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Las ganas de joder a un periodista

Por: Moisés Sánchez Limón

Esta es una historia Para Contar.

Un caso que, por la salud del sistema de impartición de justicia, debe atender la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es uno de esos ejemplos de la negación de justicia que, ¡válgame!, implica injusticia que se ensaña en una persona porque, ¡recórcholis!, es periodista.

Y ni hables cabrón ni te atrevas a contar cómo, pese a estar acusado de la presunta comisión de un delito que no era considerado grave, te trataron en el penal de alta seguridad de Altiplano, al que te llevaron como si fueras un peligroso delincuente.

No cuentes cómo los custodios te torturaron porque les informaron que habías sido vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

¡Recontracáspita, Batman!

Ser periodista, a partir de esta campaña desatada desde la Presidencia de la República por el licenciado López Obrador contra periodistas, jueces, ministros, magistrados y, en fin, quienes se alzan como contrapeso a sus excesos de poder, implica que son corruptos y hay que lincharlos desde la mañanera para que el pueblo bueno se entere y no les crea y, si es posible, los desprecie.

Mire usted, la ministra presidenta de la Corte, está en la enorme oportunidad de frenar el apetito de poder de Su Alteza Serenísima para hacerse del control del Poder Judicial de la Federación so pretexto de limpiarlo de la corrupción que existe en toda su estructura.

Por eso, por eso, todos los días se despierta con el ánimo de joder lo mismo a ministros y magistrados, que a jueces y, en fin, aplicar tabla rasa para llamar corruptos a quienes estén encargados de impartir justicia ciudadana y no atienden a sus prioridades.

De la mano, igual todos los días, Andrés Manuel I, el emperador que gobierna a México desde un humilde Palacio, descalifica, insulta y estigmatiza a los periodistas, con la anuencia de quienes lo escuchan en vivo y lo tienen enfrente y no se atreven a usar su derecho de réplica.

¿Por qué?, usted se preguntará.

Porque la inmensa mayoría de quienes ocupan el sillerío en la mañanera dictada desde el decimonónico Salón de la Tesorería, en el Palacio del que se apoderó el licenciado Andrés Manuel Primero, no son periodistas o no se asumen como tales porque atienden instrucciones del escritor, cineasta y DJ Jesús Ramírez.

Y, entonces, los menos, quienes sí son periodistas, evitan entrar en discusiones con esa pléyade mercenaria que no se atreve a defender a un periodista porque no son del gremio y se sacan, a petición expresa, fotos con Su Alteza Serenísima y sirven al interés presidencial. ¿A poco no?

Por eso, la ministra Piña Hernández tiene un caso en el que puede y debe aplicar justicia desde el más alto tribunal del país, para no dar más elementos al licenciado presidente, porque en las instancias de los tribunales de alzada hay personajes a quienes les importa un pito pasar por encima de la ley, sobre todo en tratándose de un periodista.

Y no voy a reseñar a la ministra presidenta lo que indudablemente conoce, de lo que ha sido testigo a lo largo de más de tres décadas de trabajo en el Poder Judicial.

Todo el mundo sabe que existen personajes que, desde la barandilla del Ministerio Público y hasta tribunales de alzada, atizan esos calificativos de corruptos, conservadores al servicio del poder neoliberal y etcétera, etcétera, que les endilga del licenciado presidente. Y ni cómo defenderlos.

¡Vaya!

Para Contar, es el título de la columna que escribe mi colega Arturo Zárate Vite, en cuya entrega de esta semana contó su caso personal, el caso que le comento y debe atender la ministra presidenta para no azuzar injusticia.

A la entrega de esta semana de Para Contar, Arturo Zárate Vite, la tituló “Persecución contra periodista”.

Y sí, hay persecución en su contra; persecución que lleva más de una década y que amaga con destruir a la familia de Arturo, aunque el solo hecho, no menor por supuesto, de haber sido prácticamente secuestrado y confinado durante cinco días en el penal del Altiplano, allá en Almoloya, Estado de México.

 “Pareciera que se utiliza al sistema judicial para perseguir y agredirme, porque no se puede entender de otra forma el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, de manera ilegal, haya levantado la suspensión que era la protección para poder llevar el proceso hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en libertad y respetando la presunción de inocencia”, refiere, en primera persona, Arturo Zárate Vite en su columna.

Y es que, evita citar por su nombre al responsable del referido Primer Tribunal  Colegiad, no solo ordenó quitar la suspensión sino también proceder a la ejecución de sentencia, contra la que Arturo interpuso recurso de amparo, porque considera excesiva dicha medida.

Pero, por favor indígnese,  porque esto no es nuevo en la dizque impartición de justicia.

