¿Primero los pobres? La política social: un barco a la deriva

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¿Primero los pobres? La política social: un barco a la deriva

Los últimos datos disponibles no sólo evidencian que las condiciones de vida de la población en general han empeorado, sino que las personas más pobres del país se han llevado la peor parte de este deterioro. El principal aumento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable, pues la pobreza extrema pasó de afectar a 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020, un aumento de 2.1 millones.

Por: María Amparo Casar y Leonardo Núñez González/MCCI

La frase “por el bien de todos, primero los pobres”, ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas y hoy, en el poder, se supone que orienta toda la política social del gobierno federal. El diagnóstico del que parte esta promesa no está equivocado. La ingente cantidad de mexicanos sumidos en la pobreza y la inadmisible desigualdad son consecuencia de esfuerzos insuficientes y políticas fallidas de muchos gobiernos anteriores. Ningún escenario de prosperidad puede funcionar sin hacerse cargo de la cuestión social. Pero la frase no pasa de ser parte de un discurso bien armado y convincente. Las intenciones del Presidente no se han traducido en políticas públicas medianamente eficaces. La pobreza ha empeorado, la desigualdad también, y los recursos dedicados al gasto social en los primeros tres años de esta administración, contra lo que se dice, son menores a los que dedicó Peña Nieto en el mismo periodo.

En los hechos, los programas sociales de este gobierno han demostrado que no tienen como fin último la mejora en la distribución de los recursos o la atención sustantiva de las personas más necesitadas, mucho menos la ruptura del ciclo perverso de pobreza intergeneracional. Por el contrario: fueron diseñados y operan bajo premisas eminentemente políticas, en las que lo más importante es entregar recursos monetarios para apuntalar la popularidad y los intereses electorales del Presidente. La técnica para la hechura de políticas públicas ha sido lo menos importante. Terminaremos el sexenio con la paradoja de una política social de mucho ruido y pocas nueces, poniendo la palabra bienestar hasta en los tanques de gas, pero sin alcanzar la mejoría de los más pobres.

Los dichos, los hechos y el capitán amarrado al mástil

El discurso prometió un antes y un después que no se dio: “Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”.

Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desmienten estas palabras. Señalan que hoy 43.9 % de la población, 55.7 millones de mexicanos, se encuentra en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres más que 2018 y representa una ruptura de la tendencia a la baja que se mantenía desde 2014. De los seis indicadores de carencias sociales que mide el Coneval (servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.

El Presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 del Inegi lo desmiente: sólo 29.7 % de los hogares reporta recibirlos. La población en pobreza general pasó de 49.9 % en 2018 a 52.8 % en 2020 y la de pobreza extrema, de 14 % a 17.2 %.

En 2016, el 67 % de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43 %.

Tras cada una de estas cifras hay una o varias políticas sociales fallidas del gobierno. El empeoramiento nutricional no puede comprenderse sin la eliminación del programa Prospera, que daba apoyos monetarios a 6.7 millones de familias de escasos recursos por hasta 2,945 pesos mensuales, pero también complementos alimenticios y capacitación sobre nutrición. Prospera desapareció y en su lugar quedaron las Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuya intervención se limitó a un apoyo económico de 800 pesos mensuales a cada familia, sin importar la cantidad de hijos, siempre y cuando éstos estudien.

La caída en el acceso a la salud sólo es explicable por el galimatías en que se convirtió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que prometió salud universal gratuita y un sistema “como el de Dinamarca”, pero que hoy sigue cobrando cuotas de recuperación para la atención de tercer nivel. Difícil que el Insabi logre sustituir exitosamente al Seguro Popular, que en 2018 ofrecía cobertura a 53.5 millones de personas para el pago de 670 medicamentos y 294 intervenciones quirúrgicas relacionadas con los padecimientos más comunes, así como los más costosos.

Los últimos datos disponibles no sólo evidencian que las condiciones de vida de la población en general han empeorado, sino que las personas más pobres del país se han llevado la peor parte de este deterioro. El principal aumento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable, pues la pobreza extrema pasó de afectar a 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020, un aumento de 2.1 millones.

Pésele a quien le pese, los más pobres han quedado relegados. El abandono en los esfuerzos de focalización de los apoyos, un ejercicio sumamente tecnocrático a los ojos del Presidente, ha provocado que los más necesitados dejen de ser la prioridad.

