Contaminación en Michoacán… y sin inspectores
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
La tarde del pasado 7 de enero, el cielo de Morelia y otros municipios conurbados se obscureció; una densa capa de humo, resultado del incendio en una recicladora de llantas ubicada en la carretera de la salida a Salamanca, evidenció la falta de capacidad para combatir eventos de esta naturaleza, pero además y lo más grave, deja nuevamente en entredicho la existencia de autoridades para hacer cumplir las leyes ambientales.
Durante varios días, el aire de los municipios de Tarímbaro, Morelia y Álvaro Obregón, principalmente, fue altamente contaminante. La enorme fumarola derivada del incendio fue perceptible desde cualquier punto de la capital michoacana, que además dejó un fétido olor a llanta quemada.
Los bomberos de Morelia y Tarímbaro hicieron durante 2 días un titánico esfuerzo para apagar la conflagración, que por momentos les rebasó, lo que les hizo apoyarse de pipas de agua del ayuntamiento moreliano e incluso particulares, que por varias horas circularon por el libramiento de la ciudad escoltados por patrullas de diversas corporaciones.
La Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm) de inmediato inició una inspección en la empresa recicladora de llantas Ecormex (la que previamente no se había efectuado); a decir del director de la dependencia, Arturo Chávez Carmona, es obvia y presunta la responsabilidad por parte de la empresa sobre las causas del siniestro que tardó más de 24 horas en sofocarse, aunque también es obvio que, de haberse realizado una revisión previa, el accidente no habría ocurrido.
Para dar cerrojazo al asunto, el funcionario señaló que “la Procuraduría llevará a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para saber si se cuentan con las autorizaciones estatales, y en caso de que se cuente con ellas, realizaremos la revisión de los términos y condicionantes de dichas autorizaciones y, en su defecto, se aplicarán las sanciones correspondientes”, concluyó.
Quien puso el dedo sobre la llaga fue el secretario del Medio Ambiente (SECMA), Alejandro Méndez López, que sobre la contaminación derivada señaló que “se cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire, cedida en comodato al ayuntamiento de Morelia por el gobierno del estado a través de la SECMA, y se ubica en el centro de Morelia operando continuamente, desde allí se monitorean los parámetros de: material particulado menor a 10 micrómetros (PM 10), material particulado menor a 2.5 micrómetros (PM 2.5), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), en concordancia con la NOM-172-SEMARNAT-2019, que establece estos componentes como parámetros a monitorear”.
Mediante un comunicado, Méndez López subrayó que, en los límites del municipio de Tarímbaro, “no se cuenta con estación de monitoreo; sin embargo, no se prevé mala calidad del aire, gracias a los vientos que han apoyado a la dispersión de los contaminantes”; es decir, quedó en manos de la naturaleza recomponer lo que la ineptidud humana provocó.
Pero a la falta de estaciones de monitoreo del aire habría que añadir que la ProAm sólo cuenta con 3 inspectores para realizar los trabajos para prevenir los altos niveles de contaminación no únicamente del aire, sino también del agua y la tierra.
Mugre en aire, agua y tierra
Los pocos inspectores de la ProAm, además de la monumental carga de trabajo, también tienen que enfrentar presiones y amenazas por parte de quienes se sienten afectados por sus labores de inspección, lo cual puede ocurrir mientras revisan bancos de materiales, vasos y cauces de agua o la contaminación que priva en el aire, como en el caso de Morelia, donde son frecuentes las manifestaciones sobre todo de transportistas, cuando se indica que sus vehículos son altamente contaminantes, lo que para algunos inspectores resulta incómodo y un problema de seguridad para poder realizar su actividad.
Habría que recordar que el año pasado la ProAm inició 69 procedimientos administrativos a particulares y ayuntamientos por incumplimiento de la legislación ambiental, donde por medio de un comunicado se dio a conocer que “de los 69 procedimientos, 11 corresponden a rellenos sanitarios en Erongarícuaro, Copándaro, Villamar, Briseñas, Ario de Rosales, Arteaga, Ocampo, Chucándiro, Morelos y Huandacareo.
Además, 11 son a fraccionamientos, 29 a bancos de materiales pétreos, mientras que el resto son por obras no reservadas a la federación, industrias de competencia estatal, así como instalación de antenas, fuentes fijas, entre otros.
De igual manera, en el informe se incluyó que se recibieron y atendieron 96 denuncias, de las cuales 40 tuvieron origen en Morelia; se aplicaron 25 medidas de seguridad, consistentes en la clausura temporal de las obras y/o actividades y se emitieron resolutivos con multas por más de 15 millones 700 mil pesos”.
