Educación sin continuidad
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Para que un país avance, primero debe afianzar aquellas políticas de Estado que son fundamentales: entre otras, salud, alimentación, infraestructura y sobre todo educación. En este último punto, la inestabilidad en México y Michoacán no es nueva; desde 1917, cuando se establecen las primeras directrices al respecto luego del movimiento armado que conocemos como revolución, no se ha registrado un momento de tranquilidad, mucho menos se han establecido líneas educativas con alguna permanencia, lo que se hace más evidente durante las últimas tres décadas.
Hoy, en la antesala del inicio del nuevo ciclo escolar, enfrentando retos tales como la implementación de un nuevo modelo educativo, la deserción derivada de la pandemia, el rezago provocado por la educación digital mal impartida durante más de 2 años y conflictos políticos, sociales y económicos que afectan a todo el país, se llevó a cabo un nuevo relevo en la titularidad de la secretaría de Educación Pública (el tercero en este sexenio), por motivos más políticos que académicos.
No cabe duda que, haciendo una revisión de la historia política del país, difícilmente se podrá encontrar a una secretaria o secretario de Educación Pública federal con menor experiencia o currículum para ostentar el cargo que su nueva titular, Leticia Ramírez Amaya, quien llega al puesto porque se desempeñó en algún momento como maestra, aunque desde hace más de 20 años no ha pisado una escuela con la categoría de docente. Su experiencia es más bien sindical, pues fue secretaria de Organización en la sección 9 por el SNTE y la CNTE.
“Lety”, como le dicen el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos, parece ser una funcionaria honesta, querida por sus colaboradores y con muy buenas intenciones. Sin embargo, la falta de preparación, de experiencia y de capacidades demostradas en su carrera es también corrupción, sobre todo cuando se le pone al frente de lo que es la pieza clave del desarrollo social y económico de un país: la educación.
En el currículum de la nueva titular de la SEP destacan más sus acciones a favor de Andrés Manuel López Obrador que su aportación para mejorar la educación del país. Ella es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, aunque desde 2000 se ha encargado de atender las demandas ciudadanas al lado de AMLO, a quien conoció en las filas del PRD cuando ella operaba para las redes de René Bejarano.
Durante toda la jefatura de Gobierno de AMLO, Ramírez Amaya se desempeñó como coordinadora General de Atención Ciudadana, encargo que repitió en la administración de Marcelo Ebrard y que ya no soltaría dentro de ese grupo político hasta llegar al gobierno federal, donde hizo exactamente lo mismo durante los primeros cuatro años.
En el periodo comprendido de 2012 al 2018, la ahora encargada de la educación en el país fungió como asesora de la secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, de Tanya Müller García, y en la última campaña presidencial de López Obrador fue designada como delegada para la promoción de la llamada 4T en Tlaxcala.
No pasa desapercibido que la elección del presidente es, además de ideológica y basada en la máxima de que los integrantes de su gobierno deben tener 10 por ciento de experiencia y 90 por ciento de honestidad, muy política. La nueva titular de la SEP cuidará que el presupuesto de 2023 se eleve y distribuya bien en los programas prioritarios: los que tienen rentabilidad electoral.
Manejo ideológico
Y será una operadora política la que conduzca la política educativa del país, frente a retos que hasta los más experimentados tendrían miedo; pero si se ve el trasfondo del tema, y sobre todo los contenidos del nuevo modelo educativo que operará como programa piloto iniciando el ciclo escolar en 30 escuelas de cada entidad, es la persona idónea para asumir el cargo.
Según ha trascendido, algunos de los contenidos abordarán temas como el colonialismo, la globalización, el nacionalismo y muchos más que abonarán no a desarrollar la capacidad intelectual y social de los educandos, sino al lavado de cerebro que formará los nuevos cuadros que permitirán en pocos años implementar el esquema político con que sueña la 4T.
La política educativa mexicana, pese a ser innovadora en relación a sus pares, se ha visto trastocada a lo largo de su historia por luchas internas que han impedido aterrizar propuestas que en su momento tuvieron una gran visión; tal es el caso de la constitución estatal de 1858, que en sus artículos 121 y 122 establecía que “el Estado proporcionará a sus habitantes enseñanza gratuita para formar de ellos ciudadanos útiles”; o bien que “la instrucción pública será uno de los objetos a los que el Ejecutivo prestará una protección particular, y la que de toda preferencia impulsarán las leyes”.