De acuerdo con la ENIGH de 2020, mientras en 2018 el 60.7 % del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 %; es decir, más del 20 % de los hogares más pobres quedaron descubiertos con los cambios de la política social de este gobierno. Y, para rematar, las transferencias en efectivo han tenido un efecto regresivo. Según un estudio de Máximo Ernesto Jaramillo, la población “no pobre” que recibe algún programa social pasó, entre 2018 y 2020, de 20 % a 27 %.

La conclusión no puede ser sino que la política social ha sido un fracaso, que promete agravarse en la medida en que este gobierno siga siendo incapaz de reconocer los errores de definición y diseño que se advirtieron desde un comienzo, así como los problemas de implementación y resultados negativos que aparecieron tras las primeras evaluaciones de sus programas sociales.

Como Ulises amarrado al mástil de su embarcación para no caer en la tentación del canto de las sirenas, la política social de este gobierno está amarrada a las ideas y los mecanismos que el presidente López Obrador definió desde 2018 y ha prestado oídos sordos a todos los llamados de atención, sean de los especialistas, de la academia, de la sociedad civil o de las propias instituciones gubernamentales. El capitán y su timón inamovible avanzan sin dudarlo hacia un fracaso anunciado. Un fracaso todavía más lamentable si se piensa que, desde que hay democracia en este país, no se había tenido a un Presidente con la fuerza suficiente en el Congreso para ordenar la aprobación de leyes y decretos y la distribución de un presupuesto a la medida de sus órdenes, sin que se le cambie ni una coma.

Un barco guiado por la política, no por la pobreza

El discurso de Andrés Manuel López Obrador regresa una y otra vez a las condiciones de pobreza y desigualdad de la población mexicana. Por eso llama la atención que no haya articulado una política social integrada, sino una red de programas inconexos, sin padrones confiables, sin metas bien definidas y sin posibilidad, por tanto, de romper el círculo de la pobreza. Lo que sí hay que reconocerle es una inteligencia política de sobra, su conversión en el gran benefactor de los pobres y la muy exitosa capacidad comunicacional de una política de bienestar con claras intenciones electorales.

Si se revisan las declaraciones, los discursos y hasta los libros de López Obrador, es imposible identificar metas sociales claras más allá de la denuncia de la pobreza y la desigualdad, la corrupción, la violencia y otros problemas del país que desaparecerían con la puesta en marcha de su proyecto de nación.

El único momento en que se articuló una promesa específica y medible sobre la pobreza y la desigualdad fue en el documento técnico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), todavía bajo el mando de Carlos Urzúa, intentó impulsar como el Plan Nacional de Desarrollo.

En el eje general de “Bienestar”, se definieron dos indicadores específicos: el número de personas que saldrían de la pobreza y de la pobreza extrema. En ambos casos, los objetivos se medirían con los datos del Coneval. Para el primer indicador, la meta era tener 20 millones de personas menos con pobreza en 2024. Para el segundo, la meta era llegar al final del sexenio con 5 millones de personas menos en condición de pobreza extrema. Para lograr estos dos objetivos, dados los datos que tenemos de 2020, en los próximos tres años tendrían que salir de la pobreza 23.8 millones de personas y de la pobreza extrema, 7.1 millones. Una hazaña imposible de lograr.

El propio exsecretario Urzúa contó lo sucedido: “El presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla”.

El Plan Nacional de Desarrollo redactado por el presidente López Obrador acabó siendo un popurrí de sus conferencias mañaneras y sus discursos en mítines.

Las cifras históricas muestran el fracaso de sucesivos gobiernos mexicanos para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero también muestran que en la atención a la pobreza extrema hubo algunos logros: limitados pero reales.

Según el Coneval, entre 2008 y 2018 la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó de 49 a 52 millones. Pero las personas en situación de pobreza extrema disminuyeron de 12 a 9 millones, una reducción de 11 % a 7.4 % de la población.

Estos resultados no alcanzan para decir que la política social previa fue un éxito, pero sí que al menos una parte de ella, la enfocada a la población más vulnerable, tuvo consecuencias positivas, algo que la gestión de López Obrador no puede presumir.

