El apoyo para mujeres que no fue
(segunda y última parte)
Por: Unidad de Investigación Aplicada/MCCI
Desde enero de 2017 hasta junio de 2022, en todo México se han registrado 6 mil 11 feminicidios. A la par, en ese mismo periodo de tiempo, 19 mil 25 mujeres han sido víctimas de homicidios dolosos. Esto de acuerdo a las cifras que mensualmente hace públicas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, no es posible saber cuántas de esas mujeres realmente fueron víctimas de un feminicidio y no de un homicidio doloso, ya que las cifras públicas no especifican las causas de muerte.
La importancia de diferenciar el homicidio doloso del feminicidio es la violencia con la que estas mujeres son asesinadas. El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:
-Los signos de violencia sexual
-Las lesiones o mutilaciones
-Los antecedentes de violencia
-Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario
-Las amenazas o agresiones previas al asesinato
-Que la víctima haya sido incomunicada
-Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
Después de una larga batalla encabezada por activistas, abogados y principalmente familiares de víctimas de feminicidio, desde inicio de 2022, los 32 estados de la República Mexicana contemplan ya estos 7 puntos dentro de sus Códigos Penales Locales.
Además de estos, se han añadido otros indicativos en los Códigos Penales que rigen a los estados del país, como lo son:
-El cuerpo de la víctima haya sido enterrado u ocultado
-Se haya encontrado en un estado de indefensión. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio
-Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el feminicida una persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación
-Misoginia
-Cuando de la escena del hecho se desprendan indicios de humillación o denigración de parte del feminicida hacia la víctima
-Que el feminicida haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima
-Que el feminicida lo cometa por odio o aversión a las mujeres
-Que el feminicida lo cometa por celos extremos respecto a la víctima
-Discriminación
Sin embargo, entre el homicidio y el feminicidio existe otro delito que aún no está tipificado en todo el país: la tentativa de feminicidio. Al revisar los 32 Códigos Penales Estatales y el Código Penal Federal se identificó que solamente cinco estados tienen tipificado el delito de tentativa de feminicidio: Campeche, Durango, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
Apenas en abril de 2022, con 474 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las y los diputados aprobaron modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para sancionar el feminicidio en grado de tentativa. El dictamen indica que no gozarán de la libertad condicional, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena los sentenciados por este delito. Gracias a esta modificación ahora la pena por este delito (en donde está reconocido) será hasta de 40 años de prisión.
Carmen Sánchez lo vivió. Ella soñó con “El Enemigo” e imaginó que llegaba a la puerta de su casa para dejarle dinero que necesitaba. Tres horas después, El Enemigo apareció en su casa, como en el sueño, pero no le llevó dinero, sino una botella con ácido que vació en su cuerpo. Esto no fue un hecho inesperado, sino el desenlace de 10 años de violencia que sufrió al lado de su expareja.
Ella tenía 18 años cuando conoció al hombre que meses después se convertiría en su pareja y al poco tiempo también en su violentador. El ataque que desfiguró casi toda la mitad derecha de su cuerpo ocurrió el jueves 20 de febrero de 2014 y fue el peldaño más alto de la violencia que vivió durante una década.
A lo largo de su relación, Carmen presentó dos denuncias hacia su agresor, una de ellas por violencia intrafamiliar y la segunda por sustracción de una menor, pues se llevó unos meses a Monterrey a la hija que procrearon en común y la utilizaba para chantajear y manipular a Carmen. Gracias a estos precedentes se pudo tipificar el delito por el que se le acusaba de lesiones a feminicidio en grado de tentativa. Ya que los ataques con ácido no están reconocidos como agravantes en la tentativa de feminicidio.
La incorporación del delito de feminicidio en el año 2012 en el Código Penal Federal, significó un gran avance para visibilizar la violencia de género, pero actualmente ni el Código Penal de la Ciudad de México o el del Estado de México tienen reconocida la figura de feminicidio en grado de tentativa.
Los recursos para la (poca) investigación
En términos absolutos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es la institución gubernamental con mayor presupuesto de las cuatro analizadas para esta investigación, seguido del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y por último la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
En medio de una crisis pública de violencia hacia las mujeres, la Fevimtra y la Conavim han mantenido presupuestos que van a la baja. En 2021, el presupuesto destinado a Fevimtra tuvo una disminución del 3.6% respecto al año anterior, lo que se suma a las tendencias anuales de disminución de su presupuesto.
Aunque hay 10 feminicidios al día y un aumento generalizado en delitos de violencia de género, el presupuesto de la Fevimtra es insuficiente para atender el problema. Para el caso de la Conavim, institución que idealmente sería complementaria a Fevimtra, el presupuesto también ha sido comparativamente bajo en relación con otras instituciones en favor de las víctimas, como lo es la CEAV.