Fue de vanguardia de igual manera que un par de años después, bajo la administración de Justo Mendoza, se otorgara un presupuesto sin precedentes para la creación de escuelas primarias para niños y niñas. De haber continuado con esas tendencias, la educación hubiera sido de primer mundo, pero se atravesó la dictadura que nuevamente hundió al país en el analfabetismo y el retroceso.
La reconstrucción educativa fue difícil en la nación luego de la revolución; pasó por infinidad de reformas y por la implementación una y otra vez de leyes de Educación que buscaban justificar nuevos contenidos y directrices, pero sobre todo que pretendían el respaldo del naciente Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La situación de rezago educativo en México se hizo manifiesta desde 1988 (y luego se recrudeció durante los dos últimos años por la pandemia), cuando el gremio se fragmenta e inicia una lucha intestina entre los llamados sindicatos democrático e institucional; es entonces que el aspecto educativo pasó a un segundo plano y todo lo relativo a él se transforma en un asunto político.
Educación sin cabeza
Al evaluar las condiciones actuales del sistema educativo nacional, donde en este sexenio ya van tres relevos en la SEP, algo que denota una educación sin cabeza, Michoacán tal parece que es un referente y poco puede hacerse para subsanarlo.
En México, desde el porfiriato, han fungido en el puesto 56 secretarios de educación; en algunos periodos, como el de Victoriano Huerta (1913-1914) hubo 5 responsables de la política educativa, lo que fue un reflejo de la situación por la que atravesaba el país; algo similar ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, durante el cual México tuvo 4, pero habría que recordar que en esa etapa se coqueteaba con la idea de una posible reelección e incluso se lanzó una reforma educativa que incluía los contenidos de los libros de texto para primaria.
Por lo demás, México ha tenido a lo largo del último siglo 25 mandatarios y la gran mayoría de ellos tuvo únicamente un responsable de su política educativa, en algunos fueron 2 y muy pocos llegaron a 3. En la actual administración federal ya van 3 secretarios de Educación y la gestión termina en 2 años.
Cabe hacer mención que desde 2018 a la fecha los titulares de la SEP han sido más políticos que educadores: Esteban Moctezuma, desde sus inicios en la política en 1973, fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su militancia llegó a ocupar diversos cargos, como secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social durante breves periodos de la administración de Ernesto Zedillo, senador y, por último, secretario general del partido hasta que en 2002, derivado a la pérdida a la presidencia en 2000, renunció a la política y se retiró del partido durante varios años.
Tras aquellos eventos se unió a Grupo Salinas donde se destacó como presidente ejecutivo de la Fundación Azteca y en 2018 regresó a la política, renunciando a la fundación para unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
López Obrador lo nombró secretario de Educación al inicio de su mandato, cargo que ocupó desde fines de 2018 hasta inicios de 2021. El 16 de diciembre de 2020 se anunció su propuesta como embajador de México ante Estados Unidos, lo que fue ratificado por el Senado el 16 de febrero de 2021, cargo en el que se viene desempeñando hasta la fecha.
Su relevo en el cargo fue Delfina Gómez Álvarez, quien aunque tenía más antecedentes en el sector educativo, no se puede negar que su principal línea fue la política, gran parte de ella con Morena, destacando su papel como presidente municipal de Texcoco, diputada federal y candidata a gobernadora del estado de México por su partido en las elecciones estatales de 2017 (elección que perdió); fue delegada federal de los programas de bienestar en la misma entidad y finalmente secretaria de Educación Pública desde el 16 de febrero de 2021 hasta el 16 de agosto de 2022, renunciando al cargo para, otra vez, contender por la gubernatura del estado de México.
El historial incómodo en su currículum lo da el hecho señalado por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que indica que durante la gestión de Delfina Gómez se dio “la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio”. Como consecuencia, el partido Morena fue multado por 4 millones 529 mil 224 pesos.
