Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Michoacán, tierra fértil y con una población marginada, históricamente dejada fuera del juego de los grandes movimientos de capitales del centro del país, es una de las entidades más afectadas por los cárteles delictivos, dejando en vulnerabilidad a sus habitantes.
Frente a esto, ante la inacción e incapacidad del Estado por garantizar la seguridad, un grupo considerable de ciudadanos optó por el camino de la resistencia armada organizada el 24 de febrero de 2013, teniendo su origen en La Ruana, comunidad en el municipio de Buenavista de Tomatlán, donde un grupo de lugareños despojó a la policía municipal de armas y vehículos, convencidos de la colusión de la autoridad con grupos del narcotráfico.
En el pasado, grupos indígenas Nahuas y Purépechas en la entidad ya se habían embarcado en la búsqueda de proporcionarle seguridad a sus comunidades por acción propia, cómo en Cherán, dónde el hartazgo provocado por el narco y la deforestación hicieron que en el 2011 se valieran del derecho al autogobierno y desterraran al orden tradicional del estado.
Fue a partir del levantamiento en las comunidades de Tepalcatepec y La Ruana que fueron reconocidas y que se presentaran al mundo las denominadas Autodefensas, iniciando una guerra compleja, a la cual se podría realizar un acercamiento como el planteado por Marx a lo largo de su obra y reconocer al surgimiento de estas autodefensas, al menos en principio, como una legítima reivindicación ciudadana y un ejemplo más de la característica histórica más importante: la lucha de clases.
Personajes destacados
Hoy dos de los fundadores del movimiento, por distintas causas, fallecieron: el doctor Mireles e Hipólito Mora; pero no han sido los únicos que se enfundaron en el término de autodefensas; simultáneamente y en otras regiones aparecieron desde 2013 otros personajes, que en el trayecto de su lucha fueron etiquetados como delincuentes.
Aparece entre ellos Juan José Farías Álvarez, conocido como el “Abuelo”, quien en 2013 participó en los grupos civiles armados que se autoproclamaban como guardias comunitarios o autodefensas. En ese movimiento ganó mayor notoriedad y respaldo de la población, principalmente en el municipio de Tepalcatepec.
Al siguiente año (2014), se le vio en una reunión de autodefensas con el entonces comisionado Alfredo Castillo y su Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, impuesto por Enrique Peña Nieto como gobernador de facto en la entidad, con quien pactó estrategias de seguridad y acciones de coordinación con el fin de recuperar la seguridad de la zona de Tierra Caliente. Dicho evento, en su momento, acarreó múltiples polémicas, debido a que el “Abuelo” era señalado de ser operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
Según señala un reporte de inteligencia, Farías permitió que ese cártel se infiltrara en Los Reyes, incluso representó a los “jaliscos” y se convirtió en uno de los máximos operadores.
La ruptura entre el CJNG y el “Abuelo” sobrevino tras el intento de asesinato de un narco de bajo perfil con el que Farías estaba aliado: Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como el “Señor de Zicuirán”. Entonces, el “Abuelo” cerró Tepalcatepec y le clausuró a sus exsocios jaliscienses la entrada a Apatzingán, Buenavista, Peribán y Uruapan. Desde entonces, se ha visto envuelto en guerra sin fin, apareciendo hoy nuevamente con el resurgimiento de las autodefensas.
Para 2013 el “Abuelo” no era el único personaje polémico, porque las amenazas, ejecuciones, secuestros y extorsiones a los poblados se intensificaron, como ha quedado documentado en muchos medios de comunicación, así que surgieron muchos líderes más.
Las autodefensas en Michoacán nacieron hace más de dos décadas, aunque oficialmente se fije que fue hace 10 años, y durante el mismo año de su surgimiento aparecieron muchos otros grupos, incluidos algunos de mujeres. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deja en claro que en más de la mitad de los municipios michoacanos había presencia de autodefensas ante el vacío de poder.
Uno de los grupos de civiles armados más representativos e importantes fue el que encabezó José Manuel Mireles, recién fallecido (2020) a causa de coronavirus siendo subdelegado del ISSSTE en la presente administración federal. Mireles y otros pobladores se levantaron en armas en la zona de Tepalcatepec para hacerle frente a los Caballeros Templarios. A causa de sus actividades fue encarcelado en 2014, saliendo libre en 2017.