Actualmente la Conavim mantiene un presupuesto, en términos reales, mayor que aquel destinado a la Fevimtra. Sin embargo, las desapariciones y feminicidios siguen a la alza y el trabajo de prevención de estas instituciones resulta insuficiente para atenderlos.
Gobierno ve a grupos feministas como amenaza
A finales de septiembre de 2022 se conoció la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había sido hackeada por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”.
En los archivos extraídos de los servidores de la Sedena hay documentos en los que se describe a las feministas como una amenaza a la seguridad. En uno de los documentos confidenciales se coloca a las organizaciones de mujeres al nivel de grupos subversivos y guerrillas.
El documento hackeado reveló que, a través de informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares, el Ejército Mexicano espía y sigue de cerca las actividades de las activistas que coordinan y participan en la lucha por los derechos de las mujeres en México.
Para el actual gobierno federal, los movimientos feministas recién nacieron en 2019 “derivado de la muerte de una menor a manos de su padrastro, la presunta violación de una adolescente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Azcapotzalco; así como, el aumento en los índices de violencia en contra de las mujeres”.
Los informes internos de la Sedena sostienen que los movimientos feministas nacieron como contrapeso de la actual administración morenista, lo cual es falso, porque algunas activistas tienen décadas de lucha.
Los documentos señalan que los principales grupos feministas han incrementado sus movilizaciones y “cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes”.
La Secretaría de la Defensa Nacional identificó al menos 15 grupos feministas, entre los que destacan: el Bloque Negro, Colectivo Mas Mujeres, Colectiva Aquelarre Feminista, Marea Negra y Resistencia Queer.
Pero dentro de los datos más alarmantes está un listado de mujeres feministas que son espiadas por el Gobierno. Por ejemplo, cuando se tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en la calle República de Cuba No. 60, Col. Centro, en la Ciudad de México. El Gobierno mexicano identificó a 11 feministas que formaron parte de la toma, a las que identificó como miembras del “Bloque Negro”.
“Derivado de las diversas agresiones y actos vandálicos por parte de los colectivos feministas, se han realizado diversos análisis, revisión de perfiles y fichas de identidad, de personas relacionadas con hechos delictivos, en marchas y actos feministas a fin de obtener objetivos prioritarios e iniciar carpetas de investigación”.
De acuerdo al documento, al menos 7 jóvenes feministas ya fueron notificadas de que existe una carpeta de investigación bajo su nombre e incluso señalan que, en algunos casos, solicitaron registros telefónicos para determinar su ubicación y así lograr su ubicación.
La violencia que no para
Mientras el presupuesto para apoyar a las mujeres sigue disminuyendo, la violencia se incrementa.
En un periodo de siete días, tres mujeres fueron asesinadas de la misma manera: incineradas. La primera víctima fue Luz Raquel Padilla, que falleció el pasado 19 de julio de 2022 por quemaduras en el 90% de su cuerpo. A los pocos días de que su cuerpo fue encontrado, la versión oficial que difundió la Fiscalía Estatal del estado de Jalisco fue que ella misma se había prendido fuego.
El primero de julio, Margarita Ceceña, de 30 años de edad, fue rociada con gasolina para después prender fuego a su cuerpo. 24 días después del ataque, Margarita murió. El ataque le provocó 70% de quemaduras en todo el cuerpo y el feminicidio fue supuestamente cometido por Primitivo “N”, quien era pareja de su prima.
Este caso se registró en la Ciudad de México, misma parte de la República Mexicana en la que Myrta Itzel -una mujer de 45 años de edad- sufrió maltrato y violencia física y emocional por parte de su pareja, quien le quitó la vida al incendiarla.
El ataque contra Myrta se registró el 4 de mayo, pero ella perdió la vida, por motivo de las quemaduras, a finales de julio.
En un solo mes, tres mujeres más entraron al conteo de feminicidios, por la misma causa de muerte. En uno de esos casos, la autoridad revictimizó con la versión oficial del caso, en los otros dos aún no hay pena contra los feminicidas. Y mientras sus familiares exigen justicia, en México, los recursos para investigar los delitos por razones de género siguen sin ser transparentados por las autoridades.
A lo largo de esta investigación trasnacional se revelará cómo este patrón de cero transparencia y correcto uso del presupuesto para erradicar la violencia de género es un mecanismo que se repite no solo en México, sino también en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile. (Fuente: https://contralacorrupcion.mx/violencia-contra-la-mujer/)
