Por: Rosalinda Cabrera Cruz
El sector educativo de Michoacán enfrenta problemas constantes: carencia de maestros/as, desperfectos en la infraestructura escolar, inmuebles de propiedad irregular, conflictos sindicales que orillan al paro cotidiano de labores y decena de afectaciones más que ocupan la atención prioritaria de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; pero existe uno que las autoridades escolares incluso prefieren callar, puesto que por décadas no se han escuchado sus reclamos: el hurto al interior de las escuelas.
Los ladrones hacen tabla rasa, lo mismo roban en jardines de niños de localidades pobres, que en secundarias de colonias pudientes de Morelia, lo que se deriva de la falta de recursos para el pago de vigilantes debidamente acreditados; en muchas ocasiones las autoridades escolares no tienen ni para el pago de conserjes o personal de asistencia, mucho menos sus raquíticos presupuestos les van a alcanzar para contratar cuerpos de seguridad.
La carencia de recursos a causa del déficit presupuestario en los casi 9 mil planteles de educación básica de Michoacán, las más de las veces es cubierto con las aportaciones de programas como “La escuela es nuestra” (durante esta administración) u otras acciones compensatorias; lo que falte se cubre con las aportaciones “voluntarias” de los padres de familia al momento de las inscripciones, lo que cada año es fuertemente cuestionado por la sociedad dado que se exige en un momento de vulnerabilidad económica de las familias. Bajo este esquema y lo agudo de las carencias, no es de extrañar que se ignore o postergue el tema de la seguridad en los planteles.
Cifras alarmantes
El panorama es difícil para las escuelas, sobre todo las de nivel básico, y eso se refleja en las cifras que son manejadas por la Fiscalía General del Estado (FGE): en tan solo los últimos 10 meses, se han registrado en Michoacán un total de 100 robos a escuelas, es decir, un promedio de 10 asaltos por mes; pero eso es únicamente lo que se denuncia legalmente.
Por cada caso denunciado (que rara vez es aclarado o se resarce el daño) existen decenas de robos más en donde no intervienen las autoridades correspondientes, ocupadas como están en situaciones más graves, como asaltos a mano armada, homicidios o en la guerra contra la delincuencia organizada.
Lo único que queda a las y los afectados es hacer denuncias públicas o ejercer su derecho a la libre expresión para hacerse notar y exigir a las autoridades correspondientes que les apoyen en sus demandas, lo que también resulta en letra muerta, puesto que muchas veces los acallan incluso violentamente.
En cuanto a las cifras oficiales, en el periodo de enero a octubre de 2023 fueron 100 los robos que la FGE tenía registrados en todo el estado a escuelas, es decir, aquellos que fueron denunciados legalmente. Sin embargo, aunque no se ha emitido un reporte oficial respecto a las investigaciones respectivas, ya en las redes sociales se están haciendo nuevas denuncias. Recientemente circuló un video en el que se observa que están saqueando la malla ciclónica de una institución académica.
El comunicado de la FGE es claro: de los 113 municipios michoacanos, 34 tienen al menos un delito de robo a escuelas. En la lista que publica la Fiscalía, Morelia encabeza la lista con un total de 30 y en su mayoría, saquean las bombas de agua, equipos de cómputo, material de construcción que está resguardado, utensilios de cocina y hasta instrumentos musicales.
El otro municipio que tiene más reportes de robos a escuelas es Uruapan, que registra un total de 12. En tanto, Lázaro Cárdenas tiene 5 y Pátzcuaro, 4. Otros cuatro municipios tienen 3 reportes de robo en escuelas cada uno, se trata de: Cuitzeo, Indaparapeo, Zinapécuaro y Zitácuaro.
De acuerdo a la lista, son 11 los municipios michoacanos que tienen 2 reportes de robo a escuelas, estos en Apatzingán, Ario de Rosales, Coeneo, Hidalgo, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Tarímbaro, Tocumbo, Zacapu y Zamora.
Otros 15 municipios han registrado al menos un delito de robo a escuelas, y son los siguientes: Álvaro Obregón, Arteaga, Carácuaro, Buenavista, Charo, Chinicuila, Copándaro, Erongarícuaro, Jacona, Huetamo, Queréndaro, Salvador Escalante, Tancítaro, Tlalpujahua y Tzintzuntzan.
