Lo que cuesta la democracia

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

¿Cuál es el verdadero costo de un voto? Y no sólo en términos monetarios, sino en lo que significa para el país el sufragio emitido en las urnas. Si los votantes cometen un error al decidir quién guiará sus destinos como nación, el costo será en términos negativos incalculables; por otra parte, si acierta, México podría salir de los diversos rezagos en los que se encuentra inmerso.

El pasado 1 de marzo arrancaron las campañas electorales en todo el territorio nacional, con miras a renovar el 2 de junio más de 20 mil cargos, incluida la presidencia de la república. Lo complejo de estas elecciones se puede observar en las cifras y en que el éxito o el fracaso en el objetivo de las campañas electorales de cada uno de los casi 20 mil candidatos a contender por un puesto popular, dependerá del cómo se introduzcan a las masas y así llegar a más de 99 millones de posibles votantes.

El actual proceso electoral es conocido como el “más grande” de la historia del país, pues es la primera vez que hay elecciones concurrentes (estatales y federales) en las 32 entidades federativas; además de que el INE planea realizar acciones nuevas, como voto en prisión preventiva en el país, voto anticipado y voto en el extranjero en tres modalidades.

El INE solicitó a la Cámara de Diputados para la organización de los comicios 34 mil millones; de este monto 12 mil 808 millones de pesos han sido destinados a organizar los procesos electorales locales y federales, así como las campañas de los partidos y posibles candidatos independientes.

Están en juego para el 2 de junio la presidencia del país; en el Congreso de la Unión serán 500 diputados y 128 senadores, así como los 31 Congresos locales; también se eligen 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; habría que incluir mil 580 ayuntamientos y 16 alcaldías en la capital del país.

En síntesis, el recuento de todo ello arrojará el gasto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos, donde no se incluye el financiamiento público de los partidos políticos, ya que fue aprobado por separado por el Congreso de la Unión y refleja el recorte de 5 mil 003 millones 205 mil 906 pesos aprobado por la Cámara de Diputados.

Los que harán honor al gasto

Las elecciones en puerta significan para el país la renovación de las cámaras de diputados y senadores junto al relevo en el ejecutivo federal. En esa fecha más de 99 millones de personas inscritas en la lista nominal estarán en oportunidad de ejercer su derecho al voto, pero ¿cuántas realmente lo emitirán?

El análisis sobre la eficiencia de la democracia no es nuevo. Este es medido bajo los ejes del dinero y los votos. Los comunicados emitidos por organismos electorales, así como por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sirven como parámetro para definir la medición, la fórmula es sencilla: presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones y el de los partidos políticos para hacer campaña, luego se divide entre el padrón electoral.

Para este año las cifras son de 22 mil 322 millones de pesos de presupuesto para el INE mientras que el de los partidos políticos es por 10 mil 444 millones y el padrón electoral es de 99 millones 23 mil 975 personas. El cálculo arroja que cada voto tendrá un costo aproximado a 331 pesos.

Para tener una idea clara al respecto, valen las comparaciones; el salario mínimo actualmente en el país es de 248.93 pesos, inferior a lo que representa el costo de un voto para las próximas elecciones, pero esa consideración es pensando en que los más de 99 millones ciudadanos inscritos salgan a votar.

El costo del proceso electoral es en realidad más complejo, porque entran variables como el tipo de urnas, la organización de la elección, el pago y capacitación a los funcionarios de casilla y otros más, y a esto se debe sumar el sufragio efectivo, que es cuánta gente asistió a las casillas. Este costo se divide entre el número total de votantes.

El siguiente contexto es aún más claro; en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, catalogadas entonces como el proceso electoral más caro de la historia, el abstencionismo fue del 23 por ciento. Dicho en otras palabras, de un padrón de casi 90 millones de ciudadanos, votaron casi 57 millones.

El cálculo final arrojó que el proceso tuvo un costo final de 28 mil 022.5 millones de pesos y cada voto tuvo erogación de más de 552 pesos. Ese fue el precio de la democracia.

Frente a injurias y desacreditaciones

De equivocarse en las urnas, los ciudadanos pagarán un alto precio, que se reflejará en dinero, progreso, seguridad y estabilidad para México, entre otros; para nadie es un secreto que este año las campañas han estado plagadas de falsas promesas, injurias, desacreditaciones, ataques por lo bajo y una guerra muy pero muy sucia a través de las modernas supercarreteras informáticas.

