Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Esta semana la iniciamos con algunos datos duros: en Michoacán el nivel de analfabetismo es de 6.6 por ciento y la deserción escolar en secundaria es del 4.4 por ciento, mientras que el nivel máximo de escolaridad promedio es de 8 años.
Con eso en mente, en lugar de buscar culpables, veamos algunos hechos que contribuyen a lo anterior: salones improvisados con techos de láminas y paredes de madera que actualmente están forradas de plástico, así es como 108 alumnos de preescolar toman clases de lunes a viernes en un centro educativo que está ubicado en la colonia Ciudad Jardín en Morelia; los maestros no pierden la esperanza de recibir el apoyo de las autoridades educativas, pues lo que más desean es tener una escuela que ayude a la formación de los estudiantes con la infraestructura adecuada, material didáctico para el aprendizaje, así como también un espacio al aire libre donde puedan jugar sin el temor de sufrir un accidente, sobre todo ahora que se acerca un crudo invierno.
Por otro lado, se nos reporta que, ante la denuncia por presunto acoso sexual en una escuela secundaria de La Piedad, la secretaría de Educación del estado (SEE) reitera su protección y atención al estudiantado, e informó que se envió una comisión especial que confirmó que el presunto involucrado no es maestro adscrito a la dependencia estatal.
A su vez, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís, detalló que hay registro de 10 denuncias ante el órgano procurador de justicia por las manifestaciones de normalistas suscitadas durante la semana pasada en donde se vandalizaros diferentes inmuebles en Morelia. De la cantidad de recursos legales mencionados, el fiscal descartó que alguno de ellos haya sido interpuesto por el Poder Judicial de Michoacán, es decir, el PJEM no denunció a los normalistas pese a que el edificio central fue uno de los más dañados durante las protestas y explicó que en el proceso de integración de las denuncias, dos presuntos responsables fueron requeridos, pero todo parece indicar que, como en ocasiones anteriores, los hechos vandálicos quedarán impunes.
Ante todo lo anterior ¿es de extrañar que existan los indicadores educativos mencionados al inicio de esta entrega? En fin…
Nos pasamos a la Universidad Michoacana, donde a la actual administración se la están poniendo facilita: con el incremento presupuestal de hasta un 20 por ciento para la institución, y erigir a la universidad a un término constitucional en términos de derechos, podrán eliminar la mayor parte del déficit presupuestal con el cual opera, pero para ello surgen algunos problemas añejos, como es el tema de pensiones y jubilaciones, como lo mencionó la rectora Yarabí Ávila González, quien un tanto contradiciéndose, dijo que están salvaguardados los derechos de los trabajadores que ya se jubilaron o que están en proceso de jubilación.
Y ya que estamos en terrenos nicolaitas, en lo que se refiere a los académicos sindicalizados, sin mencionarlo por su nombre, la coalición que se encuentra adherida al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), arremetieron en contra del todavía secretario del gremio, Jorge Luis Ávila Rojas, quien al parecer ya también quiere perpetuarse en el cargo al no convocar elecciones en el año 2021, por lo que ya casi completa un periodo más de 4 años de los que fue elegido, como que en su caso se ve el ala protectora de alguien.
Para concluir, en el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) la seguridad de su comunidad educativa es una alta prioridad, por ello la secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició la instalación de cámaras de videograbación y botones de
pánico en los planteles. El director general del Cobaem, David Alfaro Garcés, informó que, al ser el subsistema de educación media superior más grande del estado, se protegerá con tecnología de punta a alumnas, alumnos, docentes, trabajadoras y trabajadores de los 129 centros educativos que son parte de esta institución. También reconoció el apoyo recibido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien avaló este proyecto el cual garantiza espacios seguros para las y los jóvenes bachilleres. Nada más un pequeño detalle, hace algunos años, al incrementarse la inseguridad en diversos planteles de nivel medio superior, se intentó hacer lo mismo, proyecto que fracasó rotundamente porque los alumnos y padres de familia alegaron que “se sentían vigilados”. Y hasta aquí por hoy…
