Por: Marco Antonio Aguilar Cortés
El Poder Ejecutivo Federal (PEF) tiene la facultad de decretar la expropiación (previa declaración de utilidad pública) de los bienes y derechos que tengan en su patrimonio los propietarios o interesados legítimos de esos acervos.
Desde luego que debe el PEF ajustar su acto expropiatorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes reglamentarias respecto a la expropiación.
Le es dable al PEF proceder a la ocupación temporal del bien o del derecho, ya sea total o parcial, o a la simple limitación de derechos de dominio, para los fines expropiatorios, pero a las personas afectadas se les indemnizará los daños y perjuicios a valor del mercado, por esa ocupación.
Éstas, en síntesis, son las reglas fundamentales respecto a la expropiación.
Agregaré que la coercitividad para la ejecución de estos actos expropiatorios no corresponde a las fuerzas armadas, ni a los soldados ni a los marinos, sino a las policías que tratan con civiles; y, además, los afectados tienen para su defensa el juicio de amparo.
Recién, el PEF inició el proceso expropiatorio, parcial, para el Grupo México Transportes, FERROMEX, quien logró una fusión con Ferrosur, convirtiéndose en una empresa poderosa con servicio en México y EU, con más de 800 locomotoras y más de 26 mil 300 vagones.
Los actos y los efectos de este inicio de expropiación parcial no los analizó bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien (vulnerando nuestra Carta Magna) es más que el PEF, pues avasalla a la mayoría simple del Congreso de la Unión, a tres ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 22 gobernadores, y ejerce, sin dar cuenta a nadie, más de 8 billones de pesos del Erario.
La rusticidad y arrogancia de Amlo nos hacen prever que el PEF no podrá probar “la causa de utilidad pública” de dicha expropiación; y nuestra actual economía, empobrecida por el obradorato, nos motiva a considerar que no tendremos para pagar la indemnización al expropiado.
La inesperada expropiación producirá consecuencias jurídicas, económicas y políticas, tanto en México como allende de nuestras fronteras.
Añado, ya el presidente y su secretario de Gobernación recularon al informar: “No expropiamos a FERROMEX, sólo es una ocupación temporal”; ¡pues que ocurrentes e ineptos!
Mal desarrollamos, aún, en nuestro país, el federalismo que se aplicó en los EU y que se describe en los “papeles federalistas” de Alexander Hamilton (1757-1804), se nos impuso ese federalismo por el gobierno estadunidense y extra lógicamente, porque aquí sólo había una colonia (la Nueva España), y allá, nuestros vecinos del norte tuvieron que unir a 13 colonias originales.
Seguimos equívocamente procesando en México, todavía, “la trilogía de poderes”, la que adoptamos en nuestra inicial república, imitando los tres poderes que sugirió para Francia Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), en su obra ‘El espíritu de las leyes’, pero éste tomó la idea del inglés John Locke (1632-1704), quien en su libro ‘Dos tratados sobre gobierno civil’ expone la necesidad de esa trilogía de poderes.
La población de México ha venido aceptando, por convicción, el sistema federal y la existencia de los tres poderes que constituyen nuestro gobierno.
Empero, pocas ocasiones se ha aplicado el federalismo y la trilogía de poderes. El PEF de México comúnmente, a este respecto, ha violado la constitución; unos presidentes más, y otros menos, pero todos, en su transgresión, han cuidado las formas.
No así el actual presidente López; éste es quien más ha infringido nuestra Carta Magna, pero sin cuidar las tradicionales formas. Sus incesantes atropellos a la Constitución Federal son cínicos, y sin recato alguno.
Ahora, so pretexto de la seguridad nacional no quiere informar, se opone a rendir cuentas, intenta imponer que todos los trabajos militarizados del gobierno estén en la oscuridad, para que nadie afecte su labor. Olvidó ya, que “quién nada debe nada teme”.
El Poder Judicial Federal (PJF) no está por encima de los otros dos poderes.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sí está por encima de los tres poderes (Poder Legislativo Federal-PLF, PEF y PJF). Lo prevalente es lo constitucional, no lo judicial ni lo legislativo ni lo ejecutivo.
Y la Constitución Federal le otorga al PJF las atribuciones impuestas en los artículos del 103 al 107; y, entre otras funciones, este Poder Judicial debe instar juicios en contra de actos del PEF y del PLF, cuando los quejosos demandan la protección y amparo en contra de actos del PEF y/o del PLF que quebranten el orden constitucional.
Eso no lo entiende ni lo acepta el tirano López, y paga y manda a leperos, soeces y majaderos, de la peor calaña, para que ofendan a la presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y a la mayoría de los ministros.
El PJF debe de cumplir su deber de vigilancia constitucional para todas las personas quejosas.
La violenta basura humana que paga el presidente O, refleja claramente la naturaleza de Andrés. Y cuando insultan a ese PJF (por ajustarse y cumplir sus atribuciones constitucionales), nos ofenden a todos los mexicanos.
