Por: Rosalinda Cabrera Cruz
La cruzada en contra de los “aviadores” por parte de la secretaría de Educación en el estado continúa y los llamados institucionales para la regularización de las plazas van de la mano de esas acciones. Es así que la responsable de la política educativa de Michoacán, Gabriela Molina declaró que se llamó a pase de lista a mil 16 trabajadores de la dependencia que no se sabe en donde andan.
Es evidente que las personas que están en una situación irregular simplemente no van a responder a ese llamado porque perderían sus prerrogativas, además de que este exhorto no es nuevo, porque se ha venido haciendo desde hace 30 años (desde los tiempos de Marco Antonio Aguilar Cortés como titular de la SEE y que les pegó duro), dado que durante décadas no ha habido resultados, incluso algunos de esos añejos aviadores ya hasta se jubilaron en ese estatus y reciben una pensión sin haber puesto un pie en la aulas durante todo ese tiempo.
Hay algunos aspectos que los distintos secretarios de Educación no han tomado en cuenta: el primero es que quienes deben atestiguar la presencia de los docentes en la aulas son los directores de plantel, los inspectores y los supervisores regionales y resulta que como ellos también reciben prerrogativas (léase mochada) por parte de quienes devengan una plaza pero no la trabajan, menos los van a denunciar, lo que a su vez es protegido por las diferentes fracciones sindicales.
Por otro lado, se dice en radio pasillo de la SEE que al menos siete funcionarios han sido identificados como que, además de percibir su salario, también reciben un pago como maestros de educación básica, que lo vuelve en un claro conflicto de intereses ya que esas plazas fueron designadas por ellos mismos, sin ahondar en el hecho de que esos mismos funcionarios reciben jugosas ganancias por hacerse de la vista gorda con respecto a los “aviadores”; así que, aunque Gaby Molina ha dicho que van a dar de baja a más de 350 plazas que se supone son “aviadores”, peca de ingenua al no darse cuenta de que su personal de confianza fomenta este abuso.
Hace un par de semanas el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que a partir del 15 de octubre se iban a comenzar a citar a pago en ventanilla a quienes no han sido identificados como trabajadores en los planteles educativos asignados, por lo que en teoría en los próximos días se conocerá si procedió esta determinación administrativa que pretende terminar de una vez por todas con los llamados aviadores en la SEE, así que corren las apuestas para saber si esto es verdad.
En donde también sopla el aire, es en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, cuyos agremiados han solicitado al gobierno estatal garantías para operar en el campus Cananguio, ubicado en Pichátaro. Los integrantes de este gremio señalaron que el incidente violento ocurrido hace una semana en las instalaciones, se debió a que un grupo de pobladores pedía a la autoridad universitaria una serie de condiciones que, desde su óptica no son apegadas a la verdad, como es el tema de que no asisten a clases o de que la vida sindical se ha apoderado de los tiempos de la universidad, es decir, que se suspenden actividades académicas para privilegiar reuniones o paros de los trabajadores.
Y en la falta de maestros en las aulas de esta semana, esta semana, el Comité de Padres de Familia de la Secundaria Federal número 2, Jaime Torres Bodet, en Lázaro Cárdenas, compartió un comunicado acerca del tema de la falta de asignación de carga horaria para algunos docentes, el tema de los pagos que, en algunos casos, son cuatro, otros ocho; que no han recibido el pago por estos servicios prestados a la comunidad estudiantil. Ya tomó el tema la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien ha remitido esta inconformidad para notificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Y hasta aquí por hoy…