El Terrero, hoy en el ojo del huracán, no está lejos de la localidad de La Ruana, donde se formó el real movimiento de autodefensas en 2013 por el productor de limones Hipólito Mora, asesinado en una emboscada a plena luz del día hace una semana. Luego de perseguir con éxito al cártel de los Caballeros Templarios, Mora, al igual que la mayoría de los primeros líderes, se distanció de los grupos que se denominan autodefensas, y hasta fue candidato a gobernador.
En un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se puso sobre la mesa que en muchas de las regiones los gobiernos estatal y municipal dejaron a las poblaciones a merced de los grupos delictivos y se registraban situaciones tales como que alcaldes fueron impuestos por la delincuencia organizada. Los relatos de las víctimas dieron cuenta de secuestros, desapariciones, ejecuciones, y extorsiones, que se convirtieron en parte de su cotidianidad, lo cual les impidió vivir una vida digna, libre y en paz.
Por otra parte, su vida diaria se vio afectada por los abusos, al punto en que no podían disfrutar el producto de su trabajo; sufrieron afectaciones económicas porque la delincuencia organizada intervenía en cuestiones tan básicas como el precio de productos de alimentación. Además, según los testimonios, en algunas regiones actuaban como “jueces” de contiendas civiles o familiares, disponiendo de los bienes y vidas de propios y extraños, tal como lo denunció hasta el último de sus días Hipólito Mora.
Tras del surgimiento de los grupos de autodefensa en La Ruana y Tepalcatepec, el movimiento se diseminó en la región, hasta llegar a 33 localidades. Su avance se registró claramente y siempre yendo hacia la cabecera: Buenavista, Aquila, Los Reyes, Coalcomán, Aguililla, Chinicuila y Churumuco y fue a finales del 2013 que comenzaron a dispersarse a otras regiones.
El movimiento que originalmente se percibía como una autodefensa, asumió una actitud de ofensiva en contra de la delincuencia, bajo la justificación de proteger a las poblaciones de esos municipios y limpiar de los “Caballeros Templarios”, “Los Viagras” y otros grupos delictivos más la región.
“No somos delincuentes”
Tal como ocurrió en 2014 con el virrey Alfredo Castillo, en fechas recientes se acusó nuevamente a las autodefensas de ser criminales, algo que los involucrados rechazaron con contundencia, argumentando que estarían más que felices si la policía y el ejército llegara e hiciera el trabajo de protección de sus comunidades contra los cárteles delincuenciales.
El aspirante a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES) Hipólito Mora, como buen político, declaró hace 2 años que “casi te puedo asegurar que no son autodefensas legítimas” y acuso: “Es crimen organizado”, acusando que los pocos grupos de autodefensas que existen permitieron que los delincuentes se infiltrasen en sus filas.
La postura del gobierno del estado también ha sido contundente hasta ahora: “Son criminales, punto. Ahora, para tender una manta allí para proteger sus actividades delincuenciales se hacen llamar autodefensas, como si eso fuera un pasaporte de impunidad”.
Sin embargo, Mora Chávez admitió antes de ser victimado que continúan las mismas condiciones que dieron lugar al movimiento en 2013: las autoridades y la policía no aplican la ley y no garantizan paz a los residentes.
Es un hecho que el crimen organizado y el Estado no se pueden separar. Como actor criminal, para sobrevivir depende del acceso al Estado, a sus instituciones, a sus recursos y a la impunidad y es por ello que, de una forma u otra, la sociedad buscará protegerse, aun trasgrediendo la ley como autodefensas.
Derechos humanos inexistentes
La situación económica, social y política que vive Michoacán, con la aparición de grupos de autodefensa, presencia militar y policiaca como nunca la había visto antes la entidad, han llevado a otro gran problema: una nueva forma de violentar los derechos humanos.
El estado, como ocurre con muchas otras marcas negativas que ya tiene en su haber, también figura en las estadísticas como una de las 10 entidades del país donde más violaciones se cometen en materia de los derechos ciudadanos; autoridades, legisladores, comunicadores, intelectuales… todo mundo opina al respecto y proponen soluciones, pero el caso es que quien más está sufriendo es la población porque no se llega a acuerdos.