En Michoacán, por el estilo
La entidad, como referente, es un ejemplo de discontinuidad, pues de 1988 a la fecha ha tenido 30 secretarios de Educación, que en lugar de proponer estrategias claras para avanzar, se concretaron en hacer las mismas promesas una y otra vez que sólo quedaron en el discurso: al inicio de los ciclos escolar todos establecieron el compromiso de cumplir con el calendario escolar; acordaron reforzar la vinculación académica entre los niveles educativos para garantizar la permanencia de estudiantes en el aula; sancionarían a los trabajadores de la educación que no cumplieran con su labor y diseñarían las estrategias necesarias para evitar retrasos en la entrega de boletas y certificados, una demanda permanente en diversos planteles, pero todo fue infructuoso, puesto que Michoacán cayó cada vez más en el abismo.
Y como no va a ser así, si en la lista de responsables de la política educativa de Michoacán hubo quienes duraron únicamente 2 semanas en su puesto, abundando las administraciones gubernamentales que contaron hasta con 3 secretarios en 4 años.
Es imposible que pueda existir continuidad educativa cuando se registra el caso de sexenios como el del Víctor Manuel Tinoco Rubí, durante el cual hubo 6 secretarios de educación; o como el de Leonel Godoy, que nombró a Aída Sagrero Hernández primero para cumplir con la encomienda de designar a una mujer en un puesto importante, y luego para justificar ante el magisterio democrático que se les tomó en cuenta, a pesar de que el único mérito de la funcionaria fue haber tomado parte en la toma violenta en una televisora local y ser una cara sobresaliente durante marchas y plantones de la CNTE.
El entreguismo a los intereses sindicales no pudo ser más evidente que el registrado durante la gestión de Jesús Sierra Arias. Los números hablan por sí solos y fueron puestos en evidencia por la Auditoría Superior de Michoacán, con un escandaloso déficit presupuestal no clarificado y el crecimiento a 9 mil en cuanto al número de “aviadores” en la nómina de la SEE.
En el pasado ciclo escolar las condiciones parecieron ser distintas, al implementarse la reforma educativa que desde la federación buscó meter orden en diversos aspectos, sobre todo en aquellos que afectan las estrategias de mejoras en los planes y contenidos académicos en plena pandemia.
Es difícil, sin embargo, que la SEP erradique el burocratismo y fortalezca el uso de nuevas tecnologías de la información en la administración educativa. También plantea un desafío el establecer acciones de reordenamiento laboral y de promoción de una cultura del trabajo, orientada a desaparecer la práctica de “cobrar sin trabajar” tanto en oficinas centrales como en planteles educativos. Ese reto queda planteado para modificar los índices de Michoacán en el terreno educativo.
En cuanto al problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el estado de Michoacán se fue alejando de las políticas educativas que marcaba la federación y ahora se dice estar con ellas, pero se vaticina que pasaremos un trago amargo y se pagará un costo al imponer la nueva reforma educativa y el nuevo modelo en Michoacán propuesto por la 4T.
En general, los secretarios de Educación que ha tenido la entidad han olvidado que no deben ser los sindicatos los que dicten las políticas públicas en la entidad, ya que los gremios tienen otra función y de acuerdo con lo que se percibe, estos continuarán bajando de volumen a la aplicación de la reforma educativa en el estado.
Tal parece que al gobierno del estado, sin importar quien lo encabece, le ha preocupado más silenciar la inconformidad y los conflictos por la vía de la confrontación, que la construcción de una política educativa, racional, pública y argumentada, que venga a transformar las estructuras, los contenidos, las prácticas y las mentalidades de los michoacanos.
La democracia no es la condición para trabajar en la unanimidad y la homogeneidad, sino en la multiplicidad de las voces de la razón y lo que va a distinguir a éstas es el grado de justificación argumentada, conforme a la razón crítica, el proyecto de sociedad, el conocimiento sobre la realidad y su vinculación con la práctica.
Todos los responsables de la política educativa en Michoacán, en tiempos y en circunstancias diferentes, han sido responsables del cumplimiento de las políticas y los programas educativos vigentes en su momento, así como de establecer y consolidar las bases de las que emana la educación de hoy; ya veremos si ahora sí aterrizan las directrices establecidas, con la muy cacareada federalización de la nómina educativa, sobre todo en este momento, donde también se rumora el primer relevo del sexenio estatal en la secretaría de Educación en la entidad.
