Morelos no fue el único
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Las acciones de reconocimiento de determinados personajes o “héroes” que tuvieron un rol histórico en la formación de México como nación, siempre han partido de la atención e imitación de las medidas asumidas por los poderes políticos, económicos y sociales generales, cuyo propósito ha sido el de reivindicar la personalidad de dichos personajes.
En el caso de Michoacán, son contados los héroes que son considerados como tales y que incluso aparecen de manera relevante en los libros de texto o en los programas de estudio de la materia de historia en las aulas escolares.
Pero no se pueden pasar por alto las propuestas de heroización de figuras como Matamoros, Villalongín o García Obeso, entre otros, quienes encontraron fuertes resistencias por parte de miembros de la clase política responsables de asumir las decisiones de institucionalizarlos o no, en torno de lo cual campearon, además de la injerencia de la Iglesia, prejuicios y resentimientos, explicables en buena medida por el desempeño en vida de dichos personajes.
Desde las conmemoraciones del bicentenario de la guerra de Independencia y del centenario de la Revolución mexicana, los estudios sobre las diferentes aristas de la historia cultural han irrumpido con fuerza en los ámbitos historiográficos de Michoacán, lo que ha motivado la producción de libros, ensayos y artículos que han develado para el público en general la personalidad de personajes que antes conocían porque algunas calles de la capital michoacana llevan sus nombres.
Es en este contexto en el que se suscitó el interés por incursionar en el proceso específico que se registró entre las elites sociales y políticas de Michoacán, para integrar el panteón cívico particular, como un elemento histórico identitario en el concierto de las entidades componentes de la república.
No cabe duda que hoy se están tomando en cuenta a personajes que se consideró habían acumulado los suficientes méritos para perpetuar su memoria y erigirse en referentes sociales, como fueron inicialmente los casos de José María García de Obeso y Manuel Villalongín.
Del olvido a los homenajes
El proceso de heroización que se configuró en el marco de transición del antiguo régimen (Nueva España) a la modernidad (México independiente), llevó a la construcción institucional en la nación de la imagen del héroe que se sacrifica en aras del pueblo, y que responde a una necesidad fundamental, que es la de dar cohesión a un grupo social determinado, ya sea una aldea, una etnia o un país.
La creación y valoración de las figuras heroicas han sido utilizadas regularmente por los poderes en turno, para suscitar entre los pueblos respeto y amor a la patria, además de rechazar de manera colectiva todo aquello que atente contra la unidad. En su generalidad los héroes individuales y colectivos logran mucho más tras su muerte física que lo que pudieron haber realizado en vida, en torno a la construcción de sus respectivas naciones.
En el caso de los caídos en la guerra de independencia, se sostuvo que México nada debía a España y era preciso edificar e incluso construirse a sí mismos como una nueva sociedad libertaria, creada con instituciones, usos y costumbres que renegaban explícitamente del pasado hispano.
Pero no todos estaban de acuerdo, pues era aún fuerte a inicios del siglo XIX un grupo de conservadores que opinaban que el país independiente, hijo de España, debía preservar los usos, las instituciones y costumbres de ésta, que eran los que definían su ser nacional, la parte más íntima del mismo.
A este enfrentamiento identitario correspondieron relatos históricos enfrentados, marco en el que se suscitó el debate y las actividades prácticas en torno a quiénes deberían ser los héroes, compitiendo por el honroso sitial de consumador de la Independencia (Iturbide) y el padre de la Patria (Hidalgo).
Cabe destacar que la selección de los héroes de la independencia para el panteón cívico fue facultad del naciente poder legislativo, por lo que se convirtió en un importante tema en disputa de la época. Cada grupo propuso la celebración de los acontecimientos y el reconocimiento de los personajes que no solo eran la explicación del pasado, el presente y el futuro que proponía cada facción, sino que además podían contribuir a legitimar y perpetuar el sistema político que cada grupo deseaba establecer.
Así las cosas, las primeras acciones en torno a la conformación del panteón cívico nacional para honrar la memoria de los héroes que tomaron parte en la gesta insurgente, fueron asumidas por las autoridades que se sucedieron una vez consumada la Independencia. Las ideas en este sentido fueron maduradas en el transcurso del imperio de Iturbide, pero únicamente se dieron pasos en firme en el contexto de la caída del entonces vallisoletano.
Mientras tanto, el 1 de marzo de 1822, una comisión especial del Primer Congreso General Constituyente propuso la exhumación de los restos de Hidalgo, Allende, Morelos, Matamoros, los miembros de la familia Bravo, Aldama, Mina y O’Donoju, para colocarlos en pequeñas arcas, las que se depositarían en el catafalco de la catedral de la ciudad de México. Actualmente, varios de ellos reposan en la columna de la Independencia en la Ciudad de México, a pesar de que en vida tuvieron marcadas diferencias.
