Las y los servidores públicos -comenzando por el Presidente de la República-, “están obligadas, en todo momento, a aplicar los recursos públicos a su cargo de forma imparcial y deberán garantizar, en el ejercicio de sus funciones, el respeto de los principios de neutralidad y equidad, ajustando su actuar a la Constitución, las leyes y a los presentes Lineamientos”. Tampoco “podrán realizar, por ningún medio, manifestaciones a favor o en contra de personas inscritas en algún proceso político, o de alguno de los partidos que intervengan en dichos procesos”.
Esta determinación, parte de los Lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) para intentar poner orden al desorden que provocó el propio AMLO con la sucesión anticipada, desde luego que tiene dedicatoria y para nada es insinuación.
El Presidente del país lleva prácticamente todo su mandato, metido en el tema electoral; una “mañanera” y la siguiente también, descalifica y agrede a la oposición, ahora particularmente a la “frentista” Xóchitl Gálvez, puntera en las preferencias de quienes no están de acuerdo con la 4T.
A sus “corcholatas” todo el amor y la buena fortuna, en recursos públicos; no hay antecedentes de un gasto tan enorme entre políticos oficialistas, en búsqueda de la candidatura presidencial por su partido. Hasta Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña se quejan del enorme dispendio en espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.
Por ello, el INE también impuso topes al gasto: 34 millones de pesos por cabeza y no usar tiempos de radio y televisión; las personas inscritas podrían hacer aportaciones para sus propias actividades por un monto máximo de 2 millones 148 mil pesos y los simpatizantes por 537 mil 41.
Otras reglas refieren que los políticos -no se les puede considerar aun precandidatos- serán ubicados como personas inscritas, y deberían identificarse según el proceso interno de su partido. De ser servidores públicos, no estarán obligados a renunciar a su cargo, que es el caso, hasta ahora, de las senadoras Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes y del senador Miguel Ángel Mancera, y del diputado federal Santiago Creel.
Se entenderán como gastos vinculados a las personas inscritas, la propaganda utilitaria, en medios impresos, cine, internet y redes sociales y la exhibida en vía pública; gastos de hospedaje, viáticos, logística y salarios de personal.
La propaganda no deberá contener llamados a voto, propuestas, mensajes alusivos a la continuidad de programas o planes de gobierno ni propuestas. Debe identificarse el partido y en calidad de qué se promueve la persona.
Toda encuesta que se realice sobre un proceso político debería ser reportada al INE; si son realizadas por las personas inscritas o partidos se tomarán como parte del gasto ordinario.
Se reconoce el intento de este INE por tratar de imponer frenos a los políticos en campaña, pero con un Presidente que lo que más le gusta y sabe, es andar en campaña, las reglas serán como el llamado a misa.