Las instituciones que mayor número de recomendaciones reciben por parte de las comisiones de derechos humanos, son precisamente las responsables de garantizar que la gente se sienta segura; fuerzas policiales, el ejército, el poder judicial, acumulan como caramelos las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, ya sean estatal o federal, las que ahora no saben qué hacer ante los grupos de autodefensa que proliferan y que, para apoyar a sus causas, cometen abusos a los que no están habituadas.
Desde hace varios años, vía los medios de comunicación, se da cuenta del cobro de cuotas “voluntarias”, leva, allanamientos, desplazamientos y acusaciones sin fundamento en los lugares donde los grupos de autodefensa se han asentado, sin que normativamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pueda intervenir debido a la ambigüedad legal con que operan.
Michoacán ya es considerada como área de conflicto, al igual que muchos países de África o Asia, así que la óptica como ahora se miran los derechos humanos es completamente distinta a la de hace apenas unos años.
En el informe especial “Derechos humanos en áreas de conflicto en el estado de Michoacán”, firmado por la CEDH y empezado a confeccionar desde 2014, cuando la situación de conflicto por la inseguridad se radicalizó en diversos puntos del estado, se admitió que al no estar encuadradas dentro de un esquema normativo y con ello carecer de la capacitación necesaria, las autodefensas incurren en diversas violaciones a los derechos humanos. Algunas de ellas incluyen el “levantamiento” para reclutar en sus filas a jóvenes entre 18 y 25 años, puesto que sus requerimientos no son por apoyo de recursos o en especie, sino de personas para defender sus causas.
En el mismo renglón queda el cobro de cuotas “voluntarias”, en donde la única diferencia de las que demandan los grupos delincuenciales radica en que son de menor monto.
Se deben mencionar de igual manera los allanamientos, en donde so pretexto de ubicar a delincuentes, se incurre en la irrupción ilegal de múltiples hogares, a lo que se suman casos de señalamientos y acusaciones sin fundamento como miembros del crimen organizado contra personas que carecen de vínculos reales con la delincuencia y que por ende resultan castigados y estigmatizados.
El informe de la comisión señala que el control que las autodefensas han decidido ejercer para protegerse de la violencia en sus comunidades, es muestra clara de la falta de una respuesta eficaz de las autoridades del estado para combatir la violencia.
Leyes contradictorias
El artículo 17 de la Constitución Política de México establece que ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, ni tampoco podrá ejercer violencia para reclamar su derecho; sin embargo, las autoridades federales y estatales han tolerado las actividades de grupos de civiles armados e incluso en 2015 se formalizó un acuerdo de ocho puntos en que se facultó a las autodefensas como cuerpos de defensa, de lo cual se desprendió una serie de complicaciones que han propiciado la violación de derechos humanos hacia los integrantes de las autodefensas, así como de la población civil, lo que perdura hasta este momento.
Por otro lado, cuando se habla del clima de inseguridad en las zonas en conflicto, no se puede pasar por alto la intensa migración de las familias que otrora tenían una vida tranquila; la CEDH vaticinó en 2015 que la cifra de desplazados se dispararía durante los años siguientes, lo que efectivamente ha ocurrido.
“Aunque se desconoce con cifras precisas la cantidad total de desplazados por el conflicto existente en la entidad, es evidente que no existen lineamientos o planeación alguna basada en el Derecho Humanitario, refiriéndonos particularmente a los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”, apunta la comisión en su informe.
Por lo que refiere a la confianza en las instituciones de seguridad, se señala que la situación de violencia e inseguridad pública “en buena parte del territorio de Michoacán ha llegado a un punto de quiebre, al menos, en la relación de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía”.
“El monopolio de la fuerza en el Estado se ha doblegado en varios puntos de la geografía michoacana ante la fuerza o amenaza de los grupos criminales, generando vacíos de poder que son llenados por grupos de autodefensa, mismos que hasta el momento han sido reacios a someterse a criterios de legalidad en tránsito hacia el retorno de la responsabilidad de brindar seguridad pública por parte de la autoridad legalmente constituida”, concluyó el organismo.
