Sí hay de otra. La economía es política

Por: Alejandro Sahuí/México Social

En los estudios normativos sobre el desarrollo social y humano no es inusual desatender la cuestión de la desigualdad. Los objetivos principales se relacionan con la reducción de la pobreza: salarios, alimentación, bienes y servicios de salud, educación, cuidado; acceso a agua, energía o vivienda. Todas estas medidas forman parte de políticas de bienestar, pero ninguna de ellas cuestiona los arreglos sociales que hacen que su provisión quede sujeta a niveles mínimos o de suficiencia. Tampoco visibilizan que tales arreglos causen desventajas a mujeres, grupos étnicos o racializados, y otros colectivos en situaciones de vulnerabilidad y minorías: niñez, personas mayores o con discapacidad, migrantes o grupos religiosos.

Esta es una crítica que recibieron las teorías y políticas igualitarias que tomaron los valores del liberalismo transfundidos a la mayoría de los Estados de bienestar. El orden institucional y la estructura básica han dado por descontada la validez de los sistemas de propiedad, intercambio o fiscalidad. Esto significa que se han concentrado en los aspectos distributivos, pero no en los predistributivos, los que tienen que ver con la asignación inicial de los recursos económicos: relaciones laborales, leyes de mercado, patrimonio o formación de capacidades.

Es un acierto de Oxfam Internacional y Oxfam México, la publicación reciente de dos reportes de la desigualdad que destacan estos temas: Desigualdad S.A. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora y El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual. Ambos ponen de manifiesto el carácter político de la desigualdad; que sea resultado de la connivencia entre poder público y privado, gobierno y empresa, a espaldas de la ciudadanía.

En todo el mundo, pero de una forma más escandalosa en México, la mayoría de las fortunas milmillonarias han sido producto de la transferencia de riqueza pública a manos particulares: las privatizaciones de los años ochenta y noventa; concesiones, licencias y permisos; además de un enorme poder regulatorio a través de lobbies, grupos de interés o cabildeo. Los sectores de comunicaciones y transporte, minas, telecomunicaciones y radiodifusión se trasladaron de manera opaca, sin que se rindan cuentas acerca de sus condiciones, tarifas y rendimientos.

Son temas relevantes porque permiten comprender por qué a pesar de que se documente la reducción en la pobreza y la desigualdad en el ingreso, no obstante, aumenta la desigualdad en la riqueza, con graves efectos sociales: vivir en la precariedad e incertidumbre cotidianas. Como explica Gerardo Esquivel en su lectura del reporte, no hay aquí ninguna contradicción: el ingreso es un flujo que se mide por periodo de tiempo, mientras la riqueza es un acervo.

Thomas Piketty detalla la cualidad que tiene la riqueza para crecer a ritmos mucho mayores que el ingreso, lo que reproduce la desigualdad. Si esta se vuelve intergeneracional se debe precisamente al orden predistributivo mencionado: a los sistemas patrimoniales, tributarios, corporativos o laborales. La desconfianza de los jóvenes hacia la política parece justificada.

Una vez más, se trata de asuntos políticos constitucionales de la estructura básica. Más allá de qué se debe distribuir, del tipo de bienes y servicios, está en juego también quién y cómo se debe distribuir. Amartya Sen demostró que las hambrunas conocidas han sido ocasionadas por problemas de reparto de alimentos y falta de acceso a ellos, no por escasez. Al enfocarse en la noción de derechos el Nobel de Economía subraya el papel de la democracia en el desarrollo.

Como en el caso de las hambrunas, la crisis causada por el COVID-19 o la guerra de Ucrania y Rusia, y más recientemente la de Gaza e Israel, con las afectaciones a las rutas de transporte, a las cadenas de suministros y con el aumento de precios de combustibles, se ha mostrado el rostro menos amable de las empresas. Con datos del Fondo Monetario Internacional y otros estudios en Europa y Estados Unidos de América la inflación y el aumento de precios se deben sobre todo a ganancias de las empresas, logradas por su poder monopólico de mercado. En México ellas capturaron el 60% de dicho incremento de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, periodo que ha sido registrado como el mayor aumento del costo de vida en dos décadas.

En alimentación y agroindustria, medicamentos, energías, telecomunicaciones, internet y el acceso al conocimiento, en todos estos ámbitos tan caros a las personas, los monopolios han arrinconado a los Estados y su poder de supervisión y control. No veo cómo se pueda seguir hablando de la pobreza sin atender esta discusión pública básica. La denuncia de este nivel de riquezas como insultante no va de envidia y resentimiento, es un asunto de justicia básica y dignidad ciudadana.