Aunque los enfrenten, la CNTE no se raja

Investigaciones

CNTE vs Gobierno, choque de trenes

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

La sociedad michoacana tembló durante las últimas semanas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscó nuevos motivos o revivió algunos otros para retomar la violencia como modelo de gestión, esta vez enfocada a acciones que en el pasado le resultaron, como es la toma de las vías del tren.

Sin embargo, ahora el gobierno del estado que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la misma federación decidieron que ya era suficiente, por lo que hasta en tres ocasiones durante la última semana se impidió que el grupo Poder de Base de la CNTE, que encabeza Benjamín Hernández Gutiérrez, se aposentara e instalara sus campamentos en los sitios donde consideran hacen más daño y bloquear con ello el paso del ferrocarril.

Las acciones se tornaron violentas: la Guardia Nacional (GN) y Policía de Michoacán tuvieron sendos enfrentamientos con presuntos estudiantes normalistas y miembros de la Coordinadora en las vías del tren en Caltzontzin, municipio de Uruapan, en otros puntos carreteros e incluso en céntrica colonia de Morelia.

En el caso de Uruapan, los manifestantes fueron repelidos por miembros de la SSP e integrantes de la GN ante el intento del nuevo bloqueo por parte de los miembros de la CNTE. No obstante, los manifestantes lanzaron piedras, palos y cuetones a los elementos de la Guardia Nacional aunque no se reportaron heridos.

Para su bloqueo, los presuntos trabajadores de la educación derribaron dos árboles en la salida a la Cofradía sobre la línea ferroviaria; es de destacarse que ya se habían expresado planes para bloquear las vías en protesta contra el gobierno estatal por parte de Poder Base, quienes hicieron un llamado a los integrantes de la base de Educación Indígena en la plaza Caltzontzin para tomar las vías que pasan por el lugar.

 Poder de Base de la Sección XVIII es conocida como el ala radical que compone el magisterio michoacano, e incluso es repudiada por el grupo de la CNTE legalmente reconocido, cuyo líder es Gamaliel Guzmán Cruz. Su demanda de hoy es la remoción del director de Educación Indígena. A través de redes sociales han aclarado que se trata de “maestros de educación indígena, no delincuentes ni radicales como se nos ha estado criminalizando”, pero habría de recordar que han encabezado otros actos vandálicos.

Por otra parte, en Morelia, durante la tarde del pasado martes, un grupo de estudiantes normalistas retuvieron tres vehículos comerciales y bloquearon la vialidad a la altura del fraccionamiento Torremolinos, en Morelia. La situación desencadenó un enfrentamiento y posterior persecución de los normalistas, a quienes los policías sometieron golpeándolos hasta con los cascos para luego detenerlos, actos que quedaron registrados en diversos vídeos de las cámaras de vigilancia de la zona.

Los hechos violentos tuvieron lugar en las cercanías de la Escuela Normal Superior de Michoacán, localizada en el citado asentamiento y según se pudo apreciar, los jóvenes utilizaron cohetones y piedras para agredir a los oficiales de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP).

Los uniformados lograron replegar a los normalistas, y luego de perseguirlos por calles de Torremolinos detuvieron a 10 de ellos y los trasladaron a barandilla para que la instancia competente realice lo conducente. Las unidades que habían sido retenidas fueron recuperadas; hasta el momento no se ha aclarado si se fincarán delitos a los presuntos estudiantes.

Aunque los enfrenten, la CNTE no se raja

Hasta ahora, la jornada de lucha de los miembros de la CNTE planea mantenerse ante la falta de negociaciones exitosas entre el gobierno de Ramírez Bedolla e incluso argumentan que proseguirán porque en la SEE “incurren en actos de corrupción y están relacionados con el robo de combustibles, mejor conocido como huachicoleo”.

Sea cual fuere el pretexto, los métodos de lucha para resolver las demandas de los integrantes de la CNTE o de los estudiantes normalistas siempre ha sido mediante la violencia, la exhibición de músculo o el atentado contra la propia sociedad.

Una muestra más fue esta semana, durante la cual intentaron hasta por tres ocasiones el bloqueo de las vías del tren en Uruapan, Michoacán, lo que hasta el jueves fue impedido por la fuerza pública; sin embargo, para el establecimiento de las negociaciones, el gobierno cedió y retiró a sus encargados del orden, para permitir una asamblea en la que se decidiría si el bloqueo se efectúa o no.

En tanto, los normalistas optaron por replegarse hacia su aula mater en Tiripetío para bloquear carreteras y secuestrar camiones, lo que hasta este jueves 10 venían realizando.