Conforme a los datos anteriores, se informa que fueron los meses de julio y enero los que más robos a escuelas registraron, con un total de 15 y 13 respectivamente. Abril y octubre reportaron 12 y marzo y junio 11. Mientras que septiembre tiene 10; febrero y agosto, 6 y mayo 4.
Estas cifras se acercan a las registradas durante la pandemia por COVID-19, dos años durante los cuales las escuelas fueron prácticamente abandonadas, quedando a merced de la delincuencia que aprovechó la reclusión para llevarse hasta el mobiliario educativo.
Ejemplos dolorosos
Si bien la FGE admite que durante 2023 fueron un centenar de robos denunciados a escuelas, los registros públicos del año anterior rebasan por mucho lo que es reconocido. Padres de familia y autoridades educativas se han cansado de tanto exigir atención, existiendo casos de planteles que tan sólo en un par de años han sufrido hasta 25 robos.
Como ejemplo está en enero del año pasado la comunidad educativa de la escuela primaria Otilio Montaño, en Morelia, la que se manifestó frente a la secretaría de Educación en el estado (SEE) luego de sufrir 13 robos en su centro educativo, lo que los llevó incluso a suspender sus recién reanudadas clases presenciales tras de la pandemia.
Ante la situación y cansados de no ser escuchados por ninguna autoridad ni civil ni educativa, el director de la primaria, docentes y padres de familia recurrieron a la manifestación pública.
El entonces director de la institución, José Luis Zarco García, expuso la problemática que atravesaron a partir de octubre de 2021, cuando empezó la ola de robos en la primaria, que cabe mencionar, se ubica sobre el periférico Paseo de la República, frente a la gerencia estatal de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); colinda con un cárcamo de bombeo del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), el cual también ha sido atracada en múltiples ocasiones.
Iniciando 2022, el director hizo un recuento de los daños: 13 robos, carencia de luz eléctrica porque les robaron el cableado, carencia de agua porque se llevaron la tubería (…), y aunque pusieron la denuncia ante todas aquellas autoridades que podrían atenderlos, no fueron escuchados.
En la petición, lo único que reclamaban era que se les dotara de manera inmediata del equipo de cómputo sustraído, bancas y por supuesto la reinstalación de la luz y agua potable, porque sin eso no podían hacer sus labores educativas.
Junto a la escuela Otilio Montaño Sánchez se localiza un pequeño jardín de niños, el “Rafael Carrillo”, donde simultáneamente a los hurtos en la primaria, se dieron 8 robos más en la misma temporalidad. De nueva cuenta, se hicieron las denuncias, que fueron ignoradas por el ayuntamiento de Morelia, las policías estatal y municipal y la FGE.
En este caso, las autoridades del centro educativo responsabilizaron de los recurrentes hurtos al alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar, a la par de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.
A través de una denuncia pública, reclamaron que “el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realice algo en lo inmediato contra la inseguridad, (porque) se ha visto demasiado lento, parece peor que una tortuga para acabar con los robos y asesinatos, la inseguridad está a todo lo que da y la policía municipal, estatal, la Guardia Nacional paseándose por la avenida Madero de Morelia y en las colonias miles de delitos.
“Nuevamente se metieron a robar al jardín de niños “Rafael Carrillo”, ubicado en la calle Periférico Paseo de la República de la colonia Infonavit Rafael Carrillo. Alto a los robos en las escuelas de la colonia, el H. Ayuntamiento de Morelia y la SSP (policía estatal) se echan la bolita, y los robos y daños continúan en los edificios.
“Hacemos la denuncia pública que Alfonso Martínez Alcázar es un irresponsable, embaucador, únicamente tiene su interés personal de seguir incrementando sus talegas de dinero, no le importa para nada los morelianos, no hace nada por cumplir con los colonos de esta zona, dijo: Que iba estar una vigilancia permanente día y noche, dijo que cambiaría al encargado del orden, dijo que iba a recuperar el terrero (área en común) de los colonos que está en poder de un particular (contador influyente con Alfonso), dijo que tendría cámaras de seguridad en esta zona, etc…Y NO HA CUMPLIDO EN NADA A LOS COLONOS, ciudadanos de la mencionada colonia !!!”, se puede leer en la denuncia.
