Contratos de Salud ineficaces e ilegales: las compras públicas del primer semestre de 2023

Por: Renata Gómez Lameiras y Lorenzo León Robles/MCCI

Durante el primer semestre de 2023, el Gobierno Federal ha entregado 61,714 contratos por un monto total de más de 355 mil millones de pesos. Nuestra revisión apunta a que las compras en esta administración mantienen serios problemas de transparencia e irregularidades.

Los principales hallazgos sobre las contrataciones públicas en estos meses son los siguientes:

-Desde la caída de Compranet en 2022, las fallas persisten. Siguen las irregularidades en la información, documentación incompleta, millones de pesos mal clasificados y vacíos de información.

-La tendencia de 7 de cada 10 contratos entregados por adjudicación directa se mantiene.

-Hay 145 empresas que nunca han ganado una licitación y todos sus contratos son por adjudicación directa.

-En 362 contratos no se conoce ni un solo documento del proceso de compra, lo que suma más de 2 mil millones de pesos sin documentos disponibles.

-La empresa World Diagnostic S.A. de C.V., contratada por el IMSS, recibió más de 100 millones de pesos en contratos el mismo año que fue creada. Esto puede implicar riesgos por ineficacia en la entrega de bienes por falta de experiencia o capacidad de la empresa para proveer servicios públicos.

-La empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V. fue inhabilitada por incumplir en un contrato de servicio de ambulancias. Sin embargo, ha recibido más de 100 millones de pesos en contratos, posterior a su inhabilitación.

-La empresa Logística Médica de Occidente S.A. de C.V. fue inhabilitada por dar información falsa en una contratación. A pesar de ello, recibió 3 contratos en los primeros 6 meses de 2023 para proveer medicamentos para atender la enfermedad de Parkinson.

Panorama general

En el primer semestre de 2023, se realizaron 61,714 contratos por un monto total de 355,349 millones de pesos. En este periodo, se gastaron prácticamente 2 mil millones de pesos diarios —1,985 millones de pesos en promedio—, lo que equivale a 82 millones cada hora o 1.3 millones de pesos cada minuto en contrataciones públicas.

Encontramos múltiples irregularidades en las contrataciones. Se mantienen aquellas que encontramos en el análisis del trimestre anterior. Los obstáculos a la transparencia son ya una constante. Hay 362 contratos de los que no se conoce ni un solo documento del proceso de compra; suman más de 2 mil millones de pesos de los que no tenemos nada de información. Esta opacidad abre la puerta al uso discrecional de nuestro dinero y deja fuera del alcance de la ciudadanía poder detectar posibles irregularidades en estas compras públicas.

Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hicimos una reclasificación de la información, ya que después de su caída en 2022, la plataforma CompraNet ha seguido presentando problemas. Uno de estos es la clasificación equivocada de los tipos de procedimientos de contratación; además, ahora ya no es registrada información que estaba antes disponible en las bases de datos. A eso se suma la tendencia a contratar por adjudicación directa, incluso a empresas creadas hace poco y que nunca han participado en un proceso competido, como una licitación.

Por otro lado, la proporción de contratos por adjudicación mantiene la tendencia de los últimos 11 años, con 7 de cada 10 contratos del Gobierno Federal se hacen sin competencia. En la siguiente gráfica, la parte roja de las columnas representa el porcentaje del total de contratos por adjudicación directa. La parte verde refleja los que se realizaron por licitación pública, que son solo 1 de cada 10 a pesar de que, según la ley, debería ser la regla principal para contratar.

Al analizar los montos de los contratos sabemos que, del total gastado entre enero y junio de 2023, 55 de cada 100 pesos fueron por licitación pública, representada por la línea verde en la siguiente gráfica. Por su parte, 39 de 100 se gastaron a través de procedimientos de excepción y 6 pesos se gastaron por otro tipo de procedimiento. Por monto, las licitaciones se acercan más a lo que establece la ley, que señala que por regla general se deben de realizar concursos abiertos.

Si bien que una mayor proporción del gasto en contratos sea por licitación, a diferencia de lo que pasó en 2020, muestra una perspectiva alentadora en términos de lo que establece la ley, son los casos específicos los que alertan de la gravedad del uso ineficiente de nuestro dinero. Las adjudicaciones directas son uno de los principales focos rojos en los contratos públicos. Es posible identificar patrones de irregularidades a partir de casos específicos para entender cómo pueden afectarnos en la sociedad estas malas decisiones.

La primera alerta proviene de las instituciones que más dinero gastan en procedimientos que por ley deben ser excepcionales. En la siguiente tabla se encuentran las 10 instituciones con mayor monto en procedimientos de excepción. Las 3 instituciones con más procedimientos de este tipo pertenecen al sector salud. Tan solo el IMSS gastó 45% de su presupuesto en compras mayoritariamente sin competencia, lo que equivale a más de 70 mil millones de pesos.