En pocas palabras, se hipotecará el futuro por cada voto emitido que no sea razonado y ello derivará en pérdidas para la sociedad. Cada sufragio dado solo por amistad, odio, servilismo, costumbre, interés o por un simple pago será un golpe a nosotros mismos.

Baste recordar que, a pesar de la crisis económica detonada por la pandemia, las elecciones federales de este año serán más caras que las pasadas de 2018, incumpliéndose de entrada la promesa de los ganadores de ese año de hacer más económicos los comicios.

Para 2018 (donde también se eligió presidente) el costo por voto fue de 291.5 pesos en promedio. Para 2021, las cifras resultaron tras dividir el presupuesto proyectado para el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos (27 mil 689 millones de pesos) entre el listado nominal (94 millones 980 mil electores).

El gasto se dispara porque el Congreso de la Unión considera a todos los inscritos en el listado nominal en la fórmula que define el presupuesto de la elección y para los partidos, cuando apenas votan entre cinco y seis de cada 10 mexicanos con credencial vigente. En otras palabras, si sólo se consideraran a los electores que realmente participan en las elecciones, el costo del voto se duplicaría.

Gasto electoral siempre al alza

Para la elección presidencial de 2024, el INE autorizó un aumento del 53 por ciento con respecto a 2018 en el gasto de los aspirantes a la presidencia de la república, debido a que este año estarán convocados a las urnas alrededor de 99 millones de electores.

Además, los partidos políticos tendrán un aumento en el financiamiento público con respecto a la elección de 2018. Por ejemplo, hace seis años el INE asignó a Morena un presupuesto de 649 millones de pesos y para 2024 será de 3 mil 159 millones de pesos, mientras que el PAN tuvo 1 mil 281 millones de pesos en aquél entonces y ahora se prevé tenga 1 mil 904 millones de pesos.

De acuerdo con el INE, cada aspirante a la titularidad del poder ejecutivo podrá gastar hasta 660.9 millones de pesos durante la fase de campaña del 1 de marzo al 29 de mayo de 2024, lo cual significa un monto de 200 millones de pesos superior al de hace 6 años, cuando rondó los 429 millones de pesos.

Además, para las precampañas, que iniciaron el 20 de noviembre de 2023 para concluir el 18 de enero de 2024, el órgano electoral estableció en 85.9 millones de pesos el gasto por candidatura, un 20 por ciento superior al proceso anterior, conforme lo señala la ley. Esto quiere decir que entre las tres candidaturas partidistas se gastarán 257.7 millones de pesos.

En cuanto al financiamiento público a nivel nacional, los siete partidos políticos con registro tendrán en conjunto 10 mil 309 millones de pesos, mientras que en 2018 recibieron 5 mil 883 millones de pesos.

Desde 1993 y con la intención de fijar condiciones de equidad en la contienda electoral, así como para establecer límites al gasto excesivo en las campañas electorales, la ley electoral estableció un tope máximo de gasto de campaña para los candidatos de los partidos políticos nacionales.

En 1994, el tope se fijó en 134 millones 460 mil pesos; en el 2000 se disparó hasta los 491 millones 816 mil pesos; en la controvertida elección de 2006 y primera en la que participó Andrés Manuel López Obrador el monto se fijó en 651 millones 428 mil pesos.

En 2012, los recursos para las campañas presidenciales se moderaron y el tope se estableció en 336 millones 112 mil pesos y tras la reforma electoral de 2014, el tope máximo de gastos de campaña para 2018 se estableció en 429 millones de pesos.

En la elección federal de hace seis años, la autoridad electoral autorizó un tope máximo de 429.6 millones de pesos a candidato presidencial para la campaña y 67.2 para las precampañas. En aquella ocasión también se presentaron tres candidaturas partidistas y una más por la vía independiente. Según los datos del INE, en 2018 los partidos políticos gastaron en sus campañas poco más de 2 mil 800 millones de pesos.

La desconfianza, ante todo

Es un hecho que la desconfianza en las instituciones y el desacuerdo con las opciones electorales influyen en el abstencionismo, según opinan los expertos: “El hecho de que alguien no vote es la forma de manifestarse en contra de las opciones”, afirma Kristobal Meléndez, especialista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sin embargo, ¿quién puede cuestionar esa decisión ciudadana?

