Morelia sedienta: pierde su agua
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
No es poca el agua que se desperdicia en Morelia, urbe con más de un millón de habitantes que la demandan encarecidamente, pero tampoco es invisible el deterioro de las zonas de recargas y los acuíferos subterráneos con que cuenta la capital de Michoacán, por lo que es de esperar que a más tardar en una década, la ciudad tendrá que recurrir a la importación de agua de otras regiones del estado por medio de costosos procesos de trasvase, tal como ahora lo hace la Ciudad de México y que ha provocado sequía en las entidades de donde obtiene el líquido que consume.
En los terrenos del valle de Guayangareo, el acuífero subterráneo superior (que se encuentra a poco más de 100 metros de profundidad) ya muestra signos inequívocos de haberse agotado, por lo que las excavaciones para la búsqueda de agua han tenido que recurrir a perforaciones para llegar al acuífero profundo a nada menos que medio kilómetro de profundidad.
De quedarse Morelia sin agua, se vería precisada a traer el líquido de lugares tales como la presa de la Villita, localizada en la cuenca del Balsas, a 400 kilómetros de distancia, lo que lógicamente encarecería el abasto significativamente.
Actualmente, el agua que consumen los morelianos procede de 115 pozos abastecedores, pero 35 de ellos se encuentran en estos momentos en condiciones críticas (según reporta el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento) ya que están en la recta final de su período de vida útil.
En otras palabras, lo anterior se traduce en que el 30 por ciento de las fuentes del vital líquido con que cuenta la población capitalina en el corto plazo no tendrán agua para proveer a los usuarios. Los pozos que ya están cercanos a agotarse se localizan en diversas partes de Morelia, por lo que no se ha detectado una zona particularmente afectada por la carencia de fuentes de abastecimiento del líquido.
Aunque desde hace dos años se puso en marcha un programa de exploración para ubicar nuevos pozos con agua en calidad y capacidad suficientes para destinarse al consumo humano, estos sondeos aún no tienen el visto bueno de Conagua, además de que se encuentra en curso un estudio por parte del organismo e instituciones educativas para determinar los mantos freáticos susceptibles de proporcionar agua para la ciudad.
El explosivo e irregular crecimiento de los fraccionamientos en Morelia, el cual se encuentra bajo el cobijo de grandes empresas constructoras y soslayado por las autoridades municipales en turno, han puesto a la capital del estado en la vía de una sequía inevitable; investigadores, grupos ambientalistas e instituciones de educación han advertido que en alrededor de 30 años la ciudad perderá su capacidad de autoabastecerse de agua, en detrimento de la práctica ganadera, industrial y de servicios de más de un millón de habitantes.
Desperdicio y deterioro van de la mano
De acuerdo con lo que reporta la Procuraduría Ambiental de Michoacán (PROAM), sólo en Morelia se tiene registro de 20 denuncias por el tema en contra de constructoras, razón por la cual se aplicaron 10 medidas de seguridad que corresponde a la suspensión provisional de la obra, que sin embargo al poco tiempo son reanudadas.
A lo anterior se le une que los organismos encargados de la gestión del agua urbana en Morelia enfrentan enormes carencias para ofrecer a la población un servicio que responda a las normas mundiales de cantidad y calidad, al mismo tiempo que sufren de una gran incapacidad para describir con exactitud la situación de las redes acuíferas que atraviesan la ciudad y el estado de atraso del resto de las áreas en que se encuentran, dando como consecuencia la incapacidad de identificar prioridades para transformar y mejorar el sistema.
Según la investigadora de la Universidad Michoacana Blanca Estela Lemus Ruiz, en su trabajo “Agua y salud: un enfoque sustentable”, es preocupante observar la falta de mecanismos de información y consulta social sobre la dramática enajenación de una parte del sistema de agua a la iniciativa privada, la que no ha asumido la responsabilidad que le corresponde.
Los reclamos de la población moreliana incluyen la carencia del servicio, el cobro excesivo, la mala calidad del agua (olor, color y sabor desagradables) hasta la que está altamente contaminada con sustancias como arsénico y cromo, sobre todo en las áreas donde existen o han existido rellenos sanitarios.
Conforme a la especialista, de continuar el manejo del agua de esta manera, así como la acelerada privatización que se está buscando por la falta de subsidios estatales, la población de menos recursos, que es la que no tiene capacidad de pago, verá afectada su salud de forma negativa, ya que el agua que reciba no será ni suficiente ni de buena calidad y cualquiera de estas situaciones puede conducir a estados patológicos de grandes grupos de la sociedad, sobre todo los más marginados.
