Matar el futuro: el riesgo de México ante el cambio climático
El 22 de marzo de 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó su sexto informe sobre el impacto del cambio climático.
El 22 de marzo de 2023, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó su sexto informe sobre el impacto del cambio climático. En él se detallan los riesgos de no realizar de manera inmediata las acciones necesarias para reducir la severidad del impacto ambiental.
Por: Evelyn Cervantes/MCCI
Algunos de los efectos previstos son afectaciones a la productividad agrícola, acuícola y pesquera; el aumento de enfermedades infecciosas; mayores desplazamientos poblacionales, así como el incremento de desastres naturales derivados de climas extremos. En los siguientes años las consecuencias serán peores en la medida en que no haya intervención pública de gran calado.
Las consecuencias de no proteger el medio ambiente son especialmente preocupantes para México, puesto que se encuentra en una de las zonas con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Esto significa que el impacto y los riesgos para nuestro país son mayores que en otras partes del mundo. Por ejemplo, el informe del IPCC registró que las víctimas mortales derivadas de sequías, inundaciones y tormentas en las zonas más vulnerables han sido 15 veces mayores que en otros sitios.
Además, el cambio climático ya es perceptible en México: de acuerdo con la UNAM, en 2021 se alcanzaron temperaturas récord al registrar un aumento de 1.31ºC en comparación con el periodo de 1880 a 1910. Esto significa que en el país ya hay un aumento de las temperaturas cercano al umbral de 1.5°C que proponía el Acuerdo de París para abolir los peores efectos del calentamiento global. Aunado a ello, han aumentado los eventos de escasez de agua, sequías, incendios forestales, desastres naturales y climas cada vez más extremos.
Presupuesto del ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ante este panorama, las acciones gubernamentales han avanzado en el sentido opuesto al necesario para combatir al cambio climático: se ha desmantelado a las instituciones encargadas de estudiar, atender y proteger el medio ambiente.
Bajo el pretexto de la austeridad, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desarticulado a las instituciones ambientales, lo cual ha impactado los procesos administrativos y las capacidades del Estado para hacer frente a la crisis climática. De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales y expertos en el tema, esto ha significado un retroceso sin precedentes en la política ambiental.
A nivel presupuestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) enfrenta desde 2016 un recorte en su gasto que no se revirtió con el cambio de gobierno, sino que se agudizó. Mientras en 2015 se le aprobaron recursos por 100 mil millones de pesos, para 2018 la cifra ya había disminuido a 47 mil millones. En el gobierno de AMLO llegó a mínimos históricos con 33 mil millones de pesos en 2021. Podría parecer que el presupuesto aprobado para 2023 representa un cambio de rumbo, pues incrementó para volver a los niveles de 2016; sin embargo, como se explicará más adelante, estos recursos no serán destinados realmente a la protección medioambiental.
Además de los recortes al presupuesto —y en buena medida como consecuencia de ellos—, las instituciones encargadas de atender y estudiar el medio ambiente han sido desmanteladas administrativamente, lo cual ha reducido sustancialmente las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones. Por un lado, se han bloqueado y desactivado los procesos administrativos para vigilar los efectos ambientales de los megaproyectos del gobierno y se han reestructurado las oficinas administrativas para alinearlas con los programas sociales. Por el otro, han sido eliminadas diferentes áreas e instituciones administrativas especializadas para la atención del medio ambiente.
Las 32 delegaciones de Semarnat en los estados fueron reemplazadas por oficinas de representación. Lo mismo ocurrió con las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Además de disminuir la presencia y capacidad de operación de las dependencias en todo el país, este cambio modifica la lógica de las instituciones medioambientales. En lugar de atender los problemas ambientales en el ámbito local, estas oficinas ahora son administradas por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, los famosos “súperdelegados” de la Secretaría de Bienestar.
En la Semarnat se eliminó la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Ahora solo permanece la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, a cargo de Iván Rico López, exdirector de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar, y la Subsecretaría de Regulación Ambiental que dirige Alonso Jiménez Reyes, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar. En el mismo sentido, Luis Meneses Murillo, a quien se identifica como un operador político de Morena y líder social, quedó al frente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Al igual que en el caso de Profepa, la preocupación medioambiental ha sido transformada por el enfoque de bienestar de la política social de este gobierno.
Otro golpe importante a las instituciones ambientales es la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) bajo el argumento que implicaría ahorros de recursos. Sin embargo, como señala la revisión del decreto y los planes para desaparecer otros organismos, los ahorros de transferir las funciones y personal del INECC e IMTA a Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) serían mínimos. Por ello, esta acción debe entenderse como una reestructuración administrativa más que como un mecanismo de ahorro.