Es destacable que este año parece que los gobiernos estatal y federal no están dispuestos a permitir más cierres a las vías del tren; el único pero es que mientras las confrontaciones siguen en las calles y carreteras, tras el telón son firmadas las famosas minutas entre las que destaca el otorgamiento de más presupuesto a las Normales y la destitución de funcionarios a contentillo de los huestes magisteriales.

Violencia en lugar de educación

Pero ante los alardes de fuerza, ¿qué es lo que se vislumbra? En la SEE se aplica el viejo dicho: “Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”, y eso es precisamente lo que ocurre con quienes se disputan la dirigencia de la CNTE en Michoacán; son grupos de poder y choque que desde hace casi 4 años, cuando se anunció la renovación de la dirigencia, empezaron con el descredito, las acusaciones y los ataques violentos mutuos, que dejaron en medio a la sociedad michoacana.

Paros en las escuelas, tomas de vías en diversos puntos de la geografía michoacana, trifulcas en los centros de trabajo, incluido el edificio central de la SEE, han sido lo cotidiano, en medio de acusaciones hacia quienes se supone se encuentran atrás de cada fracción: quienes están del lado de Guzmán Cruz dicen que Benjamín Hernández es el malo y viceversa, pero lo cierto es que los dos grupos tienen un objetivo común, poner en jaque al gobierno en turno, apoyado cada uno de ellos por los futuros normalistas.

Lo que también es verdad es que la CNTE (ambas fracciones) han calificado los enfrentamientos con las fuerzas del orden como un exceso de la presencia policial y advirtieron que se ha iniciado con el pie izquierdo la nueva relación con el magisterio democrático. La irrupción policial, para ellos, representa una provocación a los docentes michoacanos, por lo que responsabilizaron al gobierno de Alfredo Bedolla de futuras confrontaciones entre la CNTE y la fuerza pública (es decir, se empiezan a curar en salud).

Educación en jaque

El escenario que hoy se vive no es nuevo para la Michoacán. Habría que recordar que para que una entidad avance, primero debe afianzar aquellas políticas de Estado que son fundamentales: entre otras, salud, alimentación, infraestructura y sobre todo, educación. En este último punto, la inestabilidad en Michoacán no es nueva; desde 1917, cuando se establecen las primeras directrices al respecto luego del movimiento armado que conocemos como revolución, no se ha registrado un momento de tranquilidad, mucho menos se han establecido líneas educativas con alguna permanencia, sobre todo durante las últimas tres décadas.

La política educativa michoacana, pese a ser innovadora en relación a sus pares, se ha visto trastocada a lo largo de su historia por luchas internas que han impedido aterrizar propuestas que en su momento tuvieron una gran visión; tal es el caso de la constitución estatal de 1858, que en sus artículos 121 y 122 establecía que “el Estado proporcionará a sus habitantes enseñanza gratuita para formar de ellos ciudadanos útiles”; o bien que “la instrucción pública será uno de los objetos a los que el Ejecutivo prestará una protección particular, y la que de toda preferencia impulsarán las leyes”.

Fue de vanguardia de igual manera que un par de años después, bajo la administración de Justo Mendoza, se otorgara un presupuesto sin precedentes para la creación de escuelas primarias para niños y niñas. De haber continuado con esas tendencias, la educación michoacana hubiera sido de primer mundo, pero se atravesó la dictadura que nuevamente hundió no sólo al estado, sino al país en el analfabetismo y el retroceso.

La reconstrucción educativa fue difícil en México y en Michoacán luego de la revolución; pasó por infinidad de reformas y por la implementación una y otra vez de leyes de Educación que buscaban justificar nuevos contenidos y directrices, pero sobre todo que pretendían el respaldo del naciente Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En Michoacán la situación de rezago educativo se empezó a acumular desde 1988, cuando el gremio educativo se fragmenta e inicia una lucha intestina entre los llamados sindicatos democrático e institucional; es entonces que el aspecto educativo pasó a un segundo plano y todo lo relativo a él se transforma en un asunto político.

Resultado de ello es que actualmente el grado promedio de escolaridad de los michoacanos es de 7.3 años, lo que los sitúa en el lugar 29 a nivel nacional, lejos de la entidad con más años de escolaridad, que es la Ciudad de México con 10.5 años.

En términos del Índice de Desempeño Incluyente (IDEI) diseñado por la organización Mexicanos Primero, en el que se evalúa el impacto de las políticas educativas tanto en los resultados de los alumnos, como en los procesos de gestión necesarios para alcanzar una educación incluyente, Michoacán se encuentra en el lugar 31 para primaria y en el último lugar para secundaria, lo que además no se vislumbra que cambie considerando el impacto que la pandemia por COVID-19 ha acarreado.