Los ejemplos de contaminación ambiental son muchos y en la mayoría de los casos quedan en la impunidad o bien quienes lo realizan la libran mediante el pago de alguna multa que no los disuade de continuar con sus acciones de ensuciar el entorno.
La muestra se tiene en el grado de deterioro en los cuerpos acuáticos estatales, lo que se refleja tanto en una disminución de los caudales como en la mortandad de peces que ya se registran en algunos afluentes, de acuerdo con lo señalado por Arturo Chacón Torres, investigador del Instituto de Investigaciones de los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana (INIRENA).
El especialista indicó que los lagos “dependen básicamente del bosque y de las zonas montañosas; el relieve de Michoacán es muy accidentado, por lo que el agua escurre por los valles hacia los lagos y ríos, provocando que la deforestación incida negativamente en la conservación del recurso hidrológico”.
Asimismo, dijo que, en el caso de los volcanes de arena que se extrae para la construcción, “son como una esponja y filtran muy bien el agua que es de muy alta calidad, pero si no hay cobertura vegetal, todo se erosiona, entonces es importante que exista el bosque para que estabilice los suelos y el agua escurra con facilidad, sin necesidad de acarrear suelos”.
Abundó en el tema señalando que en el estado, todo lo que es el Pico de Tancítaro, la Sierra Madre del Sur, más las montañas de la sierra de los Azufres, en la zona oriente, son regiones pobladas por pinos “que hace 10 mil años, cuando comenzaron a crecer, formaron suelos muy importantes, los que se conocen como ´charanda´ en la Meseta Purépecha, los suelos rojos, que son ricos en hierro y de una textura muy fina y sirven mucho para el crecimiento del pino”.
Sin embargo, pese a esta riqueza, en Michoacán por el tipo de agricultura prevaleciente, poco planificada y sin estudios de impacto ambiental, “existe una tendencia de deforestación masiva para hacer el cambio de uso del suelo y poder ocupar esas tierras”.
Chacón Torres reiteró que ante la creciente deforestación, calculada en la pérdida de 60 mil hectáreas anuales para el caso de Michoacán, “la velocidad con la que se está haciendo la reforestación, no compensa en un 30 por ciento la que existe con el cambio de uso del suelo ilegal o legal”.
Y los peces se mueren
La contaminación de los lagos michoacanos es innegable, lo que les ha convertido en vertederos de aguas negras y agroquímicos que afectan los sistemas acuáticos, señaló por su parte la investigadora especialista en el estudio de los peces, Martina Medina. La especialista señaló que los lagos resultan más afectados en este ciclo de vertedero de desechos, al ser la parte receptora y final de estos.
Puntualizó que el uso de jabones está afectando la calidad del agua en estos embalses y, de acuerdo con estudios de la UMSNH, se está afectando también a las crías y huevecillos de peces, tomando en cuenta que en el caso de los vivíparos -cuando las crías nacen vivas-, están siendo alteradas sus etapas de desarrollo y en otros casos alteran la acidez de los lagos y les provocan escoriaciones en la población piscícola, además de “estrés fisiológico” que redundan en enfermedades de las especies.
En el caso de los agroquímicos, como los fertilizantes que se vierten a los lagos a través de descargas sin control, en los últimos cinco años en el lago de Zirahuén afectaron todo el ciclo al constituirse en nutrientes para la proliferación de algas tóxicas y en el caso de la presa de Cointzio, incluso se ha registrado mortandad de peces.
Los agroquímicos están alcanzando efectos adversos en todo el ciclo acuático, desde la flora como las algas, hasta los organismos de los que se alimentan las poblaciones piscícolas, “principalmente a las especies nativas”. Otras especies como la carpa, la tilapia, dice, “aguantan más esta contaminación orgánica y química, sobreviven más a estos cambios en el ecosistema”.
En otro tenor de maltrato ambiental, se encuentra el aumento de las huertas de aguacate en Michoacán y por consiguiente el uso de agroquímicos, lo que se ha convertido en una amenaza que alteran desde el color del agua como propician la proliferación de algas, siendo los de mayor riesgo aquellos que contienen fósforo y nitrógeno.
En este punto, cabe recordar que los intereses financieros vinculados al auge del aguacate en la entidad han llevado a una acelerada expansión ilegal de plantaciones, a costa de la tala de grandes superficies de bosques de pino y encino en las zonas templadas de la geografía michoacana.
