Ilegalidades… ‘Sí, ¿y qué?’
Este texto forma parte del recuento puntual de las violaciones a la Constitución y a las leyes que apuntalan la economía, los derechos y libertades de los mexicanos y el orden democrático que MCCI y Causa en Común han hecho, año con año, desde el inicio de este gobierno.
Por: María Amparo Casar y María Elena Morera/MCCI
La frase de López Obrador que dice “Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie” no es correcta ni está completa. Una descripción más precisa de lo que hoy sucede es: “Nadie por encima de la ley… excepto yo y mi gobierno”. En esta administración ni por convencimiento ni por temor se respeta el Estado de Derecho. Y, ya se sabe, sin Estado de Derecho la democracia es una quimera.
Las normas que componen el orden jurídico señalan cuáles son las conductas autorizadas y cuáles no. Además, el principio de legalidad determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente. El cumplimiento de las leyes no es electivo sino obligatorio y supone la existencia de un poder coercitivo que castiga la no observancia de las obligaciones.
Mala tarde. Ninguno de estos tres principios son parte del código de conducta de la actual administración, que se ha alejado una y otra vez de la máxima de la supremacía del “gobierno de las leyes” sobre el “gobierno de los hombres”. Lo que ha privado en este sexenio es el sofisma de que si una ley es injusta, hay que dejarla sin efecto. La realidad que se esconde detrás de esta argucia, es que si la ley estorba el proyecto de gobierno, ése de un solo hombre, hay que dejarla sin efecto.
Desde el inicio, López Obrador dejó en claro que si las bases de la organización política y la estructura gubernamental estorbaban sus planes, haría lo necesario para debilitarlas, cambiarlas, desaparecerlas o simplemente ignorarlas. Es notable la velocidad con la que se han sucedido las violaciones al marco legal, aun sin contar las omisiones en sus obligaciones como titular del Ejecutivo y el daño patrimonial, político y social que ha provocado al conducirse al margen de la ley.
Quebrantar la ley ya no es una anomalía o la consecuencia de tropiezos, ineptitudes o descuidos. Es una conducta habitual que denota una forma de operar propia de un gobernante que desprecia la legalidad. Al ser México un país con una historia en la que ninguno de sus gobernantes ha destacado por el apego a las normas, es difícil encontrar un paralelo de semejantes desproporciones.
Las distintas investigaciones en materia de ilegalidad publicadas en Nexos a partir de 2019 retratan y confirman lo que diversos estudios como el del World Justice Programhan calificado como el deterioro del Estado de Derecho en México. En la última edición de este índice, México continúa su tendencia descendente: de 47 a 42 puntos (sobre 100) entre 2015 y 2022. Se coloca en el lugar 115 entre los 140 países estudiados y por debajo de Guatemala (44 puntos) y El Salvador (46 puntos); ya no se diga de Uruguay (con 71 puntos) o Costa Rica (con 68 puntos).
Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022, contabilizamos 182 acciones presuntamente ilegales que involucran al Poder Ejecutivo (en ocasiones junto con otros Poderes). Cada una de ellas está respaldada por su fundamento jurídico y va acompañada por su correspondiente “medio de defensa”: juicio de amparo o de nulidad, denuncia penal o de responsabilidad administrativa, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad. La inmensa mayoría ha quedado en la impunidad y no hay viso de sanción alguna, ni mucho menos de reparación del daño.
Casualmente, o quizá no tan casualmente, las ilegalidades disminuyen sensiblemente en 2021, cuando la oposición les arrebata a Morena y a sus aliados la mayoría calificada. Por su impacto en el desarrollo económico, político y social del país, las ilegalidades fueron clasificadas en tres rubros: derechos fundamentales, economía y democracia.
Es difícil saber por dónde comenzar a contabilizar las violaciones a los derechos humanos y su afectación. Las encontramos en todos los ámbitos.
En el de la salud, de un plumazo, se dejó fuera de todo servicio médico a 15.6 millones de personas; se redujeron los recursos para combatir el VIH/sida y el cáncer; se hizo retroceder el programa nacional de vacunación que figuraba entre los mejores del mundo, se dejó sin insumos a personal del IMSS para combatir el covid y se provocó un desabasto de medicamentos por ineptitud.
