Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Los estudiantes normalistas, sin darse cuenta, continúan justificando y dando elementos a quienes piden la desaparición de sus centros de estudio. Su violencia exacerbada, las agresiones constantes a la sociedad, las demandas sin fundamentos o sustento sólido, entre otras cosas, han ido alejando las pocas simpatías de las que gozaban y por el contrario han acrecentado a pasos agigantados el repudio social.
Durante esta semana, pretextando y revistiendo como políticos actos que realmente fueron vandálicos ocurridos el 15 de octubre de 2012, jóvenes de la escuela Normal “Vasco de Quiroga” de Tiripetío salieron a las calles a delinquir, robando vehículos automotores y cometiendo toda una serie de desmanes que atentaron directamente a la población civil.
Además, estas manifestaciones ocurrieron pocos días después de que dos normalistas fueran perseguidos por elementos de la Policía Morelia y estos dispararan cuando los estudiantes se desplazaban en una camioneta de una empresa con reporte de robo; uno de ellos recibió tres impactos de bala, por lo que fue hospitalizado, pero sin riesgo para su vida, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.
Desde el gobierno federal ya se había insinuado desde 2019 que estos centros de estudio podrían desaparecer; en ese momento se argumentó que el presupuesto que se les asignaba era muy alto, de ahí que se les acortó para el año siguiente a su mínima expresión, pero si a esto se le suma que los propios moradores de las escuelas Normales hacen poco por sostener su existencia, entonces esto ya es la extinción definitiva de estos emblemáticos centros de estudios formadores de maestros.
Tras de diversos desmanes y actos delictivos que durante años han sido denunciados por transportistas, particulares y más recientemente por la propia población, lo que incluso ha sido objeto de medidas por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso de Michoacán que no habían rendido mayores frutos, fue que las autoridades educativas de la entidad efectuaron un diagnóstico integral de las instituciones normalistas.
La coyuntura encontrada para poner nuevamente sobre la mesa el tema de la desaparición de las Normales, sobre todo las rurales, fue que la población no únicamente ha denunciado actos de vandalismo como secuestro de vehículos particulares, saqueo de camiones, venta de productos robados y la existencia de narcóticos dentro de las instalaciones (lo que por cierto tienen décadas haciendo), sino que han llegado al enfrentamiento con los jóvenes que ya les ha dado por secuestrar vialidades de manera violenta para provocar mayores desequilibrios y con ello exasperar a la población, lo cual ha ocurrido casi diariamente en las carreteras michoacanas y la capital Morelia.
En el centro de la discusión
La pretensión de desaparecer las escuelas Normales no es nueva ni exclusiva de Michoacán; esto se pudo ver en octubre de 2020, cuando el gobierno federal hizo un anuncio que impactó al gremio magisterial, al que les cerraron la llave de su presupuesto. En ese momento se señaló que tanto los maestros en servicio como las nuevas generaciones de normalistas sufrirían un espectacular recorte en el dinero que recibirían para 2021, pues fue de 95 por ciento menos para las escuelas Normales y de 49 por ciento menos en cuanto a la capacitación docente en activo.
En el proyecto de presupuesto para 2021, la secretaría de Hacienda asignó a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGSPE), un presupuesto para las Normales de 20 millones 597 mil pesos (mientras que en 2020 tuvieron 461 millones 390 mil pesos); es de destacarse que, una vez aprobado, fue el recorte más drástico sufrido en los últimos años a este rubro.
La disminución de los recursos para los normalistas del país ya venía de bajada desde 2015, cuando tuvo mil 195 millones de pesos; pero es en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que se les dio la estocada, pues de contar con 783 millones de pesos en 2018, pasó a 447 millones de pesos en 2019 y desde entonces fue casi a la extinción.
Es de mencionar que resultó contradictorio el recorte a un sector que siempre ha sido incondicional de la llamada cuarta transformación, misma que entre sus preceptos sostiene el derecho al acceso a una educación pública de excelencia, así como la ampliación de la cobertura en Educación Superior.
Ese discurso estuvo presente durante toda la administración de López Obrador, quien destacó hasta sus últimos días de gobierno la importancia de las escuelas Normales y sus estudiantes, a los que otras administraciones atacaron, pero que él realmente demolió; una muestra de ello fue que nunca cumplió con el esclarecimiento de los hechos de la Normal de Ayotzinapa.
