Con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer someter a revisión la reforma al Poder Judicial recién aprobada por el Congreso de la Unión y que establece que jueces, magistrados y ministros serán elegidos por voto directo, a partir del próximo año.
Las y los ministros Norma Piña, Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo avalaron someter a revisión la Reforma Judicial; votaron en contra las ministras de Morena, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
Ayer mismo, se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia pública para analizar la Reforma Judicial el próximo 12 de noviembre a las 2 de la tarde, de manera presencial en Washington DC, Estados Unidos.
Una delegación de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) se trasladará a ese lugar en fecha y hora indicada para exponer de manera oral las razones por las que considera que la reforma judicial implica un incumplimiento por parte del Estado mexicano a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Con esto, trabajadores así como los juzgadores de la Federación en funciones, esperan que la CIDH emita medidas cautelares que logren que el gobierno de Claudia Sheinbaum abra el diálogo con ellos para resolver de la mejor manera la crisis que provocó las reformas constitucionales y el paro laboral.
En septiembre, la CIDH ya había expresado su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
El organismo internacional reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México e informó que daría seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la Reforma Judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.
En la Suprema Corte, la resolución por mayoría de votos, para revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Legislativo, pero que viola la autonomía judicial y la División de Poderes, causó debate. El bloque morenista argumentó un “golpe de Estado” si se frena.
El ministro ponente, González Alcántara Carrancá señaló que en otros procesos, los destacados morenistas Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal propusieron revisar reformas constitucionales en el amparo indirecto 70 del 2014, y nadie los acusó de golpistas.
Es la última carta, junto con la resolución de la CIDH, que se juega la democracia mexicana. López Obrador en su momento y ahora Claudia Sheinbaum, buscan el control absoluto de los Poderes de la Unión. Pensemos, como recomienda la Presidenta, ¿quiénes serán las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros? Los que diga Morena. ¿Quiénes serán los elegidos por “el pueblo”? Los que dicte Morena.
