Ambigú| ¿Dónde están los prianistas corruptos del pasado?

Por: Martha Elba Torres Martínez

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex presidente de la Suprema Corte y entrado a político chairo, “sacó para fuera” de la conversación pública y política, no solo a López Obrador sino a su candidata, y lleva toda la semana -y seguramente las próximas por eso de los juicios políticos-, como la prioridad 4T. A mitad de la campaña y a nueve días del segundo debate presidencial, bueno fuera para la causa que enarbolan contra la corrupción e impunidad, pero no.

Se trata de su inescrupulosa conducta como ministro y presidente del Poder Judicial de la Federación, que le deja un haber de retiro de casi 200 mil pesos al mes y como empleado “extraterritorial” del presidente López Obrador, se embolsaba la friolera de 300 mil; amen de los 11 millones de dólares que cobró a cuatro bancos por ampararlos en 2003 del Fobaproa, comparte el columnista Francisco Rodríguez.

Zaldívar es otro de los clásicos ricos cuatroteros -como les dice Paco- que se desgarran las vestiduras en defensa del “pueblo pobre” pero no le convida un pinche peso.

El caso que hace ocho días, el vienes 12 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza la presidenta de la Corte, Norma Piña, dio a conocer que había dado trámite a la denuncia anónima de 32 páginas que recibió el martes 9, en contra de Zaldívar y veinte personas más, por delitos como intimidación, extorsión y acoso de jueces, magistrados y secretarios de ese Poder, con el fin de obtener resoluciones a favor del Ejecutivo Federal y de los intereses personales y económicos de ex funcionarios señalados.

Esta denuncia anónima -porque obvio, ya estaría muerto el o los delatores- se hizo llegar al CJF, luego de que el 21 de febrero, el presidente López Obrador y por su propia bocota, aceptara en su mañanera, que le pedía “favores”, “respetuosamente”, al entonces presidente de la Corte, para que “interviniera” ante jueces, magistrados y ministros y resolvieran a su favor.

Aquí en Michoacán, en tiempos de los templarios, era bien sabido que cuando alguien -políticos, funcionarios y periodistas- era llamado “al cerrito” -por “La Tuta”-, negarse, era sentencia de muerte. En este caso, se les citaba “en el piso 14” de la torre del CJF para ´aflojarlos´.

Dijo López Obrador en esa mañanera -y por tanto debería ser llamado a declarar si van en serio las investigaciones-: “Se hablaba con él (Arturo Zaldívar) y él pedía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía ‘cuidado con esto’ (…) entonces, él ayudaba”.

Aceptó públicamente el Presidente de la República, que Arturo Zaldívar era su ayudante, su facilitador, a cambio de beneficios económicos y políticos. Si eso no es corrupción y vulnerar la autonomía e independencia de órganos juridiccionales, entonces no sé qué.

El columnista Raymundo Rivapalacio cita siete casos en los que operó la mafia 4T en el Poder Judicial: Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Odebrecht; Ayotzinapa y Jesús Murillo Karam; Genaro García Luna; Luis Cárdenas Palomino; Rosario Robles; Caja Libertad y Juan Collado, y un acuerdo reparatorio multimillonario al Infonavit por parte de una empresa. Hay que sumarle los sospechosistas fallos en torno a las obras insignia del régimen.

Si revisamos, solo García Luna está en prisión y con sentencia en Estados Unidos; los demás, en prisión domiciliaria o libertad condicional. Así de chafa la Fiscalía de Alejandro Gertz que hasta pasantes de derecho le tumban sus grandes casos.

La denuncia, que a estas alturas ya no es tan anónima sobre la red de corrupción de Arturo Zaldívar, involucra como sus operadores, a Carlos Antonio Alpízar Salazar, actual Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Segob y ex secretario técnico del Consejo de la Judicatura y ex secretario técnico de la Presidencia del CJF; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) y actualmente magistrado federal; Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y hoy coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres y desde luego, a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia.

La denuncia pinta como absoluta verdad, por esa especie de picaporte para llegar al Presidente, que era Sherer Ibarra. Literal, atendía todos los asuntos públicos y políticos, como reveló el propio Presidente un día después de que se oficializara la renuncia de este rufián, el 1 de septiembre de 2021: llevaba “la relación respetuosa con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia”. Por cierto, el hijo del reconocido periodista, tiene un departamento con valor de 1.7 millones de dólares en Nueva York y de esto nunca se hizo escándalo como con los demás.

De acuerdo a la denuncia contra Arturo Zaldívar y sus cómplices, habrán sido unos 70 jueces y magistrados que fueron presionados y amenazados en 18 temas emblemáticos para López Obrador…

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El tema, que en el seguimiento al caso Zaldívar y un repaso de los casos de corrupción más sonados de este sexenio, en contraste con la narrativa de Claudia Sheinbaum y los 4: “este 2024 solo hay dos caminos: que siga la transformación o que regrese el pasado de corrupción”, surge la pregunta: ¿en dónde están ahora, los corruptos prianistas del pasado?

En la refrescadita a la memoria, el emblema viviente de la corrupción del viejo PRI, no es otro que el director de la CFE, Manuel Bartlett, con sus 26 propiedades con valor de 800 millones de pesos y 12 empresas que creó a lo largo de los cargos públicos; su hijo Manuel Bartlett Álvarez, que en plena pandemia y mientras la gente se moría en la calle por falta de atención y ventiladores, vendió 20 unidades al gobierno de Hidalgo en 31 mdp. En otras palabras, hizo negocio con el dolor del “pueblo” porque los que mayormente se murieron eran pobres.