Cabe destacar que para lograr la drástica reducción económica en las escuelas Normales, se hicieron previamente modificaciones al seno de la secretaría de Educación Pública, pues desde agosto de 2020, tras la presentación del proyecto de presupuesto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior de la SEP, en el que se difundió la desaparición de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y se creó la de Educación Superior para el Magisterio, entre cuyas atribuciones se cuenta la de proponer políticas para el desarrollo de las instituciones y programas dirigidos a la formación de profesionales docentes.
Las escuelas Normales son un terreno devastado y muy deteriorado en todos los niveles, lo cual reclamaría una política verdadera para su atención; parte de ello sería su fortalecimiento, desde lo económico y presupuestal, no el que impera en las actuales condiciones y propuestas políticas, que únicamente usan a estas instituciones como caballitos de batalla para dar respuesta a otro tipo de intereses.
Hay quienes justifican el actuar violento de los normalistas diciendo que “si los jóvenes salen a las calles y carreteras a botear y bloquear, es para recaudar fondos económicos que se destinan a diversas necesidades que la dependencia encargada de la educación en el estado no atiende…, les toca salir a los muchachos al boteo porque no tienen para la alimentación”, ¿será que por eso roban principalmente papas fritas y refrescos? Lo que llama la atención de estas declaraciones es que defiende una supuesta autonomía que tal parece no se entiende es únicamente administrativa, pero no de gobierno.
¿Se les puede entender?
Para poder entender el actuar de las escuelas Normales en la actualidad, sería necesario hacer un recuento de su historia. Poder estudiar, vivir en colectivo, excursiones, encuentros deportivos y culturales y la explicación de que su estudio y activismo resuelve los problemas de la pobreza en México, hacen atractivas a las escuelas Normales para los jóvenes, principalmente de escasos recursos; si a eso se le agrega que era posible tener un empleo seguro al terminar los estudios, mucho mejor (aunque este ingrediente ya fue erradicado con la reforma educativa y no existe la certeza de que se devuelva con el gobierno federal actual, aunque los jóvenes continúan exigiendo).
En sus orígenes, estos centros de estudios eran el camino hacia una profesión digna y a veces otorgaban, despertaban y cultivaban el derecho a soñar. Ahora la realidad muestra otra cosa, pues las normales rurales son reliquias del pasado, centros de agitación y espacios de ocio juvenil. Las demandas que hacen los alumnos para el mejoramiento estructural de las Normales son vistas con agrio desprecio, pero sus residentes se niegan a ver que de ello son también culpables
Los conflictos en las Normales rurales, ya sean propios o de las que ellos llaman “instituciones hermanas”, derivan en métodos y acciones de protesta que son reprobadas por la sociedad, porque tal pareciera que son meros caprichos o un afán por obstruir el orden y así, de un plumazo, se borran la lógica y la necesidad de las acciones de lucha, se pasan por alto los ideales y el legado histórico que los normalistas dicen defender.
Hoy cualquier pretexto es bueno para secuestrar, abusar, agredir y presionar hasta la médula a las instituciones educativas e incluso a la población, en el absurdo de que la ciudadanía será el portavoz hacia el gobierno para que se solucionen los problemas de los normalistas.
Es lógico suponer que las agresiones oficiales por parte de las instituciones de seguridad hacia estos centros de estudio no sean nada nuevo, pues desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos, que quizá con razón ya se manifestaban.
Pero también se dio otro fenómeno, pues las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos y a otorgar concesiones; junto con las prebendas para los líderes, las represalias eran de igual manera una constante: los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua; a muchos les retiraban las becas si no se alineaban. En 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia le hacía ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales de ese momento.
En la década de los sesenta ya los moradores de las normales tenían otra caracterización después de una campaña de Estado: ya eran nidos de comunistas, kínderes bolcheviques y semilleros de guerrilla, pero cómo no pensarlo si las figuras e imágenes que enarbolaban eran las del Che Guevara, Fidel Castro o los emblemas de cualquier nación cuyo sistema económico fuera el socialista o comunista.
