Enero 2023Investigaciones

La razón de la sinrazón educativa

La razón de la sinrazón educativa

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

Michoacán necesita de toda la ayuda posible para sacar a la educación del profundo pozo en el que se encuentra inmerso. Desde 1988, cuando un nutrido grupo de trabajadores de la educación desertó de las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) para formar una nueva corriente nacida en el Distrito Federal con las secciones IX, X y XI y a los que ahora conocemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se vinieron en cadena una serie de eventos que derivaron en Michoacán en un marcado ausentismo de maestros en las aulas, acres enfrentamientos sindicales, falta de cumplimiento de los 200 días obligatorios de clases en el aula (y que hoy se han traducido en al menos cuatro años de rezago educativo, si consideramos aquí el tiempo de reclusión por la pandemia de COVID-19).

Pero eso no es todo; tal situación fue aprovechada por personas sin escrúpulos que, sabiendo que la situación al interior de la secretaría de Educación el estado era caótica, hicieron negocio vendiendo plazas, incrementando el número de “aviadores” o gente que cobra sin devengar su sueldo de 5 mil en 1990, a 9 mil en 2012 y un número no especificado en 2022 y que pese a que existían directrices educativas nacionales, éstas se pasaron por alto y no se marcó una verdadera política educacional, que durante la década de los 90 y parte del nuevo siglo, llevaron a que el titular de la dependencia en turno no durara más de 2 años en el cargo.

Gracias a todo ello, pudiéramos concluir que el rezago educativo histórico de Michoacán ha ido creciendo e incluso acumulándose, dejando a la entidad en los últimos lugares nacionales en cuanto aprovechamiento escolar y analfabetismo, pero eso sí, en los primeros en cuanto a deserción de las aulas, en lo que tuvo un fuerte empujón la pandemia. Es decir, hoy pesa como una loza que nuestros niños y jóvenes se encuentran inmóviles al fondo de las estadísticas nacionales.

En ese marco, y pese a la terrible crisis económica por la que atraviesa el estado, no es difícil encontrar en la SEE, cual mercado de trabajo, la venta de plazas para los que saben buscar; dependiendo del cliente, las mismas se venden entre 70 mil y 200 mil pesos y con la bendición de los grupos magisteriales, se otorgan en los principales centros urbanos. Esto no es nuevo, y se da precisamente porque, aunque se hagan denuncias públicas, no hay quien quiera atenderlas, porque inmediatamente los poseedores se transforman en “perseguidos políticos”.

Exámenes fallidos

No se puede mejorar aquello que no se mide; es por ello que resulta particularmente preocupante que el sindicato magisterial boicotee las pruebas de logro educativo cada vez que puede. El argumento bajo el que se escudan frecuentemente los líderes sindicales para bloquear las pruebas, es “no puede evaluarse de la misma forma a alumnos de Nuevo León o Jalisco que a los de Michoacán o Guerrero.” Siguiendo su lógica, un niño michoacano no tiene por qué aprender a resolver problemas matemáticos que un niño jalisciense sí.

Esta filosofía es perfectamente derrotista: como somos más pobres que otros estados, entonces tenemos que exigirnos menos. Pero en la realidad ocurre justo lo contrario: es precisamente porque nos exigimos menos que somos más pobres. Las causas de nuestro atraso están precisamente allí, en que nuestros niños no aprenden lo que los niños de otros estados o países sí.

Si México ocupa el último lugar de la OCDE y Michoacán el último lugar de México, un niño michoacano tiene muy pocas posibilidades de competir en un mundo globalizado. No es de sorprender que no fluyan inversiones importantes al estado. Éstas se van a los estados que valoran la educación y el conocimiento y que cuentan con mano de obra calificada, con personas preparadas para la vida y el trabajo.

Tampoco es de sorprender que lo que más exporta Michoacán sea gente (las remesas lo comprueban). Esto seguirá sucediendo mientras el estado no sea capaz de educar a la población y de preparar a los niños y jóvenes para que puedan competir en un contexto internacional.

Esperanza de una reforma estructural

¿Qué se necesita para que un sistema educativo tenga éxito y forme estudiantes de alto desempeño? En un estudio reciente que compara 25 países, patrocinado por la empresa consultora Mc-Kinsey and Company, Michael Barber, ex ministro de Educación de Inglaterra, encontró que el elemento que mayor impacto tiene en el éxito educativo es la selección y formación de maestros.

La calidad del sistema, concluye, no puede exceder la calidad de los maestros. Los sistemas educativos más exitosos del mundo como Finlandia y Corea, tienen procesos de selección para maestros sumamente rigurosos. En Michoacán, en contraste, las plazas para maestros no se asignaban hasta 2018 por méritos con base en los resultados de algún examen o concurso de oposición, algo que continúa obstaculizándose.

