Política de seguridad para las infancias sin criminalizarlas
- Es inconstitucional la aplicación del programa “Mochila Segura”. Rechazamos omisión de autoridades, quienes han dejado esa responsabilidad a padres y madres.
- Niños, niñas y adolescentes mueren en las calles y en el hogar, más que en las escuelas.
Por: Tania Ramírez Hernández*/México Social
Ante las presuntas amenazas de violencia en escuelas y las propuestas en algunas entidades del país de implementar el programa “Mochila Segura”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reitera su exigencia a las autoridades e instituciones para que se establezca una política de Estado que atienda la seguridad de la ciudadanía con un enfoque de derechos humanos, que tome en cuenta a las infancias y que incluya el compromiso de abordar las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, como son los diferentes contextos de violencias y de salud mental que los y las rodean.
Esto en el contexto de los últimos acontecimientos ocurridos en escuelas, como el caso de Texas, en Estados Unidos; sobre el que vale la pena recordar que cualquier niño o niña que llega a portar y usar un arma, fue víctima ya de múltiples violencias y de afectaciones a su salud mental e integridad personal.
Rechazo al programa Mochila Segura
Rechazamos – una vez más – la intención de poner en marcha el programa “Mochila Segura”, ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A su vez, queremos llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde donde han permitido e incluso derivado tareas de revisión de mochilas sobre padres, madres y tutores, quienes – por temor a situaciones de violencia – han asumido tareas que corresponden al Estado y cuyo origen no está en las escuelas. El programa “Mochila Segura” no puede convertirse en la respuesta del Estado a los problemas de seguridad y violencia en el territorio.
Hay que recordar que, como lo ha señalado la SCJN, el programa “Mochila Segura” no sólo carece de un marco legal que lo sustente, sino que también viola los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Federal al atentar contra los derechos humanos de las infancias. Esto incluye el derecho a la intimidad y la privacidad, pues presupone que todas las personas jóvenes tienen la disposición de cometer algún delito. Cualquier acercamiento a un programa así, es improcedente e incorrecto.
México vive una crisis de derechos humanos
Recordemos que México vive una crisis de derechos humanos que ha aumentado los contextos de violencia, desapariciones, reclutamiento y proliferación armas en todo el territorio que cada día se cobra la vida de más personas, en especial de niñas, niños y adolescentes. El filtro para la violencia no se encuentra en una mochila o en la entrada a la escuela.
Las cifras muestran que la verdadera violencia está en la calle y en otros espacios fuera de la escuela. En 2021 se registraron 674 defunciones por homicidio de personas de 0 a 17 años en México, de los cuales 156 eran mujeres y 515 eran hombres. Del total de estos homicidios, 0.3% tuvieron lugar en una escuela u oficina pública. En contraste, 47.6% sucedió en la vía pública y 17.1% en vivienda particular (de acuerdo con el registro de Defunciones por homicidio 2021 del INEGI).
Llamamos también a los congresos, federal y locales, y a personas a cargo de las Comisiones de Derechos Humanos en el país, para que actúen en favor de la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes como base para la creación de programas de seguridad escolar y de atención a la violencia armada en México.
*Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
