Por: Saúl Arellano/México Social
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que los homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres se incrementaron de una manera estadísticamente significativa a partir de 2015, cifras a las que, por supuesto, deben añadirse los datos de los feminicidios perpetrados anualmente.
En los datos de este organismo, en 2015 hubo en todo el país 1,734 homicidios dolosos de mujeres; en 2016 la cifra fue de 2,187; en 2017 se llegó a 2,535; en el 2018 se incrementó a 2,759; en el 2019 se llegó al máximo histórico de 2,875; en 2020 la cifra disminuyó ligeramente a 2,800 víctimas; en 2021 descendió a 2,748; mientras que en 2022 se tuvo un registro de 2,808 mujeres asesinadas dolosamente.
En el mes de enero de 2023, el conteo oficial preliminar de mujeres víctimas de homicidio es de 230 mujeres asesinadas, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de víctimas, con 34, seguido del estado de Guanajuato con 32; Baja California con 22 y Zacatecas con 20.
Para el caso de las lesiones dolosas, Guanajuato ocupó, en enero de 2023, el segundo lugar nacional en el número de víctimas; en efecto, de las 5,123 víctimas reportadas, 1,096 se registraron en el Estado de México, mientras que 577 fueron registradas en el estado de Guanajuato, seguidos por los estados de Michoacán, con 331 víctimas; Jalisco, con 287; y Nuevo león, con 254 víctimas de lesiones dolosas.
El reporte sobre mujeres víctimas de corrupción de menores pone a Guanajuato también en primer lugar nacional, con 28 víctimas en enero de 2023, frente a un total nacional de 117. En segundo lugar, aparece Baja California, con 14; y le siguen Nuevo León, con 11; Estado de México con 10 y Chihuahua y Ciudad de México, con 7 víctimas en cada una de estas entidades.
Guanajuato se encuentra también entre las primeras cinco entidades con mayor número de mujeres víctimas de violencia familiar. En primer sitio, en enero de 2023, aparece la Ciudad de México, con 2,873 víctimas; en segundo lugar, se ubica el Estado de México, con 2,207; le siguen Nuevo león, con 1,668; Jalisco con 1,143 y Guanajuato, con 1,136.
En el mes de enero de este 2023, se registraron 815 casos de acoso u hostigamiento sexual; de esa cifra, 123 se denunciaron en la Ciudad de México; 91 en el estado de México; y 75 en Guanajuato; Mientras que, en Chihuahua y Baja California, el número de víctimas fue de 54 y 53, respectivamente.
En este rápido recuento, de las 44,328 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, en Guanajuato se registró en enero de 2023, la cifra más alta, con 4,958; en segundo lugar, estuvo la Ciudad de México, con 4,683; en tercer sitio se ubicó Sonora, con 3,507; mientras que en Jalisco la cifra fue de 2,895.
Los datos que se presentan son apenas una muestra de la terrorífica galería de crueldades y atrocidades que se cometen en la entidad, a las que debe sumarse sin duda alguna la espantosa amenaza cotidiana de la desaparición forzada y la muerte violenta en eventos como las masacres que se perpetran continuamente en diversos municipios de la entidad.
Sorprende sin duda que, siendo la entidad con mayor número de homicidios dolosos contra mujeres en al menos los últimos tres años, y siendo también la segunda entidad con mayor número de homicidios culposos de mujeres, no aparezca en los primeros lugares ni en número absoluto ni en tasas de feminicidios, lo que permite al menos sospechar que se trata de una cuestión de un subregistro doloso, generado por la negativa de la Fiscalía Estatal de clasificar e investigar muchos de esos homicidios como lo que realmente podrían ser: feminicidios.
No hay lugar seguro para las mujeres en Guanajuato. Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), posicionan a las ciudades de Guanajuato que se incluyen en ese instrumento, entre las primeras del país en percepción de inseguridad; pero debe subrayarse que, al igual de lo que ocurre como tendencia nacional, en el nivel de las ciudades la sensación de inseguridad y riesgo de las mujeres supera con mucho lo reportado por sus contrapartes varones. Los datos para Celaya, Irapuato y León así lo confirman.
Lamentablemente la entidad es (des) gobernada por un titular del Ejecutivo que, por decir lo menos, tiene ante estos -y en realidad ante la mayoría de los temas-, una posición frívola; y que, en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, la postura es definitivamente de indolencia e irresponsabilidad que raya en niveles criminales.
En este contexto deplorable, hay infiernos que se viven de forma cotidiana, como el que enfrentan las mujeres que integran a las colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, cuya cifra oficial ronda en las dos mil personas, pero que, en realidad, sumando las que no son denunciadas o registradas ante las Comisiones Estatal o Nacional de Búsqueda, rebasan fácilmente ese umbral.
En Guanajuato no hay acceso de las mujeres a las justicias, así, en plural. Porque ni se accede a la justicia social, ni a la laboral, ni a la salarial, ni a la civil y penal; porque lamentablemente Guanajuato es un ejemplo preclaro de lo que ocurre en las zonas más violentas del país: corrupción, impunidad e incapacidad para gobernar: una suma terrible que compromete de manera profunda la garantía de los derechos humanos.