Como ya se mencionó, además del escaso impacto de las políticas educativas en Michoacán, la entidad se ha caracterizado por los frecuentes escándalos protagonizados por los maestros. Según la citada organización, algunos de estos problemas, derivados de la inexistencia de un registro confiable de maestros, son la fragmentación de plazas, plazas inexistentes y plazas duplicadas en áreas geográficamente incompatibles.

Michoacán se ubica en el lugar 26 a nivel nacional en materia de analfabetismo, pues 11.4 por ciento de la población mayor de 15 años se encuentra en esta condición, en tanto el  promedio nacional es de 7.6 por ciento, señala la fuente citada.

Con respecto al financiamiento de la educación en la entidad, más de la mitad es canalizado a la secretaría de Educación del estado, lo que implica que, al menos en términos presupuestarios, la educación y su burocracia son una prioridad, aunque esto ciertamente pudiera ser engañoso, porque gran parte de este dinero se aplica en acuerdos signados en las ya conocidas minutas (que ahora dicen que no existen) con las distintas fracciones magisteriales, sobre todo la llamada democrática o disidente.

Educación descabezada  

Al evaluar las condiciones actuales del sistema educativo en Michoacán, tal parece que poco puede hacerse ya para subsanarlo; la lucha se ve perdida luego de una larga lista de secretarios de Educación en la entidad desde 1988, que en lugar de proponer estrategias claras para avanzar, se concretaron en hacer las mismas promesas una y otra vez.

Al inicio del ciclo escolar siempre se establece el compromiso de cumplir con el calendario escolar; acuerdan reforzar la vinculación académica entre los niveles educativos para garantizar la permanencia de estudiantes en el aula; juran sancionar a los trabajadores de la educación que no cumplan con su labor y prometen diseñar las estrategias necesarias para evitar retrasos en la entrega de boletas y certificados, una demanda permanente en diversos planteles, pero todo ha sido infructuoso, puesto que Michoacán cae cada vez más en el abismo.

Y como no va a ser así, si en la lista de responsables de la política educativa de Michoacán hubo quienes duraron únicamente 2 semanas en su puesto, abundando las administraciones gubernamentales que contaron hasta con 3 secretarios en 4 años.

Es imposible que pueda existir continuidad educativa cuando se registra el caso de sexenios como el del Víctor Manuel Tinoco Rubí, durante el cual hubo 6 secretarios de educación; o como el de Leonel Godoy, que nombró a Aída Sagrero Hernández primero para cumplir con la encomienda de designar a una mujer en un puesto importante, y luego para justificar ante el magisterio democrático que se les tomó en cuenta, a pesar de que el único mérito de la funcionaria fue haber tomado parte en la toma violenta en una televisora local y ser una cara sobresaliente durante marchas y plantones de la CNTE.

El entreguismo a los intereses sindicales no pudo ser más evidente que el registrado durante la gestión de Jesús Sierra Arias. Los números hablan por sí solos y fueron puestos en evidencia por la Auditoría Superior de Michoacán, con un escandaloso déficit presupuestal no clarificado y el crecimiento a 9 mil en cuanto al número de “aviadores” en la nómina de la SEE.

Es difícil, sin embargo, que la institución erradique el burocratismo y fortalezca el uso de nuevas tecnologías de la información en la administración educativa. También plantea un desafío el establecer acciones de reordenamiento laboral y de promoción de una cultura del trabajo, orientada a desaparecer la práctica de “cobrar sin trabajar” tanto en oficinas centrales como en planteles educativos. Ese reto queda planteado para modificar los índices de Michoacán en el terreno educativo.

En cuanto al problema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante 10 o 15 años el estado de Michoacán se fue alejando de las políticas educativas que marcaba la federación y ahora decimos estar con ellas, pero se está pasando un trago amargo

En general, los secretarios de Educación que ha tenido Michoacán han olvidado que no deben ser los sindicatos los que dicten las políticas públicas en la entidad, ya que los gremios tienen otra función y de acuerdo a lo que se percibe, estos funcionarios (antiguos líderes) estarán bajando de volumen a la aplicación de la reforma en el estado.

Tal parece que al gobierno del estado, sin importar quien lo encabece, le preocupa más silenciar la inconformidad y los conflictos por la vía de la confrontación, que la construcción de una política educativa, racional, pública y argumentada, que venga a transformar las estructuras, los contenidos, las prácticas y las mentalidades de los michoacanos. La democracia no es la condición para trabajar en la unanimidad y la homogeneidad, sino en la multiplicidad de las voces de la razón y lo que va a distinguir a éstas es el grado de justificación argumentada, conforme a la razón crítica, el proyecto de sociedad, el conocimiento sobre la realidad y su vinculación con la práctica.

Mientras tanto, el sector educativo sigue marcando la pauta en la nota roja.

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