Paracetamol, líquidos y descanso vinieron a “curar” el desmayó del presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en la ciudad de Mérida, el pasado domingo, y que reportó veraz y oportunamente El Diario de Yucatán.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negaron el suceso y acusaron de mentiroso al matutino y de falsear información. A las 72 horas, el inquilino de Palacio Nacional apareció en video reconociendo que se había puesto mal y que solo había sido un “váguido”.
¿Las y los mexicanos tenemos derecho a conocer el estado de salud del Presidente de la República? Desde luego que sí. Aun y cuando la Constitución general del país tiene prevista la ausencia por cualquier índole, del titular del Ejecutivo Federal.
De esto precisamente trata el derecho a la información pública, que hoy el mismo López Obrador trata de conculcar con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde 2003, los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como del priísta Enrique Peña Nieto, se sujetaron a los reclamos de las y los mexicanos, a través del INAI, para tener acceso a la información que nos permitieron conocer actos de corrupción como la “Estafa Maestra” y la “Casa Blanca”, y en este sexenio, el desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex, la “Casa Gris” del hijo mayor del Presidente y los viajes de virrey del general Cresencio Sandoval y su familia.
Y entonces, cabe la pregunta: ¿es funcional y operante el INAI para que nos enteremos de las trapacerías de los gobernantes por muy “honestos” y “buenas personas” que se digan? ¿o al que no le conviene que exista el Instituto, es al presidente López Obrador? Ya ha reservado por “interés de Seguridad nacional” la inmensa mayoría de la información sobre el gasto en el AIFA, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
A esta terrible opacidad, se suma la desaparición del Insabi, el instrumento que sustituyó al Seguro Popular con la promesa de eficientar la atención médica a la población sin seguridad social. En cuanto años, aún 60 millones de personas siguen en el abandono.
Sin INAI, investigar cómo y en qué se usó el millonario presupuesto que recibía anualmente este instituto de la “transformación” será misión imposible. Por eso, hay que defenderlo y exigir su operatividad con el nombramiento de los comisionados faltantes.
Hay muchísima información que este gobierno de la “cuarta” pretende ocultar para que no incida en las elecciones presidenciales del próximo año. Pero será solo un retraso, porque más temprano que tarde conoceremos cuán gran grande y catastrófica ha sido el mayor timo que pudo haber padecido México en la era moderna.