La desaparición del INECC y el IMTA reduce las instituciones técnicas para la atención del cambio climático y la gestión del agua. Ambas eran órganos descentralizados, lo cual significa que tenían autonomía orgánica y técnica, facultades exclusivas, personalidad jurídica y patrimonio propio. Aunque tenían que coordinarse con la cabeza sectorial (Semarnat), su autonomía y arreglo institucional les permitía atender sus funciones bajo criterios especializados en el tema sin tener que lidiar con los criterios políticos que puede priorizar la administración pública centralizada (Semarnat y Conagua, en este caso). En los hechos, el gobierno mexicano ha dado muestras que no le importa contar con las instituciones técnicas para atender el cambio climático y la gestión del agua, dos retos centrales para el futuro de las próximas generaciones.
Por si este desmantelamiento fuera poco, tras la renuncia de José Sarukhán Kermez al frente de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la plantilla laboral de esta institución se redujo 30% con el despido de al menos 250 trabajadores. Para sustituir a Sarukhán, uno de los más reputados biólogos e investigadores en materia ambiental del país, se designó como Secretario Ejecutivo de Conabio a Daniel Quezada, fundador de Morena en el estado de Hidalgo.
SEMARNAT inoperante
Esta investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la Semarnat permitió constatar que la desarticulación institucional del sector ambiental tiene consecuencias visibles, en tanto que han quedado inoperantes muchas de las obligaciones que le corresponden a esta institución. Por ejemplo, hay retrasos en procesos administrativos tales como la emisión de documentación forestal para acreditar la procedencia legal de los productos maderables, la renovación de autorizaciones, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, la emisión de las actas de inspección y vigilancia, así como la integración de expedientes de usuarios que todos los días ingresan trámites en las oficinas centrales de la dependencia.
De acuerdo con personal de la Semarnat, que pidió el anonimato por temor a represalias, hay procesos de gestión ambiental inoperantes, tales como la evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA´s ). Esto se debe a la falta de personal capacitado para cumplir con la revisión y acreditar la viabilidad o no de un proyecto. Aunque un resolutivo de impacto ambiental debe resolverse en un plazo de 90 días y un máximo de 180 días, documentos de la Semarnat evidencian que hay trámites que tardan más de un año en resolverse. Las oficinas de representación de la Semarnat en los estados también reportan un rezago en trámites administrativos derivado de la ausencia de personal.
“No es para nada exagerado decir que México está retrocediendo en su política ambiental. Lo que creo es que hay un retroceso que le está dando en el corazón a la gestión ambiental y que va ser muy difícil volver a reconstruir. Y ese es para mí el gran drama de la política actual: perder las instituciones que se fueron creando con especialistas a lo largo de décadas y que se habían convertido en referentes mundiales”, afirma Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) en entrevista con MCCI.
La también bióloga y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reflexiona sobre lo joven que es la política ambiental del país, ya que tiene apenas 40 años de historia para consolidar instituciones especializadas en la atención al sector ambiental. En la actual administración esas instituciones están desapareciendo y perderlas, explica, representa un retroceso que sitúa al sector ambiental en los años 90.
“La desaparición de Conabio y de toda su estructura y de su personal nos regresa a antes del 92. Las instituciones que se fortalecieron desde los noventa a la fecha, que son instituciones con un carácter que les da ciertos elementos de autonomía le estorban al gobierno, les estorban a las decisiones verticales que vienen desde la Presidencia de la República y entonces, las van debilitando y todo lo que sea una institución con ciertos niveles de autonomía en sus decisiones se han ido destruyendo: eso es el INECC, eso es el IMTA, eso es la Conabio”, enfatiza.
A medida que se debilitan las instituciones ambientales, explica, se pierde el personal capacitado, que representa uno de los principales activos en la gestión de la política ambiental. Lejos de aprovechar a los expertos de alto perfil técnico y científico, así como a las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la agenda del sector medio ambiente, dice, el gobierno les persigue, les sanciona y, con ello, se pierde la confianza para trabajar de manera conjunta.
“Las organizaciones sociales están igualmente perseguidas, castigadas, ¿cómo se va a recuperar esa confianza?, ¿cuánto tiempo va tardar en reconstruirse esa confianza? Hemos desestructurado, hemos perdido confianza, hemos perdido capacidades y esas capacidades tardan mucho tiempo en construirse en nuestro país. Destruir es muy fácil, pero construir es una tarea gigantesca, retadora, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo colectivo y todo eso se erosionó”, agrega Carabias.
Cuando no se garantiza la permanencia de las instituciones ni de los expertos que las conforman, así como el presupuesto para fortalecer su trabajo, se retrocede a gran escala en la agenda medioambiental.
En la siguiente entrega de esta investigación analizaremos a detalle cómo el desmantelamiento de las instituciones medioambientales se refleja en las disminuciones y recortes presupuestales que el gobierno federal ha aplicado año con año. (Fuente: https://contralacorrupcion.mx/matar-el-futuro-la-4t-y-el-fin-de-la-politica-ambiental-en-mexico/)
