Entorchados militares por encima del Ejecutivo, muestran su poderío violando la ley
Por: Miguel A. Rocha Valencia/Índice Político
Los entorchados, corcholatas y cordones de mando que lució el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en septiembre cuando advirtió de los “graves peligros” para el país si las fuerzas armadas regresaban a los cuarteles, discurso similar que asumió el ganso y su feligresía cuatrotera, me recordó los gorilatos de “antes” no sólo de América Latina sino también de África.
A ese posicionamiento donde el generalote también acusó la existencia de fuerzas oscuras que quieren debilitar las instituciones, siguió el discurso presidencial en el mismo tono y el mismo sentido. En ocasión de ello, hicimos pública nuestra pregunta ¿Quién manda? Refiriéndonos al titular del Ejecutivo o al mandamás de las Fuerzas Armadas.
También nos vino a la memoria el “mea culpa” de Gustavo Díaz Ordaz cuando asumió la responsabilidad total de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, lavándole la cara al Ejército y encubrir a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.
Una responsabilidad sólo comparable con la que aceptó el profeta de la 4T con la liberación de Ovidio Guzmán, quien a tres años del “culiacanazo”, sigue libre, sin ser perseguido y disfrutando de mejores vías de comunicación mandadas a construir por el propio machuchón de Palacio Nacional en Badiraguato, lugar de origen de los principales narcotraficantes del país.
Una vez más, se exoneró a los militares a quienes, además, se les logró devolver a uno de sus generales más “distinguidos”, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos acusado de ligas con el crimen organizado y liberado “fastrack” y de manera inédita por el gobierno de Donald Trump quien atropelló no sólo al poder Judicial de su país, sino a su propio Departamento de Estado para satisfacer el pedido de su contraparte olmeca.
Simultáneamente, las Fuerzas Armadas reciben de todo, desde entregas presupuestales multimillonarias que manejan a su antojo con total opacidad a través de contratos de obra que otorgan a empresas inexistentes o de incapacidad para el cumplimiento de los suministros o materiales pretextados, hasta en compras de equipos y armamentos cuyo destino en muchas ocasiones son el crimen organizado.
También se les dan aparte de las obras públicas, la administración –propiedad de las mismas- aun sin contar con las normas legales mínimas como podría ser proyectos ejecutivos sino a “precio alzado”, lo cual como se ve en el Tren Maya, Dos Bocas y AIFA, triplica el precio y eso, aun sin terminar.
Se supone que, a cambio de todo ello, la seguridad en el país sería mayor que “antes”, pero resulta que hoy hay más asesinatos, ya vamos para los 132 mil, menudean las masacres al tiempo que se desposee a las policías estatales y municipales de recursos financieros, armamento, logístico y preparación.
Igual sucede con la construcción de cuarteles militares disfrazados de Guardia Nacional en las zonas urbanas bajo el pretexto de conflictos e inseguridad, pero cuando se les requiere de los uniformados de verde, blanco, caqui o gris, siempre llegan tarde, siempre llegan después de las balaceras sólo para contar muertos, recoger heridos y hacer alarde de un armamento similar al que utilizan los ejecutores y que consiguieron lo mismo en instalaciones de Marina que de la Sedena.
Más pareciera que los militares “administran” al crimen organizado en vez de combatirlo, por eso vemos comunidades sojuzgadas por la delincuencia sin que soldados o guardias nacionales entren a liberar a los pobladores.
No hay detenidos, pero si documentos que prueban la convivencia de los uniformados con los criminales. Saben dónde están los delincuentes, quienes son, lo que harán y no hacen nada, lo cual refleja una clara protección.
Es decir, no hay algo que justifique, por un lado, una mayor presencia militar y por el otro, que se les dé una más larga permanencia en las calles, la cual, será permanente dado que la construcción de cuarteles no es para unos cuantos días o años, eso es obvio.
De ahí la interrogante es ¿para qué los quiere la 4T? Hoy tenemos en las calles más de 350 mil militares incluyendo los 115 mil elementos de la Guardia Nacional en tareas de seguridad, y de qué nos sirve si cada dos de tres mexicanos nos sentimos inseguros, si en vez de disminuir la violencia aumenta o si debido a la pobreza propiciada por la 4T, cada vez más niños y jóvenes se enrolan en las filas del crimen.
Pero pobrecitos generalotes, se ofenden porque alguien diferente los lacayos de Morena en la Cámara de Diputados les dice que deben por ley, rendir cuentas.
Prefieren hacerse los dignos, desobedecer la ley y no atender el llamado. Se sienten intocables, los defiende el gobierno de la 4T el cual, se ve cada vez más sometido por la bota militar. De eso quedan muy pocas dudas. Pareciera la entrada a un “gorilato”.
