Opinión| Gertz y la confianza ciega

Luz María Sánchez S Nuestras plumas

Gertz y la confianza ciega

Por: Luz María Sánchez S.

Qué ilusos hemos sido al pensar que la figura del Fiscal General de la República sería realmente independiente y autónoma, en la persona de Alejandro Gertz, quien a pesar del escándalo en el que está inmerso por abuso del poder y pretender torcer la ley en favor de sus propios intereses, aún se mantiene firme en el cargo gracias a la confianza ciega del Presidente.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que le dio un revés absoluto al Fiscal por el juicio en contra su familia política por la supuesta responsabilidad en la muerte de su hermano Federico y su deseo de refundir en la cárcel a dos mujeres inocentes, el Presidente tendió un manto de impunidad moral y le reiteró su inexplicable apoyo. “Yo tengo confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte… ya no es el tiempo de antes; ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio”.

Las frases retóricas suenan bien, pero en la realidad, mantener a un Fiscal General extorsionador, que se ha beneficiado de un poder absoluto, no sólo es una vergüenza para este Gobierno, sino un peligro mantener en el cargo a un personaje autoritario con un poder casi absoluto que, al no lograr las complicidades de los jueces constitucionales, acumulará resentimientos y posibles venganzas contra sus enemigos, dentro y fuera de la 4T.

Inmerso en su coraza de soberbia, al Fiscal General de la República no se le verá haciendo maletas, porque su renuncia sería la derrota evidente de este gobierno que se dice transformador. Por ello, el Presidente finge una supuesta normalidad, como si se tratara de un caso judicial más.

Sin embargo, el fallo de los 11 ministros de la Corte fue un golpe contundente en contra de los intereses del Fiscal General, no sólo al otorgar un amparo liso y llano y liberar de inmediato a la señora Alejandra Cuevas de 68 años quien, estuvo en prisión por más de 500 días y suspender la orden de aprehensión en contra de su madre, Laura Morán Servín, una anciana de 94 años; si no que fueron cayendo uno a uno, los argumentos bajo los cuales Gertz Manero, en complicidad con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a su sobrina y cuñada, inventando delitos inexistentes en el Código Penal y violando flagrantemente sus derechos humanos.

Entre las posturas que destacaron en la resolución del Máximo Tribunal, fue la del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien pidió reconocer a Alejandra Morán como víctima de violaciones a derechos humanos por sufrir una afectación injustificada por parte de los órganos del Estado a su derecho de libertad personal, por lo que se le podría conceder acceso a los mecanismos de reparación integral que establece la Ley General de Víctimas. Por su parte, el ministro Javier Laynez señaló qué a la ex pareja del hermano del Fiscal, Laura Moran, se le debería considerar no sólo bajo el esquema de perspectiva de género, si no de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ya que por su condición no debió estar obligada en automático a brindar los cuidados y hacerse cargo como garante jurídico de Federico Gertz, lo que se traduce en no poder exigirles a los adultos de edad avanzada el cuidado de otros.

Mientras muchos aplauden la actuación casi obligada de la Suprema Corte que, en este caso, se vio descubierta como parte o víctima de posibles extorsiones, la justicia en México sigue en deuda con una ciudadanía lastimada por la impunidad, el letargo de miles de juicios, la corrupción, la justicia selectiva y la opacidad. Además de que el caso Gertz Manero no puede, ni debe quedar cerrado. Si bien, el Fiscal seguirá gozando de ese gran bono de confianza y de su nula ética para tomar la decisión de renunciar, hay todavía interrogantes que resolver, por ejemplo: ¿Es suficiente la simple liberación y exoneración de las víctimas de este atropello monumental para que se vayan a casa y olviden todo? ¿Deberán exigir una indemnización o una disculpa pública? ¿Quién investigará la actuación ilegal y cómplice de la Fiscalía capitalina que le imputó a una de las acusadas, la figura jurídica inexistente de “garante accesoria”? ¿A quién le corresponderá sancionar el papel del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México qué a través de sus jueces convalidó las imputaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy?

En el lenguaje jurídico, este caso ha sido muestra de un total desaseo, pero en términos populares, es un lodazal en el que flotan personajes públicos de alto nivel, al mismo tiempo que ha salpicado a las instituciones de procuración de justicia, cada vez más desacreditadas.

Aun así, el Fiscal General de la República, protagonista de esta sucia historia, goza de cabal salud, protegido impunemente por la bendición presidencial. La confianza lo empodera.

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