Investigacionesnoviembre

Primero rezagados y ahora reprobados

Primero rezagados y ahora reprobados

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

La secretaría de Educación Pública (SEP) informó esta semana que ya se podrá reprobar nuevamente a los alumnos en la boleta de calificaciones, tras de que durante los últimos dos años la indicación fue que todos los estudiantes de educación básica debían ser aprobados. Junto con este anuncio, la dependencia aclaró que esto sólo aplicará en algunos estados, entre los que se encuentra Michoacán; la medida entrará en vigor a partir del 1 de diciembre venidero.

Conforme a lo anterior, se establece que los alumnos de primero y segundo de primaria conservarán la evaluación mínima de 6 mientras que los estudiantes de tercero a sexto y todos los de secundaria, serán evaluados nuevamente en una escala de 5 a 10.

No cabe duda de que la pandemia por COVID-19 dejó una honda huella en el sector educativo, pues más de dos ciclos escolares en la reclusión llevó a la implementación de nuevas formas de enseñanza, sobre todo en el aspecto tecnológico, muy bien recibidas por quienes tuvieron acceso a ellas, pero no tanto por quienes sufrieron el impacto de la recesión económica que ahora se vive.

En el marco de la reclusión y la educación virtual, se dictó el acuerdo número 16/06/21, que estableció en su momento que “se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, el cual fue publicado el martes 22 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho documento determinó que la calificación mínima para alumnos de educación básica con los que se mantuvo el nivel de comunicación y participación sostenida (es decir, que tuvieron clases a distancia), durante los tres periodos de evaluación, sería 6, aunque también se aclaró que para quienes participaron de manera intermitente en uno, dos o los tres periodos previos de evaluación, el profesor debería realizará una valoración general de los conocimientos logrados durante el ciclo escolar.

En ello se “podría considerar la realización de tareas, trabajos, actividades académicas extraordinarias adicionales, u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos del educando”, según señala el decreto. Al resultado de este proceso se le asignó una calificación, que igualmente tendría que ser mínima de 6 en todos los grados de primaria y secundaria. 

Por otra parte, el acuerdo decretó que en caso de que no existieran condiciones para llevar a cabo la valoración general del estudiante, se debería registrar en la boleta de evaluación la leyenda “información insuficiente” y en estos casos, la calificación se reportaría hasta la conclusión del periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecería una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, que igual sería de 6.

La advertencia fue clara: en ninguno de los casos podría retenerse a los alumnos en el grado escolar en el cual se encontrasen inscritos, considerando que estaban sujetos a un proceso de valoración extraordinaria.

Para la recuperación académica, fue establecido un periodo extraordinario, el cual abarcó del inicio del ciclo escolar 2021-2022, hasta el término del primer periodo de evaluación, con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional. Dicho lapso de tiempo, partiría de una valoración diagnóstica de los alumnos a cargo del docente del grupo o de asignatura, con la cual fue diseñado un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar.

“La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizará a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente en el ciclo escolar apenas concluido”, indicaba el documento, algo que en pocas ocasiones se llevó a cabo.

¿Qué se buscaba?

La medida buscó que los alumnos permanecieran en el Sistema Educativo Nacional, es decir, evitar la deserción escolar, que aumentó en México con la llegada del coronavirus.

Las cifras lo decían: para 2021, 1.3 millones de estudiantes de educación básica abandonaron la escuela a causa de COVID-19 y 1.6 millones por falta de recursos económicos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De esta forma, el objetivo de no reprobados era generar las condiciones adecuadas para “prevenir y atender el abandono escolar”, al favorecer a la reinserción escolar de los estudiantes y que los alumnos no quedaran rezagados, pues al no reprobar a los estudiantes, se garantizaba que pudieran ingresar al siguiente nivel educativo; además, se implementaron procesos de regularización y evaluación general de conocimientos, o al menos eso se esperaba.

A través de un comunicado, la SEP explicó que se busca “mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje (..)  así como establecer un periodo extraordinario de recuperación”.