La reducción de la pobreza extrema se debió a políticas específicas no sólo para dar dinero a las familias más necesitadas, sino para crear condiciones que ayudaran a romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y transformar las condiciones de los beneficiarios. El caso más significativo fue el programa Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), que a lo largo de veinte años se convirtió en la política pública más y mejor evaluada del país y la que realizó mayores modificaciones para mejorar sus resultados.

En vez de continuar, ampliar y mejorar este tipo de programas, el presidente López Obrador decidió dar un giro de 180 grados, eliminar todo vestigio de gobiernos anteriores y dejar claro que los programas sociales emanarían del presidente, convertido ahora en “El Gran Benefactor”.

Hubo en esto tres modalidades:

  • Programas que fueron renombrados para colocarles “la marca” del nuevo gobierno. La pensión para adultos mayores o ProAgro, por ejemplo, se mantuvieron prácticamente iguales (en algunos casos con cambio en el monto de los apoyos), pero se les cambió el nombre para adecuarlos a la imagen del nuevo gobierno: la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores y Producción para el Bienestar.
  • Programas que fueron cancelados, modificados o sustituidos sin haber sido evaluados previamente y sin una política clara que los reemplazara, como los Comedores Comunitarios o el programa de Empleo Temporal. Otros fueron modificados, como el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, que dejó de ocuparse de la operación y financiamiento de las guarderías para concentrarse en la entrega de dinero a las beneficiarias. Otros más fueron sustituidos, como el ya mencionado Prospera, que dejó de lado toda la experiencia y complejidad acumulada en dos décadas para volverse simplemente el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
  • Programas completamente nuevos, emanados de la creatividad presidencial para cumplir promesas de campaña, como la idea de sembrar un millón de árboles, atender a los jóvenes que no estudian ni trabajan o los créditos a la palabra. Así surgieron Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o el Crédito Ganadero a la Palabra.

Dada la mayoría legislativa que obtuvo López Obrador en 2018, todas estas transformaciones en los programas sociales se hicieron sin mayores contratiempos, incluso antes de que el nuevo Presidente tomase posesión del cargo. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 ya incluyó los cambios para renombrar, eliminar, modificar y crear los programas que el Presidente quería. Recibieron en 2019 un presupuesto de más de 227,000 millones de pesos, que llegaron a 396,000 millones en 2022.

Pese a su magnitud, estas cifras no implican, como se ha dicho repetidamente, un gasto sin precedentes para atender la cuestión social. Si se revisan los presupuestos, el gasto social total del gobierno pasó de 613,359 millones de pesos en 2018, todavía con Peña Nieto, a 672,686 millones en 2019. En 2022 subirá hasta 753,000 millones. Pero no son éstos los presupuestos de gasto social más altos de la historia, como se dice. En 2014, 2015 y 2016 las cifras fueron superiores, alrededor de los 800,000 millones por año en términos reales (pesos de 2021). No es verdad que este gobierno haya gastado más en la política social que ningún otro, a pesar de la reingeniería del presupuesto para entregar recursos sin cortapisas y sin considerar su costo-beneficio.

Mayor abundancia de recursos han tenido otras prioridades del Presidente. En 2022 Pemex y CFE recibirán 1 258 420 millones de pesos, cifra 14 % superior en términos reales a su presupuesto de 2018 y 67 % más alto que todos los programas de desarrollo social. Lo mismo puede decirse de recursos otorgados a las obras prioritarias de infraestructura, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, y a las instituciones consentidas del presidente, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los Servidores de la Nación y su linaje

Durante el periodo de transición, el presidente electo anunció que un grupo de casi 20,000 “voluntarios” recorrería el país, puerta por puerta, para realizar un censo de las personas y sus necesidades. Este ejercicio, denominado Censo del Bienestar, sería la base para identificar a los beneficiarios de los nuevos programas sociales. Los encargados de realizarlo se conocerían como Servidores de la Nación, los cuales al empezar el nuevo gobierno, se convertirían en funcionarios de la Secretaría de Bienestar. El problema es que el Censo del Bienestar no fue un censo. Cuando se hizo pública su metodología (año y medio después) fue claro que no todos los hogares fueron “censados” y muchas personas en situación de pobreza quedaron excluidas.6 La Auditoría Superior de la Federación confirmó posteriormente que, además, hubo “limitaciones y deficiencias” importantes, como registros incompletos, duplicidad de miles de datos, cifras sobreestimadas y opacidad total en la información (“Auditoría de Desempeño 1387-DS. Censo del Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, 2021”).

