Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador del 2021 y que echaba abajo la reforma energética de 2013, ello para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad todas las ventajas sobre las empresas privadas.
Aun cuando estaba suspendida su aplicabilidad por los amparos concedidos, la Corte resolvió de una vez respecto a la norma para garantizar la libre competencia en el sector.
La votación de las y los ministros dio un empate: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, a favor, y Lenia Batres y Yasmín Esquivel, en contra. Sin embargo, el ministro Pérez Dayán rompió ese empate al dar su voto de calidad debido a que es presidente de la Sala.
Era de esperarse la reacción del Ejecutivo Federal, y anunció que impugnará la decisión e incluirá en su paquete de 20 reformas que enviará el próximo lunes 5 de febrero, otra vez la iniciativa de reforma energética para regresar a la política del sector de hace 64 años cuando era presidente Adolfo López Mateos.
Hay que recordar que entre estas reformas constitucionales se encuentra la del Poder Judicial Federal para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto del “pueblo”.
Por su parte, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentará una demanda de juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán.
De acuerdo con el vice coordinador de la fracción parlamentaria, Leonel Godoy Rangel, el proceso de responsabilidades administrativas contra el juez constitucional, estará acompañado de reformas para acotar a la SCJN y los mecanismos de emisión de sentencias, pues “es momento de que el Poder Legislativo tome cartas”, dijo.
La denuncia de juicio político será interpuesta por “ataques al orden republicano y democrático” previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 110 de la Constitución, destacó el diputado Hamlet García Almaguer.
En respuesta, el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero Herrera, dio a conocer que esperan otra vez la reforma energética, “como si fuéramos beisbolistas para batearla otra vez”.
El problema sigue siendo el mismo y parece ser que el presidente Andrés Manuel y sus legisladores de la “cuarta transformación” no lo entienden, pues no cuentan con la mayoría calificada para sacar adelante estas reformas, como la de la Guardia Nacional y la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI.
Pero el propósito del inquilino de Palacio Nacional con toda esta batería de reformas constitucionales que evidentemente no prosperarán en su mayoría, es seguir imponiendo agenda mediática en pleno proceso electoral, y desviar así la atención sobre los asuntos relevantes como son los señalamientos de corrupción y tráfico de influencias de sus tres hijos, José Ramón, Gonzalo y Andrés López Beltrán, y ahora las revelaciones de agentes de la DEA de que el cártel de Sinaloa le acercó a su campaña presidencial de 2006, dos millones de dólares.