Con la medida no solo estaba prohibido reprobar, también cambiaba la forma de hacer las evaluaciones, ya que la asistencia no era un requisito para poder aprobar y se tomaban en cuenta los trabajos, la participación y el desempeño del alumno.

No obstante, esta medida se encuentra por llegar a su fin, ya que los alumnos de cinco entidades de la república podrán ser reprobados a partir del próximo mes; los estudiantes que podrán repetir un ciclo escolar completo se encuentran en Coahuila, Tabasco, Zacatecas, Baja California y Michoacán.

Hasta el momento, se desconoce si la Ciudad de México se encontrará en un futuro entre aquellas entidades que ya pueden reprobar a los alumnos que obtengan calificaciones negativas.

Frente a un panorama desolador

Todo lo anterior parece adecuado, dadas las condiciones extraordinarias que la pandemia dejó a su paso, pero se deben tomar en cuenta múltiples factores que sin duda impactarán a la que ahora denominan como “la generación perdida”, considerando el país o estado del que se hable.

En lo que se refiere al sector educativo michoacano, éste siempre ha padecido de serios conflictos que han impedido su desarrollo; por citar algunos ejemplos, uno de los principales bastiones del magisterio democrático surgió aquí; la entidad también ha sido escenario de múltiples manifestaciones hostiles por parte de grupos estudiantiles, tanto de escuelas Normales como de la propia Universidad Michoacana, que han retrasado u obstaculizado la preparación de miles de jóvenes que de esa manera han visto frustradas sus aspiraciones de superación.

Por si no fueran pocos los problemas internos que ya se tienen en este sentido, llegó el año 2021 cargado de una fuerte crisis económica por el cierre de empresas y centros de trabajo, lo que castigó sobre todo a aquellas dependencias por donde tradicionalmente se han registrado intensas y las más de las veces injustificadas fugas de recursos, como lo son precisamente la secretaría de Educación en el estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Las llamadas de atención por parte de diversos sectores sociales ante las anomalías en este sector por años fueron reiterativas; la forma de solucionar los conflictos magisteriales, por parte de las distintas administraciones gubernamentales, fueron fáciles: con arreglitos “por debajo del agua”; pero hoy la cuerda ya no dio para más, lo que ha llegado a su clímax con manifestaciones cada vez más violentas por parte de quienes se dicen afectados.

Este escenario suena ilógico, pero sobre todo es injusto para miles de niños y jóvenes que ahora padecen de un grave rezago. Ya son más de 6 las generaciones las que no pueden competir ya no digamos con las de su misma temporalidad de otros países… ni siquiera pueden hacerlo con las de otras entidades mexicanas y ahora sufrirán las consecuencias físicas y cognitivas de una enfermedad inexplicable.

La situación financiera es verdaderamente complicada, pero no lo sería tanto si no hubiera existido abandono, corrupción ni administraciones que estaban más ocupadas en quedar bien con los líderes en turno que en mejorar los niveles en las aulas.

Un rezago que parece eterno

Para que una entidad avance, primero debe afianzar aquellas políticas de Estado que son fundamentales: entre otras, salud, alimentación, infraestructura y sobre todo educación. En este último punto, la inestabilidad en Michoacán no es nueva; desde 1917, cuando se establecen las primeras directrices al respecto luego del movimiento armado que conocemos como revolución, no se ha registrado un momento de tranquilidad, mucho menos se han establecido líneas educativas con alguna permanencia, sobre todo durante las últimas tres décadas.

La política educativa michoacana, pese a ser innovadora en relación a sus pares, se ha visto trastocada a lo largo de su historia por luchas internas que han impedido aterrizar propuestas que en su momento tuvieron una gran visión.

En Michoacán, la situación de rezago educativo se empezó a acumular desde 1988, cuando el gremio magisterial se fragmenta e inicia una lucha intestina entre los llamados sindicatos democrático e institucional; es entonces que el aspecto educativo pasó a un segundo plano y todo lo relativo a él se transforma en un asunto político.