La agresión hacia las tácticas de lucha y los reclamos de las normales rurales se inscribe en una historia violenta y como muestra basta hacer un breve recuento de los últimos 25 años: en febrero de 2000, poco después de que la PFP tomó la UNAM poniendo fin a su huelga estudiantil, en la normal rural de El Mexe se dio una ocupación policial similar; en esa ocasión los habitantes de la región se rebelaron, capturaron a 68 de los policías y sólo los liberaron a cambio de los 350 jóvenes que habían sido encarcelados durante la toma de El Mexe. Derivado de este acto, en 2005 se anunció el cierre de esta normal rural.
En 2007, cuando los alumnos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la autopista del Sol exigiendo que se les garantizaran plazas de trabajo, fueron violentamente desalojados. De esa acción resalta una imagen captada por Pedro Pardo que vívidamente expone la correlación de fuerzas. Publicada en primera plana de La Jornada el 1º de diciembre de 2007, la foto muestra a un joven normalista, forzosamente postrado boca abajo sobre el asfalto, bajo una enorme bota de la Policía Federal Preventiva. Quizás fue un presagio a la violencia que cuatro años después vivirían los jóvenes de Ayotzinapa cuando sobre esa misma carretera yacerían los cuerpos de dos normalistas, esta vez sin vida.
En Michoacán, que pudiera considerarse la cuna del normalismo rural, en noviembre de 2008, 133 estudiantes de la normal rural de Tiripetío fueron detenidos al intentar trasladarse a Morelia en camiones que habían secuestrado. Las fotos son una vez más dramáticas: gases lacrimógenos, patrullas incineradas, palos, piedras y bombas molotov y naturalmente muchos detenidos que posteriormente, sin más ni más, fueron liberados incluso sin cargos.
Eran y son línea de batalla
Cuando las escuelas Normales rurales fueron creadas, sus habitantes fueron llamados a ser la primera línea de batalla para implantar la educación cardenista y luchar contra terratenientes; después, los egresados de estos centros de estudio comenzaron a ser atacados por los personeros del poder, a los que habría que recordarles que, si saben leer y razonar, es gracias a un profesor normalista.
Los maestros normalistas actuales son los descendientes de aquellos que, en los años posteriores a la culminación del periodo armado de la revolución mexicana, se distinguieron por su lucha contra los intereses de los terratenientes nacionales y extranjeros y, desde luego, contra el oscurantismo de la Iglesia católica.
El primer día del gobierno de Lázaro Cárdenas entró en vigor el nuevo texto del Artículo Tercero Constitucional. Su orientación socialista creó urgentes necesidades; entre ellas destacó el requerimiento de grandes contingentes de profesores, decididos a llevar la nueva orientación ideológica del régimen a los más lejanos confines de la nación. En esa coyuntura favorable a la proliferación de escuelas de enseñanza básica, los normalistas desempeñaron un papel protagónico de primer orden.
La creación, durante el cardenismo, de las Normales rurales y el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de las ya existentes, llevó a experimentos educativos, sociales y de identidad entre los maestros y los alumnos, que impulsaron a no pocos egresados de esas instituciones a tener un objetivo bien definido en su vida profesional, que no era otro que el fundirse con las necesidades de los más humildes de México, como lo marca el cardenismo.
La implantación de la educación socialista incrementó sustantivamente el número de escuelas de educación básica, pues en 1934 existían 7 mil 963 y en 1939 eran 12 mil 208. Esta vocación por fundar centros escolares se reflejó también en la creación de plazas estatales y federales para maestros rurales, que ascendieron de 11 mil 432 en 1934 a 15 mil 616 en 1939.
En esta etapa se creó la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), que es la organización estudiantil más antigua de México, la cual agrupó a la casi totalidad de escuelas Normales rurales, regionales campesinas y de las centrales agrícolas, y que sigue en posesión de los principios del normalismo, en los terrenos políticos y académicos.
El recuento histórico podría ser interminable, siempre plagado de un marcado antagonismo entre el poder en turno y los futuros profesores, hasta llegar al momento actual, que nuevamente se ve marcado por el interés de eliminar los centros de estudio donde ya no hay dóciles corderos, sino furiosos lobos que también se subirán al ring de la lucha por el poder.
Es dolorosa la historia que esgrimen los normalistas actuales, usando para ello las luchas de quienes los antecedieron en las aulas y que incluso sacrificaron la vida por sus ideales, pero ¿los jóvenes del siglo XXI tienen razón?…