La estructura de los Servidores de la Nación, que supuestamente serviría para eliminar a los intermediarios en la entrega de los recursos, se integró principalmente con operadores políticos, excandidatos y funcionarios de Morena, así como con representantes electorales del partido. Además, durante el periodo de transición, y ya iniciado el nuevo gobierno, los miembros de esta estructura visitaron las comunidades con indumentaria y materiales estampados con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, en abierta violación a la restricción constitucional que prohíbe la propaganda personalizada de cualquier funcionario.

La pandemia del coronavirus también sacó a relucir las características políticas-electorales de los Servidores de la Nación, pues tuvieron y tienen un papel privilegiado en el plan de vacunación. Para esto el gobierno creó las Brigadas Correcaminos, que son las unidades encargadas de aplicar las vacunas contra covid-19. En una planificación difícilmente justificable, sólo tres de las once personas de las brigadas de vacunación fueron personal de salud. El resto eran representantes de la operación política-electoral del gobierno.

Cuando comenzaron las primeras jornadas de vacunación en Ciudad de México, diversos medios relataron cómo los Servidores de la Nación solicitaban las credenciales para votar de los vacunados, lo cual desató una serie de críticas y cuestionamientos. En diversos puntos del país se documentaron irregularidades en las acciones de los Servidores y en el carácter publicitario de su participación. Por ejemplo: luego de ser vacunados, los ciudadanos eran invitados por los Servidores a escribirle una carta al presidente para agradecerle.

Desde el segundo mes de su mandato, López Obrador inició una serie de giras semanales para presentar sus Programas Integrales de Bienestar, siempre siguiendo el mismo esquema: unas palabras por parte de los funcionarios locales, un discurso por parte del Presidente y la subida al escenario de diversos beneficiarios de los programas para poder saludar al Presidente, recibir de sus manos una tarjeta y tomarse una fotografía, disponible luego en la página web personal de López Obrador. El modelo no ha dejado de repetirse hasta la fecha: el Presidente recorre sin cesar el país tratando de volver una dualidad inseparable los programas sociales y su nombre.

Todo esto evidencia una política social que no ha sido producto de una mínima deliberación pública, del análisis ponderado del árbol de decisiones, de la discusión del nexo causal entre lo propuesto y sus consecuencias, la consideración de las mejores prácticas internacionales o la integración de resultados de evaluaciones. La política social del actual gobierno quedó escrita en piedra desde que el Presidente la definió y se llevó a cabo sin mayores cuestionamientos desde el día uno de su gobierno, privilegiando los elementos políticos-electorales de su operación. Una imagen clara de este diseño pudo verse en los spots que Morena difundió como parte de su campaña electoral en 2021, donde una y otra vez se repitieron mensajes como: “¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes?” o “Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto”.

Lo que se puso en marcha desde el inicio de este sexenio difícilmente puede llamarse una política social integral. Se trata de un conjunto de programas desconectados entre sí, que otorgan beneficios mayormente en efectivo a ciertos sectores y cuyos resultados, como anticiparon los expertos, difícilmente lograrán abatir la pobreza y la desigualdad.

Antes de tomar el poder el actual presidente hizo la crítica y describió anticipadamente el linaje de su política social. Dijo en 1997:

Ha habido cambios, ya no utiliza el PRI los mismos métodos. Ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles. Ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos; ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos, ésa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que, si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones.

Entre paréntesis: ¿Cuánto influyó la pandemia?

Una de las salidas fáciles en la discusión sobre la política social y sus malos resultados es decir que se debieron a la pandemia del coronavirus. Pero los especialistas identificaron los problemas antes de que la pandemia asomara siquiera la cabeza.

En lo económico, 2019 cerró con la primera contracción anual del PIB (-0.1 %) desde la crisis de 2008. En lo social también hubo retrocesos desde antes de la pandemia. Los datos del Coneval permiten concluir, según Rodolfo de la Torre, que “entre el inicio de la administración y la segunda mitad de 2020, más de una cuarta parte de la pérdida del derecho al acceso a la salud no puede asociarse con la pandemia”. Las evaluaciones de diseño con trabajo de campo que realizó el Coneval a 17 programas sociales en 2019, así como las auditorías de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación muestran que los problemas de la política social de este sexenio estuvieron presentes desde su inicio. La pandemia no hizo más que evidenciar y potenciar los errores.