En el de la educación, por omisión o comisión, se presenta un retroceso en ese derecho fundamental. Es verdad que la pandemia hizo muchos estragos para los que el país no estaba preparado, pero la manera de enfrentarlos dejó a millones de niños y jóvenes sin oportunidades de proseguir sus estudios mientras los recursos se dedicaban a las obras emblemáticas de la administración. Por si fuera poco, se desapareció el programa Escuelas de Tiempo Completo sin reparar en las consecuencias que tendría para las madres y los padres que trabajan y para los propios alumnos, y se cancelaron las becas del Conacyt por causas de “fuerza mayor”. Por su gravedad, no puede dejar de mencionarse el atropello que sufrió el CIDE con la imposición, contra la normatividad vigente, del director, quien desde que fue nombrado ha incurrido, a su vez, en violaciones como la desaparición de los estímulos e incentivos a los profesores y los ha dejado sin los “insumos necesarios para realizar investigación o impartir docencia, así como para asegurar las becas y los apoyos académicos para los y las estudiantes”.
En migración, se han documentado los abusos de la Guardia Nacional, la omisión en la protección de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias y el hacinamiento en los campamentos migratorios.
En seguridad, más allá del desastre de la estrategia de “abrazos no balazos” que ha dejado en el sexenio más de 128 000 homicidios, están la emisión de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de la Guardia Nacional (GN), la del Uso de la Fuerza Pública y la transferencia de la GN a la Sedena, por mencionar sólo algunas. Con éstas y otras reformas y decretos se han conculcado los derechos a la seguridad jurídica, la libertad personal, la libertad de tránsito y el debido proceso, así como los principios de presunción de inocencia, principio de mínima intervención en materia penal y de excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
En materia ambiental se han violado tratados internacionales, se ha exentado de las manifestaciones de impacto ambiental a las obras de infraestructura del gobierno y se ha apostado por la generación a partir de energías fósiles y combustibles no renovables.
En fin, no son todas pero sí algunas de las más importantes violaciones a los derechos humanos de un gobierno que se precia de respetarlos como ningún otro. Una vez comprobadas, habrá que agregar las que se deriven de las #SedenaLeaks.
A estas alturas del sexenio no hay duda de que se derrochan recursos en proyectos inviables con muy bajas o nulas probabilidades de atraer beneficios sociales o económicos al país. En el futuro habrá de reprochársele al Presidente el despilfarro improductivo, pero podría argumentarse que no hay ilegalidad alguna en ello porque el Ejecutivo tiene la facultad de decidir el destino de la inversión pública.
El problema es que cada una de las decisiones económicas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la construcción del AIFA, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, se han tomado contraviniendo diversas leyes, atentando contra zonas protegidas, expropiando terrenos de particulares en total opacidad, entregando contratos por adjudicación directa y reasignando recursos sin autorización del Congreso. Un ramillete de ilegalidades.
Las decisiones tomadas al margen del orden constitucional y legal en el campo de la economía han restado al país inversión, competitividad, crecimiento y empleo y han causado un daño patrimonial que llevará años reparar.
Quizá el caso más dramático sea el de la energía eléctrica. Las limitaciones a la inversión privada por priorizar las plantas de CFE en el despacho de energía, la revocación de permisos de autoabasto y la ausencia de reglas claras y de seguridad jurídica no sólo afectan el desempeño de la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad energética del país en el corto plazo. Quizá haya más, pero hasta el momento se han detectado al menos nueve proyectos de inversión paralizados porque sin sustento legal alguno, la Comisión Reguladora de Energía se niega a otorgarles los permisos para su operación a pesar de cumplir con los requisitos para obtenerlos. Además, la reforma eléctrica es motivo de consultas iniciadas por Estados Unidos y Canadá por violaciones al T-MEC.
Cabe destacar, también, que año con año se ha recurrido una y otra vez a dos prácticas ilegales que fueron muy criticadas en el pasado y que en este sexenio no han hecho más que aumentar. Se trata de las adjudicaciones directas que, a pesar de contravenir su excepcionalidad normada en la Constitución y su prohibición en el Plan Nacional de Desarrollo, siguen más presentes que nunca. Para el tercer trimestre de este año alcanzaron el 80 % de todas las obras y compras gubernamentales. Lo mismo pasa con el uso discrecional de los recursos que han dejado de gastarse en los rubros aprobados por la Cámara de Diputados para ser transferidos a otros propósitos. La discrecionalidad es tal que del 100 % del presupuesto aprobado en 2021 al Poder Ejecutivo, el Presidente ha dispuesto a discreción del 19 % del mismo, o sea, de 941 000 millones de pesos. Esto, además de casi 351 000 millones de recursos que se han gastado por arriba de lo presupuestado.
Figuran, a su vez, la ilegal operación de programas sociales, sin reglas de operación y con la intervención de los servidores de la nación y, recientemente, con los servidores de la salud; el uso político del programa de vacunación; los despidos masivos de funcionarios públicos sin indemnización conforme a ley; la desaparición de fideicomisos; el veto a empresas farmacéuticas sin justificación; la contratación de empresas inhabilitadas o fantasma; el falso sorteo del avión presidencial o el inicio de las obras del Tren Maya, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental.