La lista de las escuelas afectadas parece interminable, y los ejemplos de inconformidad denotan el hartazgo de los perjudicados, quienes recurren a todo lo que está a su alcance para hacerse notar.
Tal es el caso del jardín de niños “Jesús Romero Flores”, localizado en las inmediaciones del Realito, donde en septiembre pasado, cansados de la ola de robos que ha sufrido el kínder al que acuden sus hijos, un grupo de padres de familias de la colonia Torreón Nuevo decidieron llamar la atención, atravesándose en los carriles del Libramiento Norte de Morelia y protestar.
La manifestación se realizó a la altura de la colonia El Realito, lo cual provocó que los cientos de vehículos que circulan cada hora por esa vialidad tuvieran que desviarse o realizar largas filas para buscar vías alternas.
El grupo de inconformes se identificó como madres y padres de familia de la citada escuela de preescolar donde, aseguraron, se han registrado varios robos en los que han sido sustraídos equipos y herramientas de trabajo, en agravio del personal académico y alumnos.
Aunque el bloqueo fue momentáneo, ya que más tarde se presentaron elementos de la Guardia Civil y de la Policía Morelia para dialogar con los manifestantes, a quienes convencieron de cesar la movilización a cambio de canalizar sus demandas a fin de buscar una solución al problema, hasta el momento esto no ha ocurrido.
La inconformidad llegó al Congreso
Si bien las denuncias e inconformidad no son atendidas por las autoridades correspondientes, que por método se echan la bolita unos a otros, en el congreso del estado la diputada Daniela de los Santos Torres señaló que de las 86 escuelas que tiene bajo el programa “Conéctate”, cerca del 90 por ciento sufrió robos hasta agosto de este año.
Destacó que sigue en análisis la propuesta que fue presentada por ella ante el Pleno de la legislatura para agravar la pena para quienes roben instituciones educativas.
Asimismo, informó que la iniciativa propone reformar la fracción VI del artículo 204 del Código Penal para el estado de Michoacán, estableciendo que se aumentara la pena del delito de robo hasta diez años de prisión cuando este se cometa en contra de una institución educativa.
A través del programa Conectando que promueve en varios puntos de la capital del estado, explicó que se ha identificado que el robo en algunas de las 86 escuelas que están en este esquema alcanza un 90 por ciento.
“Les roban bombas de agua, equipos de cómputo, mobiliario, los cuchillos de la cocina, todo les roban, aunque este delito está tipificado, lo que queremos es incrementar la pena y que nos les alcance la fianza, si roban una escuela”, dijo la legisladora.
Además, agregó que las escuelas que están en zona urbana tienen varias complicaciones en su infraestructura, como es la falta de techumbre, patios o mantenimiento, pero a esto se suman los robos constantes de los que son víctimas y generan que los padres de familia se vean obligados a pagar las consecuencias de estos constantes robos.
Con robos y sin certeza jurídica
Como si el ser víctimas de robo en las escuelas no fuera suficiente, Patricia Flores Anguiano, coordinadora general de planeación y evaluación educativa de la SEE dio a conocer recientemente que se tienen 8 mil 400 predios donde se ubican las escuelas de nivel básico en Michoacán, pero solo 600 tienen escrituras, ya que el resto no tiene su comprobante de donación.
Expuso que hasta 1992 los predios pertenecían a la federación, pero con el acuerdo de modernización, estos son ahora propiedad de los estados, lo que originó que en las entidades se iniciaran procesos de regularización.
“Algunos de esos predios todavía pertenecen al municipio, ejido o a un privado y no hemos realizado el proceso y vamos a revisar de esos 7 mil 600 cuál es el estatus y algunos de ellos incluso ya por prescripción”, comentó.
Además, informó que se han hecho algunas revisiones preliminares con el área jurídica de la SEE para regular la situación de las instituciones de educación pública, para obtener 500 títulos de propiedad adicionales, asegurando que no existen riesgos de que se pierdan los predios, lo que sería el colmo para las tan sufridas y asaltadas escuelas.
