Las urgencias y la urgencia del diálogo
Por: Mario Luis Fuentes
Del 15 al 17 de noviembre, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM (http://www.pued.unam.mx/) llevó a cabo el 15º Diálogo Nacional por un México Social: “Reconstrucción para el desarrollo”. El título ya es sugerente de lo que, desde la academia, se percibe como una de las mayores urgencias: reconstruir lo que ha sido destruido en los últimos años, y dar cauce a un nuevo curso de desarrollo que modifique estructuralmente lo que nos ha mantenido como una economía de crecimiento mediocre -y por periodos nulos-, a lo largo de los últimos 35 años.
Hay varias coincidencias planteadas en este evento. En primer lugar, que construir un nuevo estilo de desarrollo para el país exige necesariamente de una democracia auténticamente representativa, y que al mismo tiempo promueva una participación ciudadana efectiva, pues sin pluralismo democrático continuaremos cayendo en la trampa de la imposición de visiones particulares del desarrollo, y la determinación de prioridades de intervención sustentadas en lo que a cada gobierno o grupo gobernante le parece que es lo mejor.
Lo anterior sugiere la necesidad de construir nuevos mecanismos de diálogo e interlocución entre los Poderes de la República y los gobiernos estatales y municipales; pero ello requiere, por definición, de una reforma de los partidos políticos, los cuales están obligados a ofrecer a la ciudadanía candidaturas viables y creíbles, en el sentido de ser personas y equipos de trabajo que estén dispuestos a dialogar con la ciudadanía para generar consensos en torno a las prioridades públicas y las estrategias y programas necesarios para alcanzarlos.
Hay pues múltiple agendas respecto de las cuales la acción pública, privada y social es impostergable: la mitigación del cambio climático, el manejo y gestión adecuada del agua, la transición energética, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y brechas, la erradicación del hambre y la pobreza, la construcción de un nuevo sistema de protección social integral y de cuidados, la erradicación de la discriminación y la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras.
Una de las cuestiones más relevantes que surgen de este diálogo, es que se cuenta con la inteligencia, diagnósticos, conocimientos y experiencia para transformarnos en un país de auténtico bienestar. Pero ello requiere de asumir que se requiere de políticas de mediano y largo plazo, cuyos efectos se deben trazar al menos en horizontes de 10 años, lo que implica, nuevamente, un gran acuerdo nacional para aceptar que las prioridades constitucionales no pueden modificarse o desplazarse a capricho de los gobernantes en turno.
En segundo lugar, también es claro que urge hacer mucho más en términos de planeación, programación y presupuestación, lo cual exige que las instituciones públicas cuenten con un auténtico servicio profesional de carrera que permita evitar la comisión de errores graves, reducir las curvas de aprendizaje de quienes llegan a cargos de mandos superiores y de responsabilidad política, y sobre todo, que tengan la capacidad para desarrollar y dar seguimiento a las estrategias de mediano y largo plazo.
Otro de los temas adicionales a lo que las y los expertos plantearon en el evento, es que, desde las universidades públicas, como en este caso desde la UNAM, puede haber convocatorias amplias, plurales y serias; lo que permite plantear a los campus universitarios como los escenarios ideales para el debate especializado y experto en los temas que requieren y exigen de soluciones tanto estructurales como coyunturales y frente a los cuales no cabe la improvisación ocurrente.
En una democracia funcional, debería haber un diálogo continuo y eficaz entre quienes piensan al país y quienes son responsables de tomar decisiones; sobre todo porque en la academia hay personalidades que han tenido experiencia en el servicio público, y que ahora han desarrollado conocimiento en torno a sus agendas de trabajo históricas, lo cual permite generar nuevos enfoques y dar respuesta mucho más efectiva a problemas contemporáneos.
Enfrentamos sin embargo el problema estructural que se ha tenido históricamente: la ausencia de mecanismos institucionalizados para el intercambio de ideas y de visiones; y para la transferencia efectiva de conocimientos, tecnologías y descubrimientos.
Ante la polarización y violencia verbal que se ha generado en el país en los últimos años, los espacios universitarios podrían convertirse en recintos de dialogo civilizado, pero también con alcances civilizatorios porque, por su propia vocación, en las aulas y recintos universitarios siempre está presente la vocación del saber y la conciencia ética de la responsabilidad de hablar con base en evidencia teórica y empírica, cobijados por las humanidades y las artes; perspectivas de mundo que permiten aceptar sin cortapisas la lógica del mejor argumento, en aras de contribuir al bien colectivo.
Gobernar es una tarea de alta complejidad; a la vez que de la mayor responsabilidad ética y política; de cada decisión, de cada acción que emprenden quienes gobiernan, depende la salud, la educación, la alimentación y en general, la defensa integral de todos los derechos humanos, lo cual incluye en no pocas ocasiones, la defensa de la libertad o de la vida misma.
Por ello no puede aceptarse la displicencia gubernamental de ahora, respecto de que “gobernar no tiene ninguna ciencia”; pues, por el contrario, el ejercicio del gobierno, hoy más que nunca, requiere de una sólida base de conocimiento científico y una amplia y profusa dosis de saberes generados por las disciplinas del espíritu.
Por último, es imperativo subrayar que, si algo queda claro a partir del Diálogo que se llevó a cabo, y de otros que se desarrollan cotidianamente en la UNAM, es el sentido de la extrema urgencia de hacer mucho más, y hacerlo de mucho mejor manera.
Las personas en pobreza, las víctimas de la violencia, quienes viven en circunstancias y condiciones de segregación, desempleo o empleo precario; quienes tienen comprometida su salud porque no hay atención oportuna y de calidad, quienes padecen la injusticia, las niñas y niños que sufren el hambre, el abandono o la explotación, no tienen más tiempo. Su hora es ahora, y su derecho es estar protegidos por las instituciones del Estado.
No hay pues más tiempo para la demora; pues las urgencias se acumulan; los rezagos son múltiples y la destrucción institucional avanza. Y frente a ello es urgente que la ciudadanía se decida a actuar.