Otra alerta proviene de los contratos de empresas que nunca han ganado un solo concurso, ya sea por licitación pública o invitación restringida. Por ejemplo, es sospechoso que el primer contrato de una empresa de reciente creación haya sido por adjudicación directa, en tanto que pueden suscitarse riesgos de colusión. Asimismo, otros riesgos latentes con las empresas sin competencia pueden ser la falta de provisión de los bienes y servicios contratados. Al ser empresas que nunca han proporcionado bienes o servicios al gobierno es imposible verificar que las empresas tienen efectivamente las capacidades para llevar a cabo su labor.

Buscamos empresas que hayan recibido todos sus contratos por adjudicación directa y por montos superiores a 10 millones de pesos. En este 2023 identificamos 145 empresas que se encuentran en esta situación. Cuatro de las cinco empresas que más dinero han recibido sólo a través de adjudicación directa se crearon durante este sexenio. La empresa que encabeza la lista empezó actividades en 2021. A la fecha ha recibido más de 133 millones de pesos en contratos y todos por adjudicación directa.

Entre las empresas que han recibido más contratos por adjudicación, encontramos una alerta de riesgo a nuestro dinero. Se trata de la empresa World diagnostic S.A. de C.V. Esta no solo ha tenido todos sus contratos por adjudicación directa, sino que se creó el 2 de febrero de este año. Menos de 2 meses después de su registro, tuvo su primer contrato por adjudicación directa. En apenas cuatro meses ha recibido más de 120 millones de pesos en 31 contratos, todos por adjudicación directa con el IMSS. El motivo para realizar estos contratos sin licitación fue que el artículo correspondía a emergencias o casos de fuerza mayor.

Este caso representa un riesgo en la entrega de bienes acordados, ya que, al ser empresas que nunca han participado en concursos, poco sabemos de sus capacidades para proveer servicios públicos. Hay 145 empresas que se encuentran en esta situación por lo que es responsabilidad del gobierno aclarar por qué han contratado a estas empresas sin experiencia en ofrecer bienes y servicios a la ciudadanía.

Sector salud al margen de la ley

El uso de nuestro dinero también se ve comprometido cuando las instituciones violan la ley y, una vez más, el sector salud encabeza este problema. La Secretaría de la Función Pública, encargada de sancionar a proveedores que incumplen sus contratos, hace pública una lista de empresas inhabilitadas o sancionadas. En el primer semestre de este año encontramos contratos con distintas instituciones del sector salud por adjudicación directa a proveedores inhabilitados.

La empresa Logística Médica de Occidente S.A. de C.V. fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en diciembre de 2022 por dar información falsa. Sin embargo, el IMSS volvió a otorgarle tres contratos por adjudicación directa para proveer medicamentos para la trata de la enfermedad de Parkinson, a pesar de su inhabilitación.

Otro caso semejante ocurre para las ambulancias del ISSSTE. El Órgano Interno de Control del ISSSTE sancionó con inhabilitación hasta 2026 a la empresa Casanova Vallejo S.A de C.V. por incumplir un contrato de servicio de ambulancias. A pesar de ello, esta empresa ha recibido en el primer semestre del año 46 contratos con la Administración Pública Federal por un total de 107.9 millones de pesos. De estos contratos, 11 fueron con el sector salud. Se realizaron con el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. La suma de los contratos es de más de 30 millones de pesos en su mayoría por adjudicación directa.

Los incumplimientos y faltas reportadas, documentadas e incluso sancionadas en contrataciones públicas no sólo comprometen el dinero de la ciudadanía. En muchos casos, implican riesgos directos a la vida y salud de las personas. La autoridad debe reconocer que un uso irregular de los recursos no es solamente un error. Es una negligencia por parte de la autoridad que puede causar la muerte de una persona. En días recientes se hizo público el caso del IMSS en Playa del Carmen, donde el incumplimiento de una empresa proveedora provocó la muerte de una niña.

Conclusiones

Las compras públicas representan una de las principales herramientas que tiene el gobierno para brindar bienes y servicios a la ciudadanía. A través de estas compras, el gobierno debería buscar garantizar el derecho de todas las personas a un sistema de salud eficiente, accesible y de calidad. La obligación de la Administración Pública Federal de seguir la ley, cuidar nuestro dinero y no comprometer con riesgos a la ciudadanía no es un tema trivial. Puede ser cuestión de vida o muerte.

Los ejemplos en esta investigación, enfocados en la ilegalidad e ineficacia del sector salud mexicano, exhiben la necesidad de contar con mecanismos claros de seguimiento del gasto en compras públicas al interior de las instituciones públicas. El monitoreo debería realizarse en todas las etapas de la contratación pública. También es fundamental tener información suficiente para comparar las expectativas de la planeación original y el resultado final de esas compras. (Fuente: https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/asi-contrata-el-gobierno/contratos-de-salud-ineficaces-e-ilegales-las-compras-publicas-del-primer-semestre-de-2023/)