En la entidad aún no termina aquel viejo proceso de antaño, mediante el que las plazas se venden o se heredan entre miembros del sindicato magisterial. Ante un panorama tan desolador, ¿no hay esperanza de que el sistema educativo pueda cambiar?, porque los alumnos están siendo educados por maestros que no tienen las competencias básicas para enseñar.

El porcentaje de las plazas concursadas recientemente a nivel nacional todavía es muy reducido y los resultados del concurso son muy pobres, pero el paso dado es trascendental, porque por primera vez se utiliza un criterio meritocrático para la asignación de plazas, y porque permite identificar en dónde inician las deficiencias del sistema educativo.

No hay nada más perverso que un maestro que, sin el perfil necesario, y sin las aptitudes ni habilidades para enseñar, ingresa a dar clases a una escuela pública a través de la compra o herencia de una plaza o a las presiones que cotidianamente se ven en calles y edificios bloqueados por quienes creen que tienen este merecimiento. Ese maestro va a perjudicar a generaciones de estudiantes. Según la OCDE, cada vez que un sistema educativo se equivoca en la selección y contratación de un maestro, está adquiriendo 40 años de mala enseñanza.

El momento exige tomar posturas

No hay tiempo ya para ambigüedades. La venta y herencia de plazas o la asignación automática por el simple hecho de estudiar en una escuela Normal, no sólo es vergonzosa, es profundamente inmoral, porque priva a cientos de miles de niños michoacanos de alcanzar su verdadero potencial. Estas acciones van en contra del derecho fundamental de los educandos de cada estado, que es el de tener calidad educativa.

No se compara un empleo mal habido contra un derecho fundamental, el de los niños, a recibir la instrucción que merecen para que puedan ser todo lo que su capacidad les permita ser.

Pero sería injusto decir que el problema de la baja calidad de la educación en México es problema sólo del gobierno, lo es de todos y sólo en la medida en que todos los actores fundamentales participen (gobierno, maestros, padres de familia, empresarios y sociedad civil), se podrá alcanzar la calidad de educación que merecen los niños y que los nuevos tiempos exigen.

Mientras tanto, la deserción de los alumnos sigue creciendo; es fácil asumir que esto se debe a los conflictos gremiales que por casi dos décadas se han sufrido, porque ha pesado más sobre el ánimo de los profesores el deseo de mejorar laboralmente o de obtener mayores ingresos, que dar a los niños lo que su encomienda les marca: educación.

La bola de nieve sigue rodando; autoridades y sindicatos se culpan mutuamente; algunos secretarios de educación se han ido por la visión simplista de que esto es un problema educativo que no va a ser resuelto durante una sola administración y que para ello se requiere de la participación de todos; una verdadera utopía.

El magisterio disidente, que hoy ya es el oficial, en múltiples escenarios ha aceptado el grave rezago educativo; sin embargo, se lavan las manos y subrayan que este problema se va a solucionar cuando ya no exista el desinterés del gobierno federal que tiene abandonada la política educativa en Michoacán. Pero esto lo han dicho administración tras administración, sin importar el color que tenga.

Por su parte, el magisterio legalmente reconocido y hoy en la marginación, asegura que el rezago se acabará cuando se cumpla con el calendario escolar; otra falacia, porque ellos son actores sobresalientes cuando de “matar clases” se trata y ubican en primer término el conflicto y las demandas que la atención de las aulas.

En una estimación optimista, la secretaría de Educación en el estado admite que se pierden al menos 30 días de clases derivados de inconformidades de algún grupo magisterial. No son raras las demandas de apoyo a programas sociales, incremento salarial del 100 por ciento, pago de retroactivos, cumplimiento de minutas (que en muchas ocasiones ya ni se sabe en qué consisten), etc., etc., etc., y esto es discurso cotidiano de cada inicio de ciclo escolar.

Y los problemas continúan

 Ya hablamos del problema educativo de manera cuantitativa, pero también hay serios problemas en materia cualitativa, porque ante la inversión que representa y los bajos resultados, resulta que la educación resulta muy cara por la inversión que hay que realizar en ella. Esto se ve más claramente en comunidades con menos de 100 habitantes, donde también necesitan de inversión para infraestructura y contratar a personal docente que en menos de un año va a desertar. Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación Michoacana (STEM), los profesores en áreas rurales permanecen un máximo de 6 años en los lugares que les fueron asignados y luego, mediante palancas, se trasladan a los centros urbanos.

