Concentrar todo el poder no es democracia

Por: Mario Luis Fuentes/México Social

La división de Poderes es una de las condiciones más elementales de la democracia moderna. En las grandes obras de Montesquieu, Locke, Sieyes y Secondant; pero igualmente en las obras de los ilustrados norteamericanos: Paine, Jefferson y Franklin, se establecieron las bases del planteamiento de un poder dividido, para evitar la concentración excesiva del poder, pero también, para garantizar que el poder central de una República pudiera avasallar a los poderes locales de los Estados que la componen.

La democracia en ese sentido, ha establecido tradicionalmente mecanismos para la conservación y fortalecimiento del poder central del Estado nacional, pero igualmente, equilibrios y contrapesos para lograr que todas las estructuras orgánicas del poder estatal tengan voz, representación y posibilidad de incidir en las decisiones públicas, con el propósito de garantizar la solidaridad y el desarrollo integral de los países.

La tradición democrático-republicana en México ha apostado por esos senderos. Nuestro Constituyente de 1917 determinó efectivamente que el nuestro debía ser una República democrática. En efecto, con las reformas que se le han hecho a lo largo del tiempo, el artículo 40 de nuestra Carta Magna dice claramente: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Tener esto siempre en consideración es relevante; porque si algo está en juego en la próxima elección del 2 de junio es precisamente la garantía de respeto al orden constitucional, y a la división de Poderes que debe prevalecer, de la mano con los espíritus federalista y municipalista contenidos en nuestra Ley Suprema.

De manera afortunada, ninguna de las candidatas punteras ha planteado hasta el momento la idea de una reforma constitucional que buscara reformar al artículo señalado. Sin embargo, en los hechos, de manera histórica, los titulares del Ejecutivo se las han arreglado para controlar, o pretender controlar e incidir no sólo en la integración de los otros Poderes de la Unión, sino que incluso han intentado, con mayor o menor éxito, someterlos a sus lógicas y decisiones.

El ejemplo más cercano y poderoso lo tenemos en la figura del presidente López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha definido tanto al Legislativo como al Judicial, en la dicotomía de ser, en lo que en su visión es una “facción”, como instancias que “buscan frenar a su proyecto de transformación”; y en sentido opuesto, habla de “un bloque progresista, comprometido con el cambio y la renovación moral de México”.

Sin duda alguna, tanto el Legislativo como el Judicial y en la misma tesitura, los gobiernos estatales y municipales, deben estar al servicio del pueblo de México; pero en todo caso, el pueblo debe ser entendido como la totalidad de la ciudadanía y no sólo como el conjunto de personas que simpatizan con el Ejecutivo Federal.

En ese sentido, la elección habrá definir, en sólo seis semanas, el modelo de gobierno que podrá o no implementar quien gane la Presidencia; pues si de la elección resulta, por ejemplo, un Congreso dividido, se tendrá una mayor posibilidad de abrir nuevos canales de diálogo, de interlocución y de debate abierto y respetuoso sobre las cuestiones centrales del desarrollo democrático y social del país.

La división de Poderes, en ese sentido, implica no sólo una estructura orgánica sólida del Estado, sino al mismo tiempo, la posibilidad de que la ciudadanía esté adecuadamente representada; pues el pluralismo democrático es otro de los presupuestos fundamentales de nuestro orden constitucional y legal.

Pretender concentrar todo el poder, constituye de suyo una actitud anti republicana y antidemocrática. Porque ni aún en las monarquías contemporáneas se busca que haya un soberano con poderes supremos y control absoluto de toda la cosa pública. Cuando eso ocurre o se está ante una tiranía o ante una forma de absolutismo posmoderno. Y ninguna de esas figuras son deseables para nuestro país.