»Si la Corte determina que la Reforma Judicial no es constitucional porque es violatoria de derechos humanos y de la separación de Poderes, en ese momento dejaría de tener validez», sostuvo ayer el ministro Javier Laynez Potisek, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.
Le cuestionó sobre si en verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad para echarla atrás, Laynez respondió que vía acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, SÍ.
“Creo que estaríamos ante un grave conflicto constitucional… yo no quiero llegar a ese punto… con consecuencias inimaginables en este momento”, advirtió el ministro.
“La Corte tiene tiempo. Puede suceder hasta un mes antes de la elección (junio de 2025). No lo sabemos. Están las acciones que están entrando, se turnan a un ponente que debe seguir un procedimiento”, explicó sobre los plazos para que la Corte tome una decisión.
Apenas el martes 22, la SCJN admitió a trámite una nueva controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial, este nuevo recurso fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien hasta el momento se le han turnado cinco de las siete demandas que se han presentado hasta el momento ante el pleno del Alto Tribunal.
Esta nueva controversia, la 298/2024 fue presentada por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que reclamó estos cambios a la ley.
“Quiero ser cuidadoso con la utilización de los términos, pero es como todo: cualquier poder sin control, tiende a abusar. Es la historia de la humanidad. Desde la Revolución francesa lo sabemos”, recordó el ministro Laynez.
Esto explica la urgencia de Morena y sus aliados en las cámaras de diputados y senadores, de sellar a más tardar la próxima semana, la facultad de la Suprema Corte para pronunciarse e ir en contra de las reformas constitucionales de la “cuarta transformación”.
El argumento político, que no jurídico, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su partido Morena, es que ocho ministros “no pueden estar por encima de la voluntad del pueblo”, esa figura retórica que usa la 4T para atribuirse la representación de 130 millones de mexicanas y mexicanos, cuando solo 35 millones votaron a su favor, el 2 de junio de este año.
Estamos entrando a un proceso de cambios jurídicos y políticos sin precedente y parece inevitable el choque frontal entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, por el derrumbe del sistema democrático que aun disfrutamos, por el populismo autoritario que viene imponiendo desde 2018, Andrés Manuel López Obrador.