Y la última: a través de un acto administrativo se autorizaron, en octubre de 2022, una serie de medidas para que un puñado de empresas sean eximidas de ciertas cargas fiscales, trámites administrativos y permisos para importar alimentos. Una vez más, el propósito puede ser bueno —contener la inflación—, pero las medidas ponen en riesgo la salud pública y son discriminatorias en términos de la competencia económica. Un asunto de la importancia de los controles sanitarios no puede dejarse a la “buena voluntad” a partir de “una licencia única universal” para importar y distribuir insumos.
Tampoco en el campo de la economía los contrapesos son bienvenidos. Morena planteó una propuesta de reforma al artículo 28 constitucional para eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Energía, y fusionarlas en un solo órgano regulador (Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar). La iniciativa no ha prosperado, pero lo que sí ha ocurrido es la disminución de los re-cursos para la operación de los órganos autónomos.
Orden democrático
Dejamos para el final el debilitamiento del orden democrático porque si bien las democracias no garantizan buenos gobiernos, sí impiden los excesos y sí permiten la posibilidad de corregir.
Ni en el discurso ni en los hechos ni en la manera de ejercer el poder de López Obrador quedan reflejados los valores y prácticas propios de la democracia. Tres ejemplos. En el discurso, el Presidente se precia de ser el nuevo Francisco I. Madero, pero no cesa de atacar a las autoridades electorales; y en los hechos presenta una iniciativa de reforma electoral que pretende desaparecer o limitar las garantías democráticas que se construyeron a lo largo de las últimas cuatro décadas. En la práctica, él, su partido y sus corcholatas se han dedicado a violar la ley electoral que ellos mismos propiciaron cuando eran oposición. Las críticas, resoluciones del INE y del TEPJF no pudieron parar la descarada propaganda del presidente y de Morena en favor de la revocación de mandato, la consulta popular para enjuiciar a funcionarios públicos por actos de corrupción o la abierta promoción electoral que hacen los “tapados” en favor propio y con el aval del Presidente.
Cuando ganó la presidencia, López Obrador imaginó tener un cheque en blanco para impulsar su proyecto. Cuando se dio cuenta de que había barreras legales e institucionales a su voluntad, hizo dos cosas: actuó al margen de la ley e ignoró, cambió o desapareció instituciones que hasta antes de llegar al poder estaban vigentes para acotar el poder del Ejecutivo. Después descubrió que además de las restricciones legales e institucionales, había límites sociales, como los empresarios, la prensa o la sociedad civil organizada. También la emprendió contra ellos. Ése ha sido su proyecto político: la concentración y centralización del poder con o sin la ley en la mano.
Sería antidemocrático, aunque no necesariamente ilegal, desaparecer a los órganos autónomos si el Congreso así lo decidiera. Podrían los legisladores borrar o atenuar las líneas divisorias de los Poderes. Por ejemplo: el Congreso podría decidir que ya no es facultad suya nombrar a los consejeros del INE, como propone el Presidente en su reforma electoral, o ratificar al fiscal general. A esto se le llamaría abdicación del Poder Legislativo y ha ocurrido. Insistimos, no es necesariamente ilegal.
El problema es que este debilitamiento se ha hecho a través de ilegalidades y tiene consecuencias para la democracia que su gobierno proclama respetar. Innumerables nombramientos del Presidente y ratificaciones por el Congreso han sido ilegales. Las consecuencias de esta captura de los órganos de autonomía están a la vista. En el emblemático caso de la CNDH, los mexicanos nos quedamos sin la instancia más importante para combatir las arbitrariedades de las autoridades y, a la larga, para invalidar las normas que violan los derechos humanos. Mientras que bajo la titularidad de Luis Raúl González Pérez la CNDH interpuso acciones de inconstitucionalidad tan importantes como aquéllas contra la Ley de Guardia Nacional, la del Registro de Detenciones, la del Uso de la Fuerza, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la de Educación o la del Sistema Nacional de Carrera de Maestros y Maestras, la actual ombudswoman se ha limitado a interponer unas cuantas acciones de inconstitucionalidad de poca trascendencia como las referidas a derechos de autor y acceso a cargos públicos. Por si a alguien le quedara duda de las consecuencias de nombrar de manera ilegal a incondicionales, ahí está su pronunciamiento —desautorizado por la mayoría de los integrantes de su consejo consultivo— de octubre de 2022, en el que exhorta a que se apruebe la iniciativa de reforma electoral y acusa al INE y a otros órganos autónomos de serlo “únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que… han manchado nuestros procesos electorales”.