 El Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales es una evaluación de la política social realizada por la organización de la sociedad civil Agencia para el Desarrollo (GESOC). Ahí se califican la calidad del diseño, el cumplimiento de metas, el desempeño y la cobertura de las intervenciones GESOC advirtió desde 2019 que la calificación promedio de todos los programas era, en una escala de 0 a 100, de 64.27, con un 37.6 % de los programas reprobados y sólo cinco con una calificación superior a noventa. Ninguno de ellos parte de los programas prioritarios de López Obrador. Para 2021, el mismo índice dio resultados todavía peores. La calificación promedio de todos los programas cayó a 57 puntos y 53.2 % de los programas fueron reprobados. Prácticamente todos los programas estrella del gobierno están en esta última categoría reprobatoria, con la salvedad de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pero, ojo: aunque es la política mejor evaluada, la pensión para adultos mayores no está libre de cuestionamientos. Es cierto que, por su carácter universal, las posibilidades de exclusión de beneficiarios y de uso clientelar son menores. Sin embargo, en la revisión hecha por la ASF durante el primer año de gobierno, se identificaron “deficiencias de control en la supervisión de los requisitos de elegibilidad para el pago”. Hubo cuando menos 77,177 pagos en los que el padrón carecía de datos sobre los beneficiarios, por lo cual no pudo comprobarse el uso adecuado de 983 millones de pesos (“Auditoría de Cumplimiento 246-DS. Secretaría de Bienestar. Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, 2021).

Además, los resultados de la ENIGH 2020 del Inegi mostraron que el programa es regresivo, pues beneficia más a las personas más ricas. En 2018 el 22.9 % del primer decil de ingresos (el 10 % más pobre) recibía una pensión para adultos mayores. En 2020 ese porcentaje se había reducido a 19.3 %. En contraste, el último decil (el 10 % más rico) incrementó los beneficios recibidos por este programa, pasando de 4.5 % en 2018 a 12.2 % en 2020. Hay que decirlo con todas sus letras: el programa social más costoso de todo este gobierno opera en la realidad bajo el principio de “primero los ricos”.

Los programas estrella y sus rasgos regresivos

El inventario de las irregularidades de los programas sociales del actual gobierno es muy amplio. No alcanzarían las páginas de esta revista para describirlas todas. Pero uno o dos de sus programas estrella pueden dar una idea de por qué, en su conjunto, la política social de este gobierno no traerá los beneficios prometidos.

Jóvenes Construyendo el Futuro fue en términos presupuestales, el segundo programa en importancia de 2019 y ahora es el tercero. La falta de planificación, los errores de diseño y la sobreestimación de la población que sería atendida por el programa provocaron que los más de 43,700 millones de pesos que este programa recibió en 2019 no fueran utilizados en su totalidad. Al finalizar 2019, el programa tuvo un subejercicio de 40% y nunca llegó a acercarse a los supuestos 2.3 millones de beneficiarios que pretendía atender. Adicionalmente, el programa en sí mismo generaba un incentivo perverso, pues al ofrecer montos superiores a las becas para la educación media superior y superior, podía provocar que los jóvenes decidieran detener sus estudios motivados por el factor económico.

Una de las primeras evaluaciones de este programa reveló serias inconsistencias en el padrón y falta de transparencia en los datos que se hicieron públicos. La plataforma en la que supuestamente se presentaba el avance en tiempo real del programa no se movía de acuerdo con la información presupuestal del programa, sino de una manera estadísticamente atípica e inverosímil. En los registros de los centros de trabajo los datos ofrecidos eran incompletos. Había cientos de registros de nombres propios como “María”; negocios genéricos como “Abarrotes” o categorías como “Diputado Federal”, sin un RFC, teléfono o dirección. Una investigación periodística posterior reveló 322,000 becarios del programa fueron utilizados para cubrir ilegalmente plazas de funcionarios en dependencias como la Secretaría de Bienestar (en donde fueron usados hasta como Servidores de la Nación), Protección Civil o el Instituto Nacional para los Adultos. Cuando la ASF revisó el programa, registró 57 millones de pesos que se utilizaron de manera irregular debido a pagos a beneficiarios que ya habían fallecido y pagos duplicados a beneficiarios de otros programas. En visitas realizadas a diversos centros de trabajo, la ASF (2021) encontró domicilios abandonados, así como centros sin ningún tipo de documentación que comprobara la capacitación que ofrecían y otros que declararon que, aunque aparecían en la base de datos del programa con aprendices registrados, éstos no se habían registrado nunca y no eran parte del programa. Además, al revisar la operación de las plataformas para el registro y vinculación de los beneficiarios, se detectó que el programa “no cuenta con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y documentación”.

