La constante expansión del crimen

Por: Mario Luis Fuentes/México Social

Lo que hace dos décadas era un proceso en formación, esta semana se confirmó de manera abierta y notoriamente pública: el crimen organizado controla cada vez más ramas de los negocios y tráficos ilícitos que se despliegan en el país y particularmente, uno de los más lucrativos en todo el mundo: la trata de seres humanos, y más específicamente, la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

En efecto, circuló en diferentes redes sociales, un video en el que presuntos integrantes de un cartel criminal, muestran a varias mujeres, de quienes dicen que se dedican a la prestación de servicios sexuales, y respecto de quienes se expresan de manera violenta, alertando además que, en Guanajuato, la trata de mujeres “tiene abiertamente dueños”, y que todas aquellas que se nieguen a trabajar para su grupo criminal, “pagarán las consecuencias”.

Hace apenas dos décadas, se asumía que la operación de los cárteles criminales se realizaba en total clandestinidad y en zonas urbano-marginadas o en alejadas localidades rurales. Sin embargo, por lo que se dice en ese video, los delincuentes se encontraban en la Ciudad de León, la cabecera del municipio más poblado y económicamente más potente en el centro geográfico del país. Es decir, literalmente, en el corazón económico de México, pues por León pasan varios de los troncales carreteros más relevantes de la República Mexicana.

Los testimonios locales refieren que las mujeres que fueron expuestas en el video -y que serían al menos víctimas de desaparición forzada de personas o secuestro, trata de personas, lesiones y violencia de género-, fueron “levantadas” en varios municipios del estado: Moroléon, Celaya, Salamanca, Irapuato, Apaseo, León mismo.

Desde hace más de 15 años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha señalado a través de su informe global sobre trata de personas, que México es un país donde no se llevan a cabo las acciones suficientes para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en el país; y más allá del debate en torno a la legitimidad de aquel país para “certificar o no” a otros países, lo cierto es que los análisis que realiza son consistentes y muestran una enorme fragilidad de nuestro país en el combate a este crimen.

De igual manera, tanto la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como ONU Mujeres y otros organismos internacionales, consideran que probablemente la trata de seres humanos sea el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo y sus ganancias se estiman en decenas de miles de millones de dólares cada año.

En ese marco, el tráfico de niñas y niños, así como su uso en actividades de pornografía infantil y de múltiples formas de explotación sexual comercial y laboral, continúa expandiéndose ante el relativo anonimato que dan las redes sociales, tanto las visibles y comerciales, como las redes que operan en la clandestinidad tanto en la red visible como en la llamada Deep web. De manera lamentable, desde hace mucho México es considerado como uno de los “paraísos” de la explotación sexual infantil en el mundo, ante no sólo la inacción, sino ante la indiferencia de las autoridades responsables.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2022, hubo 934 víctimas de trata de personas en el país y entre enero y mayo de 2023, el conteo preliminar es de 369 personas que han sido víctimas de ese delito. Sin embargo, como es notorio que, ante las cifras de organismos independientes, que hablan de al menos 20 mil niñas y niños víctimas de este crimen cada año, así como más de 100 mil mujeres en la misma condición, sin dejar de ser importante el rescate en la cantidad oficialmente señalada, es evidente que el esfuerzo es a todas luces insuficiente.

Como en otras agendas, la presente administración decidió que el tema no formaría parte ni de sus acciones prioritarias, ni tampoco de programas institucionales relevantes de prevención, persecución del delito y sanción de los delincuentes. Por el contrario, se trata de un gobierno que no ha hecho a la fecha ningún pronunciamiento relevante; que no ha generado ningún diagnóstico serio, ni tampoco ha impulsado acciones que puedan considerarse ejemplares en la materia.

Con todo ello, lo que se confirma es que el crimen organizado se expande cada vez más, no sólo en su presencia física en el territorio; sino también en cuanto a su capacidad logística y operativa pues es evidente que, mientras más avanza el tiempo, las organizaciones delincuenciales se convierten en estructuras cada vez más poderosas, pues sus fuentes de recursos y capacidad corruptora se expande sin límites.

Estamos sin duda ante un peligroso escenario en el que parece estar dándose una concentración de cada vez más negocios ilícitos controlados por cada vez menos liderazgos criminales. De tal forma que, lo que hace dos o tres décadas constituía un escenario fragmentado de “células especializadas” en ciertas ramas delictivas; ahora lo que pareciera es que hay grandes consorcios que controlan los delitos más lucrativos, de más alto impacto social y de mayor capacidad corrosiva de las estructuras institucionales del Estado.

Todos estos elementos deben llevar a cambiar de paradigma en el combate al crimen organizado; pues, aunque los delitos tienen su propia lógica en la comisión específica, así como su propio “modus operandi”, lo cierto es que pareciera cada vez más, estar avanzando hacia una “estandarización” donde hay unos cuantos “jugadores” que monopolizan cada vez más ramas de la criminalidad.

Urge que la autoridad se decida a confrontar a estos grupos, y como se ha señalado reiteradamente, no se trata de ensangrentar cada vez más las calles, sino de desarticular sus estructuras internas; socavar sus capacidades financieras y sobre todo, someterlos en su capacidad de continuar dañando a víctimas indefensas y provocando la ruptura de la cohesión y la convivencia pacífica y cordial entre todas y todos.