Desde hace 2 décadas, los bosques michoacanos (de acuerdo a cifras de la Comisión Forestal) han perdido el equivalente a casi la mitad de la superficie de la Ciudad de México, principalmente por cultivo de aguacate y ganadería. En contraparte, la industria aguacatera ha construido un imperio económico que le ha permitido expandirse de manera irregular sobre áreas forestales, con el aval de distintos gobiernos.
La producción del fruto representa la segunda fuente económica de la entidad (50 mil millones de pesos anuales), sólo superada por las remesas de los migrantes y como consecuencia ha derivado en la deforestación de miles de hectáreas boscosas, iniciada hace más de tres décadas, que continúa su avance imparable ante la pasividad de las autoridades que, desde hace varios sexenios, han tolerado las afectaciones ambientales de ese cultivo.
Con base en estudios de la UNAM, se calcula que del año 2000 a la fecha Michoacán sufrió la deforestación de cerca de 100 mil hectáreas (equivalentes a 42.5 por ciento de la superficie de la capital del país), principalmente por cambios de uso de suelo para cultivo de aguacate y para expansión ganadera.
Cabe destacar que en la última década se aceleró el crecimiento de la superficie del cultivo de aguacate en Michoacán, cuya expansión se dio con un promedio anual de 6 mil 288 hectáreas; esto es más del doble del crecimiento en la década anterior (2000 a 2010) cuando fue de 2 mil 852 hectáreas por año, o del periodo entre 1980 a 2000, cuando se estimó un aumento anual de 2 mil 377 hectáreas de cultivos de aguacate.
A consecuencia de ello, la franja aguacatera michoacana se extendió a 43 municipios, principalmente Tancítaro, Ario de Rosales, Uruapan, Salvador Escalante, Tacámbaro, Peribán, Tingambato y Los Reyes. Eso explica que en Michoacán se haya impulsado la economía con la suplantación de bosques por cultivos de aguacate, por lo cual se ha causado un grave deterioro de los recursos ambientales en casi todo el territorio de la entidad.
Otro cantar, el turismo
Otra gran fuente de recursos económicos para Michoacán es el turismo, que también deja su impronta ecológica y causa fuertes impactos a los ecosistemas debido a la actividad de los miles de visitantes. Es de subrayarse que pese a la derrama económica que dejan sobre todo los destinos de playa, montaña, lagos y ríos del estado, aún no existen estudios fundamentados acerca del costo real de dicha actividad en el territorio en términos de impacto ambiental.
Tanto autoridades estatales como de diversos municipios aseguran que el proceso de sustentabilidad ambiental para los destinos turísticos de Michoacán se encuentra en marcha, no se han detallado estrategias o presentado estadísticas relevantes sobre un tema que, al contrario, año con año presenta datos sobre la pérdida de ecosistemas, como sería el caso de la zona de las mariposas monarca en el oriente o la visita de pelícanos borregones en las cercanías con Jalisco.
Roberto Monroy, titular de la secretaría de Turismo en la entidad (Sectur), sí se trabaja en campañas de mitigación de daños a los principales ecosistemas, esto desde la Costa michoacana, los bosques del Oriente, la zona Lacustre y hasta los bosques del sur de Morelia, que participan de estas acciones que buscan medir y revertir los posibles daños ambientales producidos por la mano del hombre en su actividad turísticas.
Luego de brindar los datos de derrama económica del periodo de invierno 2022, el encargado de la política de turismo del estado habló de las acciones que se han tomado desde octubre del 2021.
Aunque reconoció que actualmente no se cuenta con datos actualizados respecto el impacto ecológico del turismo en las zonas que más atraen a los visitantes, sí ha sido posible ver que la conservación de los bosques deja más que el cambio de uso de suelo. Aseguró que “no por meter más gente vamos a afectar a la naturaleza. No vamos a afectar nuestro patrimonio por querer ganar más. Ya parte de la derrama se destina para atender el tema”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destaca que los principales impactos ambientales negativos generados por el desarrollo de infraestructura turística son la modificación y destrucción del hábitat de flora y fauna terrestre y acuática; cambios de uso de suelo forestal; generación de residuos peligrosos; contaminación de suelos y cuerpos de agua por emisiones líquidas (descargas de aguas residuales, aceites, lubricantes e hidrocarburos); introducción de especies exóticas; emisión de ruidos y vibraciones por el empleo de maquinaria pesada; alteración de dunas costeras y la obstrucción de cuerpos de agua superficiales y subterráneos.