El mismo tribunal resolvió negar el amparo a Arturo.

Esto, sostiene con toda razón mi amigo y colega de hace más de cuatro décadas, “no es otra cosa que la actuación del colegiado como juez y parte. Obvio que no iba a reconocer que se excedió, por el contrario, justificaría sus dudosas resoluciones”.

Arturo, para conocimiento de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recuerda que su caso data de hace más de una década.

Permítame transcribir que no plagiar párrafos sustanciales del caso de Arturo Zárate Vite. A saber.

 “Empezó –refiere Arturo–en 2012 cuando me desempeñaba como vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fabricaron la mentira. Supuestos acoso y abuso sexual, que no estaban considerados como graves delitos. Fui detenido, me pasearon durante todo el día y, por la noche me llevaron al penal de máxima seguridad, El Altiplano, donde estuvo Joaquín El Chapo Guzmán.

 “Custodios sabían de mi nombre y desde primer momento empezaron a torturarme por mi trabajo en la CNDH, con aparato que no pude identificar. La tortura está plenamente probada. Como recuperé la libertad a los cinco días, bajo fianza, porque los supuestos delitos no eran graves, antes de salir de prisión me amenazaron con matarme si abría la boca y que lo diera por hecho si regresaba al reclusorio.

 “Salí rabiando del lugar, decidido a probar en primer lugar mi inocencia. Lo logré. Dos resoluciones de inocencia, dentro del marco de perspectiva de género, con lo que quedaba cerrado el caso. La contraparte nunca apeló a pesar de que fue notificada de manera personal y tampoco reprobó a los juzgadores que me declararon inocente. Fuera de tiempo se presentó juicio de amparo y el asunto fue reabierto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, luego revertido con resolución en contra.

 “La contraparte cayó en evidentes contradicciones, ejemplos:

 “1.-En escrito firmado relató que me prestó pulsera de plástico y que la rompí al querer abrirla. Admite que ofrecí reponérsela. Después cambió su versión al decir que se rompió producto de forcejeo.

 “2.-En declaraciones, en la primera aseguró que le rocé la pierna. En la segunda, que la toqué en el muslo cerca el glúteo. En la tercera, que la toqué directamente en el glúteo. Todo falso.

 “En el caso hay violaciones graves a los derechos humanos y al debido proceso. El primer juez no definió mi situación jurídica en los términos del artículo 19 de la Constitución, así consta en recomendación de la CNDH que obra en el expediente.

 “La tortura es un delito que no prescribe.

 “Se reabrió el caso sin respetar el principio de definitividad.

 “Nunca existieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las imputaciones.

Y hay una sentencia de cinco años tres meses, que también contraviene la Constitución, por el parámetro utilizado para establecer la pena.

 “Soy periodista y ejerzo la profesión desde hace 45 años. Padre de familia. El 95 por ciento de los integrantes de mi familia son mujeres. Mis textos y mi conducta confirman que soy respetuoso de las mujeres, porque es lo que siempre he exigido para mis hermanas, primas, sobrinas, amigas y cualquier otra mujer.

 “México tiene por primera vez a Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

¿Qué le parece?

Por eso, a la Ministra Presidenta Piña Hernández le ruega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga su caso, ante el cúmulo de irregularidades.

Y puntualiza, dígame usted si tiene o no razón Arturo, “no se vale que se utilice al sistema judicial para perseguir y agredir a un periodista”.

Sí, ¡caray!, todo por ser periodista.

Y Arturo comparte con la Ministra Presidente una pregunta fundamental;

 “¿Por qué tiene que cargar el poder judicial con esa infamia, atizada por tercera persona que se la ha pasado diciendo que me meterá a la cárcel, con una seguridad (se lo ha dicho a compañeros periodistas) que deja la impresión de que tiene a su servicio jueces y magistrados?”

Comparto la desazón que abraza a mi colega Arturo Zárate Vite.

 “Mi familia está conmocionada, con el quebranto patrimonial, con el dolor, el llanto y la impotencia que significa la terrible injusticia. Están a punto de acabar como mi familia, por una mentira”, puntualiza Arturo con la gravedad del caso, su caso.

Y, créame Ministra Presidenta, a nadie de mis colegas le gustaría estar en los zapatos de Arturo ni a un juez, magistrado o ministro le agradaría llevar en la conciencia dictar sentencias a petición de quien o quienes utilizan al tráfico de influencias como mecánica para cobrar facturas personales.

Sí, sí, esta es una historia Para Contar. ¿Se hará justicia, doctora Norma Lucía Piña Hernández? No le dé elementos de desprestigio a Su Alteza Serenísima, quien no la quiere porque le ganó a su candidata que gusta copiar la tarea. Digo.

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