Ya se sufren los estragos
Los capitalinos michoacanos no han dejado de observar que en los últimos 5 años su servicio de agua ha sido tandeado en colonias que antes disfrutaban del líquido las 24 horas del día; esto es porque se está redirigiendo el líquido a otras localidades donde es más escaso el abasto del recurso, en su mayoría para fraccionamientos de reciente creación.
El estiaje que desde hace 3 años se ha ido prolongando cada vez más de lo acostumbrado, ha dejado ver que la carencia es más patente en la cercanía de los 35 pozos profundos que abastecen a colonias de la mancha urbana que se encuentran muy por debajo de su capacidad normal y que por tanto les envían agua de manera tandeada.
Sin más ni más y mediante escuetos comunicados, el OOAPAS ha dado a conocer a los afectados que se reducen las horas de servicio por un tiempo determinado (aunque esta medida a la larga se convierte en permanente).
Es notorio que existen zonas de la ciudad que reciben agua 16 horas diarias, otras sólo 8 horas cada tercer día, pero donde se considera crítico es donde tienen agua un día sí y otro no y eso durante un máximo de dos horas cuando llega. En otros lugares que tienen pozos muy abatidos, únicamente ven mojadas sus llaves una vez por semana, al norponiente, donde las fuentes están más dañadas.
Pese a la carencia de este servicio vital, se siguen dando permisos de construcción de manera indiscriminada. Habría que hacer notar que durante 2017, la PROAM realizó un total de 53 acciones relacionadas con el tema de construcción de fraccionamientos, visitas de inspección, inicios de procedimiento, suspensiones, clausuras, de las cuales 23 fueron procedimientos en contra de las constructoras por irregularidades en los permisos de construcción, por lo que se tuvo que llegar a un acuerdo con la administración anterior de Alfonso Martínez para poder permitir nuevas edificaciones; cabe destacar que durante ese año (2018) no se presentaron denuncias por el tema.
En estos momentos y no obstante la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, la capital ha registrado un aumento de la construcción de fraccionamientos en un 42.6 por ciento, tendencia que inició en los años ochenta del siglo pasado y que ha aumentado significativamente la densidad poblacional a costa de las áreas naturales, como se puede ver hacia la zona de los Itzícuaros, en San Miguel del Monte y los cerros del Quinceo y Punhuato, entre otros.
Al respecto, el doctor Arturo Chacón Torres, del Instituto de Investigaciones de los Recursos Naturales (INIRENA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quien se ha distinguido por su lucha por el rescate de los mantos acuíferos de Michoacán, ha denunciado que en el municipio no se están respetando los criterios de ordenamiento territorial, lo que ha ido en detrimento de las zonas de recarga naturales, así como de la producción de agua para autoconsumo del municipio.
Desde su punto de vista, la única solución sería frenar de lleno esta situación e identificar los principales polígonos de recarga de pozos de agua, manantiales y presas que abastecen a la población de Morelia y sobre todo no permitir edificaciones sobre ellas, para evitar situaciones como la que ahora se vive en el polígono de La Mintzita, hasta donde corren descargas sanitarias de varios fraccionamientos construidos en la zona conocida como Los Itzícuaros.
“El reto es que integren los criterios ecológicos, porque no entienden que las áreas a proteger deben estar bajo decretos de áreas de protección de acuíferos; no se puede permitir más el desarrollo urbano porque existen fraccionadoras que desean continuar y el acuífero ahora está garantizado, pero en el momento en que se sigan expandiendo los fraccionamientos, de ahí se pierde el abasto de agua de Morelia”, explicó.
Obligaciones de los fraccionadores
Cuando una empresa constructora desea edificar un fraccionamiento, debe cubrir diferentes requisitos, como es la autorización del municipio de uso de suelo con fines habitacionales, además de que por parte del gobierno del estado tiene que existir la manifestación de impacto ambiental.
Es evidente que en muchos de los casos los constructores no cumplen con las normas establecidas, pero por arte de magia (y muchos acuerdos subterráneos) terminan construyendo, debido a que les sale más barato pagar las multas por impacto ambiental que modificar el proyecto original.
Por otro lado, en los estudios de impacto ambiental no siempre se hacen los balances de compatibilidad del suelo y el entorno ecológico para determinar si es viable que se genere un nuevo asentamiento o al menos eso esgrimen quienes ahora tienen los ojos puestos hacia Altozano y San Miguel del Monte.