Conforme a las cifras que maneja este gremio, faltan más de mil 500 aulas y en el nivel medio básico, faltan más de 400 talleres, 50 laboratorios y 12 mil anexos. Tales carencias se denuncian anualmente ante la Cámara de Diputados a través de la denominada programación detallada, para solicitar recursos. Sin embargo, del total requerido, la federación sólo aporta el 10 por ciento e incluso menos.

Para atender las necesidades de educación básica, se necesita una inversión superior a 2 mil millones de pesos. En mobiliario escolar faltarían más de 156 millones de pesos y para equipamiento se estima una cifra mayor a los 16 millones de pesos. Por ello, la promesa de que ya no existirán las “escuelas de palitos” (al menos 450 tan sólo en el municipio de Morelia), es en verdad risible.

Vayamos ahora a la cobertura, las estadísticas oficiales precisan que se atiende al 63.31 por ciento de niños en edad escolar. Los municipios con mayor grado de marginación en nivel preescolar son Chinicuila, Nocupétaro, Madero, Susupuato, Coalcomán, Tumbiscatío, Tzitzio, Aguililla, Tiquicheo y Chucándiro (coincidentemente, donde la Sedesol reporta los mayores grados de pobreza y marginación.

Como justificación, y atendiendo el carácter obligatorio de la educación, al inicio del ciclo escolar la SEE siempre presume que en primaria el porcentaje de atención se aproxima al 95 por ciento, pero lo que pocas veces dice es que es en este nivel donde se registra un déficit de personal de apoyo y asistencia a la educación (psicólogos, pedagogos, educadores especiales, etc.) no menor de 5 mil plazas. El 78.72 por ciento en falta de cobertura corresponde al nivel medio básico, lo que indica que por lo menos 63 mil 096 jóvenes en edad de estudiar no cuentan con ella.

Y la resistencia continúa. Así como el magisterio (principalmente el llamado democrático) de la entidad se resiste a que se apliquen evaluaciones de conocimientos a sus profesores, de la misma forma se ha quedado al margen de acciones educativas que podrían ayudarle a emerger, como serían las frecuentes reformas educativas. Esta medida ha sido calificada como “caprichos del magisterio”.

Poco o nada resulta

 Se han propuesto diferentes acciones para tratar de salir del abismo, como vincular académicamente los diferentes niveles educativos, de tal manera que esto garantizaría la permanencia de estudiantes en el aula, lo que de acuerdo con las cifras no se ha conseguido; se tomaron, de la misma manera, medidas para una entrega más eficiente de los documentos al término de cada ciclo escolar, lo que de igual forma se ve obstaculizado porque curiosamente en esas fechas es que se dan las tomas de las instalaciones de la SEE.

Se dijo que se daría continuidad al desarrollo de los Sistemas Nacionales de Información e Indicadores Educativos, para agilizar su adecuación al contexto del estado de Michoacán. Su objetivo es que la entidad deje de ser el “foco rojo” en el país sobre los índices de calidad educativa, lo que las autoridades correspondientes justifican aludiendo a que Michoacán es uno de los estados que presentan mayor rezago social pues la mayoría de su población subsiste en condiciones de pobreza.

Otro plan era fortalecer el trabajo de las subcomisiones de la comisión de Educación del congreso del estado, poniendo énfasis en los programas prioritarios como infraestructura educativa (ya se cambió a la legislatura que lo propuso y esto quedó en el papel).

Y qué decir de las medidas laborales; no se han podido establecer acciones de reordenamiento laboral y de promoción de una cultura del trabajo, orientada a desaparecer la práctica de “cobrar sin trabajar” tanto en oficinas centrales como en planteles educativos, la muestra del fracaso es que un grupo insatisfecho toma hoy las instalaciones educativas y al día siguiente llega un grupo totalmente distinto a hacer lo propio.

Hoy llega una nueva secretaria de Educación en el estado, en la persona de Gabriela Molina Aguilar, gente de la confianza del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pero sin mucho conocimiento en el área, quien sucedió en el puesto a Yarabí Ávila González, flamante rectora de la Universidad Michoacana, pero desafortunadamente no se vislumbran avances para sacar a la entidad del agujero educativo en que hoy vive.

Después de hacer la enumeración de la tan extensa lista de problemas educativos de Michoacán, tal parecería que éstos no tienen solución; y esto seguirá siendo así en tanto las enmiendas implementadas continúen sesgadas. El problema de fondo prosigue sin ser tocado, y es que no se debe dar satisfacción a quienes esgrimen una situación laboral sin antes revisar y actualizar los contenidos de los planes y programas de estudio que den respuesta a los tiempos actuales.

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