Los ataques a los órganos autónomos han sido constantes. Desde los intentos por aprobar una reforma inconstitucional que pretendía eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pasando por la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), hasta proponer la sustitución del INE y del TEPJF por órganos electos por el pueblo. Igualmente ilegal ha sido la omisión en el nombramiento de tres comisionados de la Comisión Federal de Competencia y dos del IFT (artículos 28 y 89 de la CPEUM).
La cooptación y el debilitamiento —financiero, legal y reputacional— de varios de los órganos autónomos han tenido un impacto considerable en la ya de por sí precaria situación en la que viven los ciudadanos y las ciudadanas en México. A cuatro años de gobierno no queda duda de cuán exitosos han sido sus intentos de eliminar estos contrapesos construidos durante las últimas décadas.
La misma suerte ha corrido el Poder Judicial. Los amagos en las mañaneras a jueces y ministros han sido recurrentes. En un país democrático, estas amenazas traspasan el umbral del respeto que debe de privar entre los poderes. El intento de interferencia con otro poder ha sido tal que el propio presidente solicitó una investigación sobre el juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber otorgado suspensiones definitivas en amparos contra la reforma eléctrica, la entrada en vigor del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y contra la Ley de Hidrocarburos. Lo mismo hizo contra el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien concedió suspensiones en contra del Tren Maya, mismas que fueron revocadas, vaya usted a saber por qué, meses después.
Para rematar: probablemente lo que mejor pinta el intento de captura de la SCJN es que, debido a la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en el Pleno, el presidente declaró: “Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”. Su concepción es que todos los poderes deben trabajar para su proyecto de transformación.
El acceso a la información, otro pilar de la democracia y de la rendición de cuentas, también ha sido severamente debilitado. Por motivos de seguridad nacional, se emitió un acuerdo para reservar primero la información del AIFA y se usó este mismo argumento para iniciar su construcción. El acuerdo fue ampliado en noviembre de 2021 y se declararon de interés público y seguridad nacional prácticamente la mayor parte de las actividades de la administración pública federal, al asegurar que las obras realizadas por dependencias del Poder Ejecutivo deben considerarse prioritarias y estratégicas. El acuerdo del presidente fue, primero, objeto de una suspensión definitiva y, después, suspendido de manera parcial por la SCJN a solicitud del INAI por “quebrantar la legalidad, la supremacía constitucional, de división de poderes y de distribución de competencia con motivo del ejercicio de la facultad reglamentaria”.
López Obrador no quiere un Estado de Derecho que obstaculice sus decisiones. De ahí sus ataques contra leyes, laudos o jueces que se interpongan con sus definiciones políticas. De manera complementaria, y a pesar del sinnúmero de opiniones de especialistas y organismos internacionales en el sentido de que la militarización de la seguridad pública y el traslado de cada vez más funciones civiles a las fuerzas armadas no es compatible con un sistema democrático, dicha militarización se mantiene como pieza fundamental de su proyecto político. La SCJN es la última instancia para detener estos atropellos a la legalidad pero, desgraciadamente, muchos de los amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad que podrían contener el avance antidemocrático llevan meses, incluso años, sin ser atendidos.
El recuento de ataques al marco legal que presentamos delinea el perfil de un presidente y un gobierno autoritarios, enemigos del Estado de derecho y de la democracia, enfilados hacia la restricción de libertades y derechos. Es el reflejo de una voluntad política arbitraria que busca moldear, subvertir o evadir cualquier obstáculo normativo o institucional que se interponga en su propósito esencial de perpetuación. Nunca en su historia moderna México había enfrentado semejante riesgo, en tanto nación libre y democrática.
El panorama es desolador. A partir de estos datos no se puede esperar más que más de lo mismo porque, hasta el momento, vulnerar el Estado de derecho simplemente no cuesta.
No se sabe si como en el caso de los sexenios que precedieron al de López Obrador, el quinto año de gobierno comience el ocaso y con ello la pérdida de poder. Aventuramos que no sucederá así, pues la desesperación de que el tiempo se acaba, el desempeño desastroso y la ansiada pero frustrada transformación para entregar un país con menos pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción, pueden llevar a mayores ilegalidades y, si la reforma electoral procediera, al quebrantamiento de la democracia.
Todas éstas y muchas más acciones ilegales o de dudosa legalidad pueden consultarse en el anexo donde se detalla cada acción ilegal y al margen de la ley. Cada una de ellas han lastrado las oportunidades de respetar derechos fundamentales, el desarrollo económico y democrático para el país y sus perspectivas hacia adelante. (Fuente: https://contralacorrupcion.mx/ilegalidades-si-y-que/)