Más adelante, luego de la caída del imperio de Iturbide y de la vorágine política derivada de este hecho, se publicó un decreto el 19 de julio de 1823, mediante el cual se procedería a la reivindicación de los precursores de la Independencia. Personajes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales, recibieron el “desagravio de sus cenizas” en una solemne ceremonia que fue programada para el 16 de septiembre de ese año, en ocasión del XIII aniversario del inicio del movimiento insurgente.
Con ese propósito se procedería de inmediato a la localización y exhumación de sus restos para trasladarlos a la ciudad de México, en donde tras las exequias en cuestión serían reinhumados al día siguiente en la catedral metropolitana, tal y como se había proyectado desde tiempo atrás. En el mismo decreto se dispuso la construcción de monumentos en los sitios precisos en los que ocurrieron los fusilamientos de estos héroes.
¿Y en Michoacán qué?
Con los héroes locales michoacanos ocurrió algo similar, puesto que fue precisamente la obligación de cumplir con el contenido del citado ordenamiento, lo que llevó a que el panteón cívico se posicionara entre la clase política y diversos sectores sociales de Michoacán, quienes mostraron interés en honrar la memoria de los incipientes héroes.
Derivado de ello, entre el 7 y el 8 de septiembre de 1823 se realizó la exhumación y el primer homenaje póstumo a los restos del clérigo y general Mariano Matamoros, que llevaban casi una década reposando en el templo de la Orden Tercera de San Francisco de Valladolid; después fueron trasladados a la ciudad de México, para reunirlos con los de otros malogrados caudillos.
Como suele ocurrir en el Michoacán del siglo XXI, el tema cayó en el olvido por varios meses y fue hasta el inicio de la actuación de la Primera Legislatura Constitucional de Michoacán, cuando en la sesión ordinaria del 20 de agosto de 1825 los diputados José Joaquín Domínguez y Mateo Echaiz, propusieron en tribuna dar cumplimiento al artículo 15 del decreto del 19 de julio de 1823, en el que se indicaba la construcción de un monumento en el sitio del sacrificio de quien fue el principal lugarteniente de Morelos.
El tema tuvo muchos encontronazos políticos, que durante meses llevaron al estéril debate de dónde y con qué se haría un homenaje al héroe, hasta que finalmente se concluyó que sería con una pequeña placa en los portales que circundan la plaza de Armas, donde se ubicaría el sitio exacto de su fusilamiento como un recordatorio de este personaje y que pocas personas se dignan mirar.
Igual de estéril fue la discusión en torno a declarar Beneméritos de la Patria a otros ilustres luchadores, como Manuel Villalongín, José María García Obeso (por haber sido uno de los primeros y principales que intentó la libertad de la Patria, por cuya causa sufrió grandes padecimientos de los que le resultó la muerte), así como del general Benedicto López, aunque la propuesta de los diputados Domínguez y Echaiz sobre el monumento a Matamoros y la declaratoria de beneméritos para Villalongín y García Obeso fue enriquecida con el tiempo.
Fue el diputado Isidro Huarte quien percibió los riesgos de que el poder legislativo local se enfilara hacia la constante deliberación en torno a la asignación o no de ese tipo de distinciones, por lo que en una postura de rechazo tajante, que fue compartida por buen número de sus compañeros, manifestó que “…prescindiendo del mérito de los individuos, se oponía a que se hiciera la iniciativa porque se sabía que muchas solicitudes de igual naturaleza y a favor de ciudadanos de mucho nombre…, a las cámaras y éstas han resuelto negativamente, bajo cuyo conocimiento entendía no ser prudente tal iniciativa.
Por otra parte, hasta la figura del generalísimo José María Morelos y Pavón en pocas ocasiones fue considerada en los primeros años de la Independencia por los actores sociales y políticos más influyentes de Michoacán, y mucho menos por los de su natal Valladolid, para de propia iniciativa asignarle cuando menos el rango de Benemérito de la Patria post mortem, como sí se pretendió en los casos ya mencionados de García Obeso y Villalongín.
Las alusiones al Siervo de la Nación fueron circunstanciales en aquellos primeros años del periodo independiente. Por citar sólo un ejemplo, fue objeto de debate durante julio de 1824 entre los miembros del Primer Congreso Constituyente de Michoacán, la petición presentada por el diputado José María Paulín en el sentido de mandar retirar “los edictos que aún existen fijados en algunas parroquias, expedidos por la extinta Inquisición, declarando herética la Constitución de Apatzingán, impresos de los primeros patriotas y herejes las personas de éstos”.
