por: Mario Luis Fuentes
La erradicación de la pobreza ha sido una de las metas que se han planteado expresamente todos los gobiernos en México -cada uno con sus propios diagnósticos y premisas-, desde la administración del general Lázaro Cárdenas hasta nuestros días. Sin embargo, a pesar de las inmensas cantidades de recursos que se han destinado a ese rubro, México no ha estado ni lejos de aproximarse a una buena ruta para cumplir con este objetivo.
La presente administración argumentó al respecto que construiría una nueva política social, no neoliberal, que permitiría invertir más y de mejor manera para superar la pobreza.
¿Qué es lo que ha ocurrido? En evidencia, un problema de tal envergadura y complejidad exige de respuestas igualmente complejas y multidimensionales. Y en ese sentido, uno de los aspectos de mayor deficiencia en el diseño e implementación de las políticas sociales se encuentra en el tipo y pertinencia de los diagnósticos que se han elaborado en la materia.
En efecto, los argumentos del Ejecutivo Federal en su Plan Nacional de Desarrollo se reducen a señalar que han sido la corrupción y la intermediación en la entrega apoyos a las personas pobres, lo que ha generado la reproducción estructural de la pobreza. Y aunque se habla de los efectos perniciosos de “las políticas económicas neoliberales”, no existe ningún análisis teórico o empírico riguroso que permita plantear una salida a este problema ancestral.
Desde esta perspectiva, la presente administración perdió una oportunidad de oro, bajo una premisa equívoca, relativa a que se puede superar la pobreza en nuestro país, primero, sin cobrar más y distintos impuestos; en segundo lugar, sin crecer económicamente más y distribuir mejor la riqueza generada y en tercer lugar, sin fortalecer al federalismo mexicano y con ello, a los gobiernos estatales y municipales.
Por otro lado, el Gobierno de la República se equivocó en el rediseño y cambios realizados a las secretarías de Bienestar, SEP, SEDATU, SEMARNAT y con las consecuencias más graves, en la Secretaría de Salud. En todos estos casos, los resultados están a la vista pues hoy se tiene, respecto de lo que había antes de iniciar la administración: mayor rezago educativo, los indicadores de rezago social y desorden urbano no mejoran, la muerte y enfermedad evitable nos ha costado más de un millón de muertes, los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad continúan, y la pobreza se expande y profundiza.
Y es que, aun reduciendo la corrupción, lo que se hace indispensable es una reforma integral a la arquitectura institucional para el desarrollo a fin de mejorar la coordinación, replantear la distribución de atribuciones y competencias, así como recuperar principios como la solidaridad, la subsidiariedad y perspectivas como el desarrollo regional.
Dado que el Presidente de la República decidió abrir ya el proceso de sucesión presidencial, ahora, la discusión pública al respecto ha girado en torno a quién cuenta en mayor medida con los afectos y preferencias del Ejecutivo; sin embargo, lo que deberíamos estar discutiendo de forma seria y responsable es cuál proyecto de país tienen las y los precandidatos, tanto de Morena como de los partidos de oposición.
Así, considerando los resultados del 2018 al 2022, plantear la continuidad del proyecto de la llamada cuarta transformación implicaría prometer más pobreza, más desigualdades, y menos coberturas y calidad en los servicios de educación, salud y alimentación; y eso difícilmente tendrá éxito en términos discursivos; y del otro lado, el argumento opositor tendrá que ser mucho más complejo y completo que el simple recurso de criticarlo todo, sin proponer nada serio en su lugar.
México necesita urgentemente una salida estructural a las inaceptables condiciones de pobreza y desigualdad en que vivimos y es tiempo que, al menos desde la academia y los espacios de opinión ciudadana, comencemos a exigir un debate de altura, como corresponde a una sociedad que aspira al cumplimiento universal de los derechos humanos.