En un mundo ideal, si todos los mexicanos inscritos en la lista nominal salieran a votar, el costo promedio del voto sería de 81 pesos, pero esto es algo totalmente fuera de la realidad; los especialistas aseguran que entre más votantes salgan a las urnas, el costo del sufragio disminuye, puesto que el presupuesto para la elección se divide entre la cantidad de personas que acuden; sin embargo, también hacen hincapié en que hay que tomar en cuenta que el hecho de que alguien no vote, es la única forma de mostrar inconformidad ante la oferta política que durante las últimas semanas ha bombardeado a los ciudadanos a través de todos los medios masivos de comunicación.

Si hay algo que caracteriza a los procesos electorales de México, es que siempre registran una gran falta de participación ciudadana; en el proceso de 2006, el 59 por ciento de los mexicanos inscritos en la lista nominal del entonces IFE emitieron su sufragio para elegir al presidente; en 2012 este porcentaje aumentó en cuatro puntos porcentuales, lo que se tradujo en 8 millones de votos más.

Si se toman en consideración esos porcentajes, se puede calcular el posible valor promedio de cada voto que se emitirá el próximo 2 de junio, dado que es poco probable que todos los mexicanos inscritos en la lista asistan a las urnas; hasta febrero de este año, como ya se mencionó, el registro era de poco más de 99 millones de votantes; si todos ellos votaran, el costo del voto sería efectivamente de 81 pesos.

Sin embargo, si únicamente asiste el 60 por ciento (una cifra por demás optimista), igual que en 2012 y 2018, esta cifra subiría a 135 pesos, lo que significa que por cada ciudadano que no ejerza su voto se desembolsarán 54 pesos que irán a parar a ninguna parte.

Pero yéndonos más allá, si la participación es de 50 por ciento de la lista nominal, se estarían contemplando 49 millones de mexicanos en las urnas, lo cual incrementaría el precio de cada sufragio a 162 pesos; de ser así, cada boleta que no se tachara costaría 81 pesos.

La negatividad entre los especialistas ahora es más patente que nunca, así que han hecho otras estimaciones cada vez más alarmantes; el peor panorama que se planteó es que se tenga una participación de 40 por ciento (esto sí es muy real) de la población que puede votar, es decir, solo 46 millones de votos decidirían a los contendientes electorales, de ser así, cada sufragio costaría 203 pesos, por lo que cada voto no emitido costaría 122 pesos.

Pero este abstencionismo que amenaza a los presupuestos y los resultados electorales no es gratuito; Nachito, intendente de una institución educativa, señala que en más de cuatro elecciones ha llevado su voto a las urnas, pero este 2024 no es seguro. Como padre de familia, es contundente en sus dichos, así que asegura si el voto contara para bien, “seguramente todos saldríamos a votar, no habría nadie que se quedará sin hacerlo, pero si no vamos, es porque parece que no sirve de nada que votemos” y tal parece que ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos.

El fantasma del abstencionismo

El nivel de abstencionismo electoral en México es muy elevado y puede llegar al 50 por ciento del padrón electoral, esto quiere decir que sólo la mitad de los ciudadanos con credencial para votar decidirá salir a las urnas a ejercer este derecho y responsabilidad con la democracia.

Para el 2 de junio, el INE espera alcanzar un nivel de participación superior al 60 por ciento, por ello suscribió un acuerdo de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e implementar de manera conjunta una serie de acciones para revertir el abstencionismo.

Juntos esperan combatir a “uno de los mayores enemigos de la democracia: el abstencionismo, a través de labores que permitan promover el voto ciudadano libre y razonado”, expuso la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto.

Por ello, estas dos instituciones fomentarán la cultura político-democrática del país, así como el apoyo interinstitucional en cada una de las etapas de los procesos electorales. México cuenta en 2024 con una población de aproximadamente 130 millones de personas y el padrón electoral integra a poco menos de 100 millones, de acuerdo con estimaciones del INE, por lo tanto, el reto es convencer a más de 60 millones de habitantes a acudir a las urnas el domingo 2 de junio.

La interacción entre el INE y el TEPJF se ha normalizado como parte esencial de la democracia en México, sirviendo de marco para validar la eficiencia y legitimidad de las acciones del Instituto a través de revisiones jurisdiccionales o al menos eso se espera.