Matar a la democracia
Con el voto de 72 senadoras y senadores de Morena, Verde y PT, el pasado miércoles 22 fueron aprobadas las reformas a la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se ha enviado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Una vez proclamadas las reformas en el Diario Oficial de la Federación, lloverán las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como las solicitudes de amparo, por parte de legisladores, partidos políticos y ciudadanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la democracia en México y ningún otro partido, más que Morena, siga gobernando en el país.
Los cambios en la LFIPE, eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, responsables de la integración del Padrón Electoral, instalación de casillas, los cómputos de los votos, monitoreo de todas las estaciones de radio y TV del país, así como de la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Se quedará sin trabajo, el 84.6 por ciento del del personal del Servicio Profesional Electoral; este sistema se encarga de la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y de la atención en los módulos donde se tramita la credencial de elector.
Para la actualización y depuración del Padrón Electoral y Lista Nominal para las elecciones, solo habrá un vocal ejecutivo. Sólo existiría un vocal operativo responsable de la actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal.
Ya no habrá módulos específicos del INE para tramitar credencial y notificar cambios. En lugares públicos como escuelas o clínicas, se instalará un escritorio. Los datos de millones de personas quedarán en sitios del gobierno.
Los partidos políticos Podrán hacer “guardaditos” con los recursos públicos nombrados prerrogativas y podrá removerse al titular de la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Un día antes, el martes 22, el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, suspendió la entrada en vigor de la nefasta Ley General de Responsabilidades Administrativas y General de Comunicación, en el Estado de México y Coahuila, al considerar que no contraviene el interés público.
La maquinaria destructiva está en marcha. Solo nos queda esperar que el compromiso de la Corte con la Constitución y los derechos políticos ciudadanos, sea más potente.