Ana Guevara, titular de la Conade, mandó a las atletas de alto rendimiento a vender calzones, mientras se enriquecía con su red de empresas “factureras”. Y qué decir de David León Romero, a quien el Presidente le encargó la delicadísima tarea de la distribución de medicamentos a nivel nacional, por haber entregado ´sobres amarillos´ a sus hermanos Pío y Martinazo.

Y que tal Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública que junto con su esposo el “intelectual” John Ackerman, se hicieron en muy poco tiempo, de seis propiedades con valor de 60 mdp; y todavía su hermano, Amílcar Sandoval, delegado del Bienestar en Guerrero y aspirante a la gubernatura de ese estado en 2021, que se le ocurre presumir su nueva riqueza con Morena, en su camionetota 4×4 blindada y con valor de 1.3 mdp. Y el otro hermano, Netzaí, involucrado en el caso Zaldívar. ¡Que bonita familia! El nepotismo, cabronsísimo en este gobierno.

Recordemos a Ricardo Rodríguez Vargas quien fue el primer titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) y acusado por su sucesor en el cargo, de haberse chingado las muy valiosas joyas en oro, diamantes, esmeraldas, rubí y zafiro, que les decomisaban a los narcos; en el entuerto estaba Alejandro Esquer, el siniestro secretario particular de AMLO y que siempre se ha encargado de allegarle las “mochilas”.

Y a Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, además de su fastuosa boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humprey, se le documentó la compra de cuatro inmuebles y uno de esos autos carísimos, con valor de 40 mdp cuando su sueldo era de 107 mil pesos al mes.

Veamos a las y los gobernadores de Morena y su prianrdismo:

David Monreal, de Zacatecas; Miguel Barbosa (qepd), de Puebla; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Alfonso Durazo, de Sonora; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Julio Menchaca, de Hidalgo, Américo Villareal, de Tamaulipas; Alfredo Bedolla, de Michoacán, que fue perredista y silvanista.

De Layda Sansores, conocida su vida pública y política, no dejo de preguntarme ¿quién contaminó a quién? respecto a su secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, que sacó de Morelia para llevársela a la alcaldía Álvaro Obregón y luego a Campeche. Me quedo con la Marce que conocí, una madre amorosa, siempre al pendiente de su familia, limpia de mente y corazón; aspiracionista, que estudió Psicología ya casada y con sus dos hijas e hijo mayorcitos, para progresar.

Los gobernadores del PRI en este sexenio y que entregaron sus estados a AMLO a cambio de impunidad y cargos diplomáticos: Omar Fayad, de Hidalgo y embajador en Noruega; Claudia Pavlovich, de Sonora y cónsul en Barcelona; Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa y embajador en España; Carlos Aysa González, de Campeche y embajador en República Dominicana y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, embajador en Canadá.

Ya les tocó ni madres por semejante traición a su partido, a Alejandro Murat, de Oaxaca; Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, del Edomex; estos, junto con Javier Corral, de Chihuahua, ahí están de arrimados con Claudia, para que, si gana, les aviente un hueso.

Y cómo no mencionar que, de las nueve candidaturas a gobernador o gobernadora, cuatro -Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Chiapas- en juego este 2024, fueron para exprianistas. A los rojos, azules y amarillos, no hay nada qué ofrecer, ni cargos, ni contratos, ni una chambita. Amor puro a la camiseta. Y dignidad.

Recapitular todos los casos de corrupción, denunciados pública y judicialmente, en el gobierno de López Obrador es muy pero muy largo. Son tantos y con pruebas, que resulta imposible pensar que el Presidente nunca se enteró. Hoy en boga, las propiedades por 100 millones de pesos de Roció Nahle, la ex secretaria de Energía; los negocios de los hijos López Beltrán y Amílcar Olán en las obras del Tren Maya y Pemex; las investigaciones en EU por el tráfico ilegal de gasolina, en el que está involucrado Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena; y la decena de denuncias contra Hugo López Gatell por el mal manejo de la pandemia. En su conciencia y la de López Obrador, las 244 mil muertes innecesarias e injustificables. Pero hay un Dios.

Entiendo que AMLO, desesperado por ganar la Presidencia en su tercer intento, aceptó de todo, lo más corrupto y podrido del PRIAN y PRD para hacerse de votos. Pero de eso, a que no reconozca ni uno, salvo la estafa por 15 mil millones de pesos en Segalmex, del ex priísta Ignacio Ovalle y ex perredista Leonel Cota, es la mayor traición a México y su Movimiento.

¿Qué le costaba meter a uno, dos, a la cárcel, como escarmiento a la corrupción? Lo hicieron los ex presidentes José López Portillo, con Jorge Diaz Serrano; Miguel De la Madrid, con el “Negro” Durazo; Carlos Salinas de Gortari, con “La Quina”; Ernesto Zedillo, con el “hermano incómodo” Raúl; Enrique Peña Nieto, con Elba Esther Gordillo.

Pero no. AMLO nunca aceptará que esta embarrado hasta las orejas, de la mierda de los corruptos prianistas del pasado que lo rodea. Allá él. Y Claudia, la “tapadera”. Con que se acuerden y reflexionen los electores de este gobierno de corrupción, el 2 de junio, es lo importante…