Los jóvenes no abandonan la escuela, el Estado los abandona

Por: Mario Luis Fuentes/México Social

Uno de los eufemismos de mayor uso común en el ámbito educativo es el de la deserción escolar. Al utilizarlo, se pierde de vista que es a todas luces un concepto equívoco que, de hecho, debería dejar de utilizarse. El Diccionario de la Lengua Española establece en la primera acepción del término “desertar”: “Dicho de un soldado, abandonar sus banderas”. La segunda es “abandonar las obligaciones o ideales”.

Que un término del ámbito educativo provenga del ámbito de lo militar ya es indicativo de que no es necesariamente el más indicado. Y tampoco aplicaría la segunda acepción citada, que refiere una decisión personal de incumplir con responsabilidades o ideales que se tienen. Lo cual no es ni lejanamente aplicable a personas menores de edad.

Lo anterior es relevante porque en el país hay millones de niñas, niños y adolescentes que históricamente han sido expulsados del sistema educativo nacional, por un conjunto de determinantes sociales como la pobreza, la violencia, la marginación social, o bien, la falta de adecuado acompañamiento familiar, lo que va de la mano con la incapacidad institucional de evitar que se trunquen las trayectorias escolares.

Los datos de que disponemos son alarmantes pues en todos los niveles educativos de la educación básica y obligatoria (constitucionalmente, del preescolar al bachillerato), hay menos estudiantes inscritos en el sistema educativo nacional. En efecto, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública, mientras que en el ciclo escolar 2017-2018 se tuvo un registro de 36.49 millones de alumnos inscritos, en el ciclo 2020-2021 hubo únicamente 35.39 millones.

En preescolar, la caída fue de 4.89 millones de niñas y niños inscritos, a 4.32 millones entre los ciclos educativos mencionados. En primaria bajó de 14.02 millones a 13.67 millones; en secundaria, de 6.53 millones a 6.39 millones; mientras que en educación media superior cayó de 5.23 millones a 4.98 millones.

Será importante en los siguientes años determinar cuánto de esa caída se debió a la reducción en el número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar; y cuántos dejaron de asistir a la escuela por factores de contexto. Porque incluso cuando en la estadística educativa se considera aún “la falta de aptitud para estudiar” como uno de los motivos de la deserción, en realidad, debido a que se trata de personas que aún no cuentan con la capacidad de comprender los alcances de sus actos, no se les puede asignar la responsabilidad de dejar sus estudios.

La pandemia generó efectos muy profundos no sólo en la expulsión de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes de las escuelas, sino pérdidas, quizá irreparables, de aprendizajes que son fundamentales para un adecuado tránsito hacia niveles educativos superiores, pero también para una vida plena, en la que las personas puedan tener acceso pleno y tener plena garantía de sus derechos humanos.

Ha iniciado ya el último ciclo escolar que estará bajo la responsabilidad completa de la presente administración. Y ante tal evidencia, lo que debería estar ocurriendo es el desarrollo de un profundo diagnóstico de las lecciones aprendidas de la pandemia y los meses posteriores, para iniciar el nuevo ciclo escolar, el cual dará inicio sólo un mes antes de que concluya el actual gobierno, con las complejidades presupuestales y administrativas que eso implicará, en términos de los acostumbrados ajustes y cambios en el personal directivo y administrativo de la dependencia a nivel federal, pero también de las entidades federativas donde habrá cambio de titulares del ejecutivo local.

México requiere plantearse una reforma educativa de largo plazo; con un plan construido en un horizonte de al menos 20 años, con indicadores claros de evaluación y seguimiento, pero sobre todo, construido con base en el consenso más amplio del que pueda ser capaz el país, a fin de garantizar que no habrá nuevas ocurrencias sexenales que pospongan una reforma profunda en la educación, que es sin duda una de las más importantes reformas que nos urgen para convertirnos en un país más justo e incluyente.