Esta situación, que pretendió ser minimizada por algunos miembros de ese cuerpo colegiado, puede ser una evidencia en firme de que, para los primeros años del periodo independiente entre algunos sectores sociales de la entidad, sobre todo aquellos vinculados a los clérigos más recalcitrantes y pro borbonistas, todavía existía un ambiente de abierta animadversión hacia la trayectoria de Morelos y otros ex caudillos insurgentes.
La investigación efectuada por la comisión de negocios eclesiásticos precisó que los edictos en cuestión aludían directamente a la condena que en su momento hizo la Iglesia a la obra política y legislativa de José María Morelos e Ignacio Rayón. El diputado Pastor Morales negó la versión sobre la existencia de los referidos edictos argumentando que ni con dinero de por medio se pudo allegar alguno. Mientras que Paulín, apoyado por Villaseñor, insistió en que en algunos templos sí se exhibían de manera pública ese tipo de documentos. Una vez discutido suficientemente el asunto, José María Rayón propuso que se excitara al gobierno para que procediera a retirar los edictos que “ofendan a los caudillos de la Independencia”, es decir, ni a Morelos se le quiso homenajear en su época.
Ni Morelos se salvó de la grilla
La figura del Siervo de la Nación fue invocada de nueva cuenta el 27 de septiembre de 1826, cuando en el marco de las novedosas celebraciones patrias, el diputado José Joaquín Domínguez presentó la segunda propuesta de cambio de nombre a Valladolid, puesto por los españoles, por el de Ciudad Morelos, meses antes de que se configurara el ambiente anti hispánico auspiciado por el federalismo radical.
No obstante, dicha iniciativa no prosperó, lo que se atribuyó a la carencia de una mayor socialización del proyecto, aunque sin descartar la existencia de corrientes de opinión de peso social y político que no se identificaban por alguna u otra razón con la obra y memoria del Siervo de la Nación, como fue el caso de los edictos que condenaban a la Constitución de Apatzingán y sus promoventes.
Luego de esa iniciativa, pasaron 12 largos meses hasta que en la sesión ordinaria de la Legislatura local del 10 de octubre de 1827, se dio lectura a otra carta enviada por Carlos María de Bustamante desde la ciudad de México, acompañada de un retrato más de don José María Morelos en calidad de donativo, sugiriendo se colocara en un lugar visible de la sala de sesiones de ese cuerpo colegiado.
El intelectual oaxaqueño aprovechó la ocasión para insistir en la reedificación de la casa que fue propiedad del “héroe de Cuautla”, y al parecer fue destruida por órdenes del brigadier realista Torcuato Trujillo, así como la protección para una hermana sobreviviente de Morelos que radicaba en Valladolid.
Pero de nueva cuenta salieron a relucir los resentimientos y prejuicios de los legisladores. En la sesión del día 18, el diputado Domínguez reflejó esa postura colectiva al expresar en torno a la propuesta de Bustamante que ya con anterioridad se había considerado la posibilidad de colocar el retrato de Morelos en el salón de plenos, pero que ello implicaría que “se hiciera lo mismo con el de los otros héroes, que son igualmente dignos de la memoria de todo buen americano. En cuanto a lo segundo, la hermana del señor Morelos ha puesto ya por obra la recomposición de la casa y que el supremo gobierno de la Federación tuvo a bien concederle una pensión con que pueda subsistir”.
La figura de Morelos vuelve a ser invocada en la coyuntura de las conmemoraciones cívicas patrias del mes de septiembre de 1828, cuya junta patriótica fue presidida por el general José María Lobato, quien regresó a Michoacán a principios del verano para desempeñarse una vez más como comandante militar del estado.
Este militar pretendió dar la debida solemnidad a estas conmemoraciones en Valladolid, para lo cual sugirió a la 11 Legislatura destinar un presupuesto de 500 pesos, lo cual fue rechazado bajo el argumento de las penurias del erario estatal. Sin embargo, durante las deliberaciones sobre el presupuesto pretendido por la junta patriótica, en ningún momento salió a relucir que en las festividades patrias de ese entonces se pretendiera un homenaje especial para Morelos; y que al menos en la capital se hubieran perfilado y manifestaran corrientes de opinión en este sentido.
A la larga, el presupuesto fue aprobado y no sólo ello; desde esas fechas la ciudad natal de Morelos se cambió a Morelia y desde entonces también se le rinde tributo al héroe.