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez se crearon en sustitución de Prospera. En la evaluación realizada por el Coneval, éste es uno de los programas sociales con mayores desafíos. Para empezar, la población en la que se enfoca es una con grandes vulnerabilidades, por lo que resulta problemático que se utilice a las familias como población objetivo y no a los niños. Además, al apostar por la entrega de recursos en efectivo, en lugar de los múltiples mecanismos del programa de transferencias condicionadas que existían previamente, “no se encuentra evidencia concluyente que relacione el diseño del programa con este tipo de intervención”. El Coneval recalca: “Una beca no es condición suficiente para que este grupo supere todas las barreras”.

En una evaluación de campo hecha por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el estado de Chiapas, se identificó que la mitad de los estudiantes de las zonas más pobres del estado abandonaron sus estudios, pese a que eran beneficiarios de las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. La política del gobierno federal no consideró ninguno de los desafíos que se cernirían sobre las familias más pobres y los dejó a su suerte.

Al preguntar por qué los niños no pudieron continuar sus estudios, las familias señalaron la falta de dinero para pagar el servicio de internet, la carencia de equipo de cómputo o televisión en casa, horarios de clases no accesibles, la ausencia de una persona mayor para supervisar las actividades escolares y la inexistencia de información sobre cómo ingresar a las clases. En Chiapas, la política social de las becas Benito Juárez afectó de manera desproporcionada a las personas más necesitadas.

El programa Sembrando Vida se presenta como una política para atender la pobreza en el campo y de paso como la mayor política de reforestación en el mundo. Pero es responsable de la deforestación de más de 72,000 hectáreas de bosques y selvas (una extensión equivalente a la mitad de Ciudad de México).

El Programa de Microcréditos para el Bienestar fue el único programa específico orientado a los pequeños negocios afectados por la pandemia. Pero esos recursos fueron otorgados discrecionalmente, ya que para ser beneficiario del programa había que estar registrado en el opaco Censo del Bienestar. El programa fue insuficiente para proteger a quienes más lo necesitaban. De acuerdo con el Inegi, entre 2019 y 2020 desaparecieron un millón de establecimientos de los 4.8 millones que había al inicio de la pandemia, es decir, el 2 % de los negocios del país. Para 2022, este programa ya ni siquiera tiene recursos asignados.

Grabado en piedra

Ante los pobres resultados de los programas sociales, evidenciados por la academia, la prensa, la sociedad civil e incluso por instituciones públicas, la respuesta del presidente López Obrador ha sido siempre la misma: una fuga hacia adelante amparada en su muy personal conocimiento de “otros datos” imposibles de verificar pero que permiten hacer oídos sordos a todas las críticas, las recomendaciones y las sugerencias de corrección. A ello se suma la descalificación ideológica de los críticos del llamado bloque conservador y neoliberal en atención a que quieren mantener sus privilegios.

La política social, como todo en el gobierno de López Obrador, se definió y petrificó desde antes del inicio de su sexenio, y todo parece indicar que nada hará cambiar de opinión al titular del Ejecutivo.

Que la política social sea regresiva, insuficiente, cosmética o meramente paliativa parece no importarle al Presidente. Lo importante para él es que los beneficiarios de los programas sociales tengan muy claro de dónde vienen los apoyos y que recuerden permanentemente quién es “El Gran Benefactor”. Todo lo demás sale sobrando. Se ha cambiado todo no para mejorar, ni siquiera para seguir igual, sino para empeorar.

(Fuente: https://contralacorrupcion.mx/primero-los-pobres-nexos-barco-deriva)

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