Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Una vez que el gobierno federal abrió la convocatoria para nuevas plazas a docentes, la secretaria de Educación, Gabriela Molina advirtió que no habrá venta ni huachicol de estas, añadiendo que en Michoacán se estima la admisión de hasta mil plazas y será únicamente la secretaría de Educación la interlocutora para realizar el proceso.
Claro que estos anuncios siempre levantan polvareda, puesto que se afectan intereses que existen desde hace décadas y no sólo con los conocidos “coyotes”, sino también con funcionarios de diferentes niveles de la estructura educativa que ahí tienen su cochinito, además de las distintas fracciones sindicales, que en la transa de las plazas reúnen su capital político. Pero bueno, la intención es que más del 50 por ciento de los trabajadores de la educación que se están basificando tiene más de 10 años de servicio y en algunos casos, hasta tres décadas.
Ante lo anterior, no es coincidencia que dichas representaciones magisteriales estén haciendo acto de presencia en las calles, con las ya muy cotidianas marchas y bloqueos, algunas de ellas en demanda del reconocimiento de sus procesos escalafonarios y de que se cumplan los acuerdos políticos que se establecieron con la Usicamm, como es el caso de Poder de Base, o bien con declaraciones como que son un total de 18 mil los trabajadores estatales de la educación en Michoacán que se ven afectados ante la falta de recursos del gobierno del estado para promoción, como lo dijo Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del SNTE.El caso es que todos quieren un pedacito del pastel que envió el gobierno federal.
Un verdadero escándalo resultó al darse a conocer que el año pasado 30 normalistas presentaron títulos falsos para la Convocatoria de Admisión al Servicio Público Educativo (ahora que hablamos de la concesión de mil plazas); la titular de la SEE, Gabriela Molina, ya explicó que se presentaron las denuncias correspondientes por los casos detectados a fin de que se realizaran las investigaciones respectivas y deslindara responsabilidad, lo que le faltó informar es quién o quiénes expidieron estos títulos, porque no es un problema reciente, desde hace décadas es una práctica recurrente.
Y esto va de la mano con la denuncia que se hizo por las irregularidades presentadas en la expedición de títulos en la Universidad Virtual de Michoacán, donde el colmo de los colmos fue designar a Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, para realizar la investigación respectiva, cuando es ella misma estudiante en dicha institución. Ante esta situación, se abre la posibilidad de un conflicto de intereses al ser juez y parte en la denuncia hecha por el líder del sindicato de trabajadores de la Universidad, Salvador Aguilar, quien acusó a la UNIVIM y su rector David Mendoza de otorgar títulos a funcionarios del gobierno y de la propia institución, lo mismo que ocurrió hace 20 años en el entonces Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM).
Ahora, un par de anuncios: ayer, 1 de febrero, iniciaron las preinscripciones para el primer grado de preescolar, primaria y secundaria en Michoacán. Lejos de filas y fichas, la medida representa gastos extraordinarios para los padres, por el acostumbrado negocio de solicitud de actas de nacimiento, Curp y otros documentos, que, aunque terminarán en la basura de las escuelas, forman parte de los requisitos, amén de las ya conocidas “cuotas voluntarias” de padres de familia.
De igual manera, se dio a conocer que ya finalizó el periodo de registro para obtener un apoyo en el programa federal de becas “Benito Juárez”, por lo que quienes no realizaron el proceso, tendrán que esperar para el próximo ciclo escolar.
Finalmente, dando seguimiento al caso, ante la disputa entre la Universidad Michoacana y la comunidad académica y estudiantil por el edificio que alberga a la secundaria popular Carrillo Puerto, la que por cierto ya obtuvo un amparo. El director Juan Manuel Mateo sostuvo que ese plantel ofrece una educación gratuita y no privada como lo argumenta la autoridad nicolaita. Hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Judicial a intervenir para continuar utilizando esas instalaciones que han fungido como aulas de secundaria durante varias décadas. Y hasta aquí por hoy…
