Por: Saúl Arellano/México Social
El acceso al agua potable es uno de los derechos humanos reconocidos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de ello, pocos han sido los esfuerzos que se realizan en los tres niveles de gobierno para avanzar con la celeridad que se necesita para materializar este derecho y convertirlo en una realidad cotidiana para la población nacional.
Sin duda, la cobertura efectiva del agua potable es uno de los indicadores clave del bienestar y calidad de vida en cualquier sociedad; pero en el caso mexicano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) proporciona datos que resultan desalentadores pues los avances en los últimos años son pocos y muy desiguales entre regiones.
En efecto, aunque se cuenta con valiosa información sobre la cobertura de servicios básicos a través de herramientas como la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), estos diagnósticos no pasan de ser un amplio conjunto de indicadores que no se toman como indicadores prioritarios para orientar la planeación, programación y presupuestación. De esta forma, aunque a partir de lo anterior puede obtenerse una visión clara sobre la deficiente distribución y acceso al agua potable en las viviendas mexicanas, no se toman las medidas necesarias, lo que se traduce tanto en un desordenado proceso de desarrollo urbano como en condiciones de una profunda desigualdad estatal y regional en el país.
El INEGI estima, a través de los datos de la ENVI, que aproximadamente el 94.1% de las viviendas en México tienen acceso a agua entubada. Sin embargo, existen notables diferencias entre las zonas urbanas y rurales. En las áreas urbanas, la cobertura de agua potable alcanza el 97.4%, mientras que en las zonas rurales esta cifra desciende significativamente al 78.6% (INEGI, 2020).
Por otro lado, la ENIGH 2022 complementa esta información al mostrar las disparidades en el acceso a servicios básicos, según el nivel de ingresos de los hogares. En los hogares pertenecientes al decil más alto de ingresos, el acceso al agua potable es prácticamente universal, mientras que, en el decil más bajo, un porcentaje importante de hogares aún depende de fuentes no seguras o inadecuadas de agua (INEGI, 2022). Esto refleja una correlación directa entre el nivel de ingresos y la calidad de los servicios básicos recibidos.
Disparidades Regionales y Desigualdad
Otro factor a considerar es la variación regional. Según los datos de la ENVI, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan los porcentajes más bajos de acceso a agua entubada, con cifras que apenas superan el 70% en algunos casos; situación que revela los rezagos ancestrales y la falta de visión estratégica en el país, pues justamente en el sureste mexicano es donde se encuentran las más amplias reservas de agua dulce del país. En contraste, entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro cuentan con una cobertura cercana al 100% (INEGI, 2020).
Este tipo de disparidades no solo reflejan diferencias en infraestructura, sino también problemas históricos de marginación y falta de inversión en áreas rurales y en los estados menos desarrollados. Todo ello pone en riesgo la salud de las familias y su calidad de vida; pues en evidencia, la carencia de agua potable limita las capacidades familiares e individuales para una adecuada nutrición, pero también es un factor determinante en la prevalencia de infecciones intestinales de todo tipo, que llevan incluso a la muerte a cientos de niñas y niños en el país, lo que es a su vez es determinante de las impresentables cifras de mortalidad infantil que prevalecen en México.
El acceso limitado al agua potable tiene múltiples consecuencias en los hogares mexicanos.
La ENIGH muestra que aquellos hogares que no tienen acceso directo a agua potable deben gastar una proporción mayor de sus ingresos en la compra de agua embotellada o servicios de pipas (INEGI, 2022). Esto no solo incrementa los gastos del hogar, sino que también afecta el tiempo y esfuerzo destinado a adquirir este recurso, sobre todo en zonas rurales; adicionalmente, no debe obviarse el tema de que, esta situación beneficia sobre todo a las grandes embotelladoras, pues son las que resultan beneficiarias de la necesidad de la adquisición de agua o bebidas embotelladas.
El acceso al agua potable en México ha mejorado de manera muy lenta y desigual en todo el país en las últimas décadas; a pesar de que, en la retórica de todos los gobiernos, en todos los niveles, se afirma que es una prioridad, en los hechos es notable la desatención y marginalidad de la agenda.
En ese sentido, los retos que persisten son enormes en términos de equidad y cobertura, especialmente en las zonas rurales y entre los hogares de menores ingresos. La sequía que se ha vivido en los últimos tres años; pero sobre todo, la crisis hídrica que afecta a las grandes zonas lacustres del país, y a las principales cuencas hidrológicas, obligan a que el nuevo gobierno de la República defina en la más alta prioridad la garantía del acceso al agua, con el objetivo de continuar avanzando hacia un país de derechos y de igualdad.