“Morelia está creciendo de manera poco planeada e incompatible con la realidad de la cuenca –señala Chacón Torres-, como Altozano, donde es un área de generación de agua potable, el crecimiento que va desde el Tecnológico de Monterrey se perdió por el corte del bosque. El problema del abastecimiento del agua podríamos decir que está medianamente garantizado por lo que queda de este siglo. Tenemos una exposición muy fuerte de que en 30 o 40 años tengamos problemas de abastecimiento de agua, el temor es el abatimiento de los pozos de Morelia”, indicó.
Completamente secos
Los nubarrones son de miedo: de continuar esta tendencia de degradación a los suelos de Morelia, los primeros en abatirse y dejar de bombear agua serían los pozos profundos que abastecen el 33 por ciento del agua del municipio; en segundo lugar y derivado del azolve, la contaminación y la pérdida de captación, se perdería la Presa de Coinztio, principal abastecedor del vital líquido, y en tercer lugar el Manantial de la Mintzita, derivado de la extracción desmedida y la deforestación.
Al encontrarse en deterioro las tres fuentes principales de agua del municipio, la única opción que quedaría para abastecer a un millón de habitantes de esta municipalidad sería el trasvase por medio de bombeo de agua de otras regiones y presas, como ya se dijo, lo cual aumentaría considerablemente el costo del agua directamente a la ciudadanía.
Actualmente, el municipio eroga 150 millones de pesos en gastos de bombeo a través de las redes hidráulicas con las que cuenta el municipio. La cifra anterior aumentaría de forma exponencial en caso de que se implementara este tipo de tecnología.
Por otra parte, el mantenimiento del consumo de agua se ha hecho insostenible y Morelia se ha sumado a las ciudades metropolitanas del país que presentan un desfase entre la cantidad de agua disponible y la que demanda la ciudadanía.
Es preciso, según señalan los especialistas, desarrollar una agenda de investigación que incluya los temas del manejo el agua como un asunto de salud pública y del Derecho Humano al Agua. Yendo aún más allá, se debe asumir el papel de fomentar el trabajo de análisis del tema del agua desde la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua, que ponga la protección a los recursos naturales que proveen de agua, por encima de los intereses individuales o de pequeños grupos poderosos, y colocar por encima de todo al interés colectivo de la sociedad, incluso arriba del interés privado de las diversas empresas en posible competencia. En este sentido, el control público y la vigencia de esa prioridad sólo podrán asegurarse desde la transparencia en la gestión y la participación ciudadana.
A pesar de que aún se cuenta con importantes áreas de recarga y variados ecosistemas, cada vez se incrementa más el “stress hídrico”, lo que reafirma la aseveración hecha por muchos de que el problema del agua no es sólo de su cantidad, sino de su calidad y distribución.
En particular, la distribución desigual hacia los distintos sectores y grupos sociales, la clara orientación privatizadora que se está haciendo del manejo del recurso, pone a grandes grupos sociales en condiciones de escasez de agua y mala calidad de ella. La literatura sobre calidad de vida, salud y acceso al agua limpia para consumo humano es muy amplia, lo que ha llevado a que estudiosos del tema propongan incluso que el acceso al agua limpia para la población sea un factor de reducción de pobreza.
Las ciudades de mayor población en el estado están creciendo rápidamente, afectando seriamente áreas de recarga hídrica en su periferia; la deforestación de sus bosques es también acelerada, causando una menor captación de agua en los acuíferos que sufren de por sí una intensa sobreexplotación. Por otra parte, las aguas residuales en su mayor parte son vertidas sin tratamiento alguno a los efluentes, contaminando mantos acuíferos, ríos, lagos, y aguas marinas.
Aunque se están haciendo esfuerzos para ir resolviendo los problemas de contaminación y disminución de los acuíferos, muchos de estos son infructuosos, o en el mejor de los casos tienen pobres resultados debido a la falta de coordinación entre instituciones oficiales y sociedad civil. Los conflictos por el agua entre colonias, poblaciones, municipios y particulares con concesiones para aprovechar recursos hídricos se dan cada vez con mayor frecuencia; asimismo, previendo futuras presiones sobre el recurso por los desarrollos urbanos y demandas productivas se presentan contiendas políticas por su control entre grupos privados y con los organismos federales y estatales de control. Todo ello, con efectos sobre la disponibilidad y calidad del agua que reciben (o no reciben) los habitantes de las poblaciones afectadas.