Resultado de ello es que actualmente el grado promedio de escolaridad de los michoacanos es de 7.3 años, lo que los sitúa en el lugar 29 a nivel nacional, lejos de la entidad con más años de escolaridad, que es la ciudad de México, con 10.5 años.

En términos del Índice de Desempeño Incluyente (IDEI) diseñado por la organización Mexicanos Primero, en el que se evalúa el impacto de las políticas educativas tanto en los resultados de los alumnos, como en los procesos de gestión necesarios para alcanzar una educación incluyente, Michoacán se encuentra en el lugar 31 para primaria y en el último lugar para secundaria.

Michoacán se ubica en el lugar 26 a nivel nacional en materia de analfabetismo, pues 8.3 por ciento de la población mayor de 15 años se encuentra en esta condición, en tanto que el  promedio nacional, es de 7.6 por ciento, señala la fuente citada.

Y enfrente de este panorama, irritante para muchos y preocupante para otros, es que ahora, debido a una enfermedad y reclusión involuntaria, se implementó que ningún escolapio podría reprobar.

Un país sin competencias

Si aún desde antes de declararse la pandemia, en cifras globales en México, 2.8 por ciento de niños no terminaban la educación primaria y corrían el riesgo de convertirse en analfabetas si no empleaban en sus actividades cotidianas la lectoescritura, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante dos años siguieron analfabetas, pero con calificación aprobatoria, porque el sistema no podía enfrentar la presión de los niños que en algún momento acudirían a las aulas de manera presencial (lo que está ocurriendo) y que no por nada tienen el mote de “generación perdida”.

Más de 31 millones de personas de entre 15 y 29 años viven en México; de ellos 1.2 por ciento no han tenido instrucción educativa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mientras sólo 37.5 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 años cursaron un grado del nivel medio superior.

Y aquí aparece otra secuela de la pandemia: la deserción escolar, que debido al COVID-19 ha ocurrido por la falta de dinero para comprar los útiles o para pagar la inscripción para retornar a las aulas; además de que muchos niños y jóvenes se tuvieron que integrar al mundo laboral informal para ayudar a sus padres que se quedaron sin empleo, por lo que consideraron que era más importante trabajar que estudiar.

La situación extraordinaria que ha vivido la entidad y el país durante los últimos 24 meses, además de enfrentar a la sociedad al contagioso SARS-CoV2 y todas sus variantes, la puso en contra de la presión de los grupos de delincuencia, porque quedó de manifiesto que la falta de oportunidades de empleo y de educación potencializó que los jóvenes fueran vulnerables a sumarse a las filas de la delincuencia organizada.

En la medida en que no se tengan posibilidades de educación, orientación adecuada de salud, espacios laborales, acompañamiento a los jóvenes, programas de recreación, de arte y de cultura, agravado todo ello por la enfermedad, fue lógico que las nuevas generaciones estuvieran y estén a expensas y vulnerables, al igual que la sociedad entera, de quienes viven del crimen.

El estado cuenta con cifras alarmantes al respecto, pues según la secretaría de los Jóvenes, superan los 300 mil jóvenes considerados como “ninis” en virtud de que ni estudian, ni trabajan, lo cual va de la mano con un porcentaje de deserción del 30 por ciento de los estudiantes en secundaria, en donde se incrementa el fenómeno.

Ante este escenario, existe la necesidad de emprender una cruzada en donde se fortalezcan los procesos de educación y no sólo aprobando con 6 a los niños y jóvenes, sino combatiendo la deserción escolar, tener un acompañamiento con los jóvenes, actuar a tiempo, con asesorías y monitoreos para elección de carreras, entre otras cosas.

Hoy por hoy, el Estado tiene la tarea de impulsar que los jóvenes sean generadores de su propio empleo, que no interrumpan sus labores académicas por la necesidad de tener que trabajar; de igual manera, urge generar políticas que permitan que los jóvenes sigan estudiando, pero más que nada, de lograr su preparación en tiempos de post pandemia.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba