Cómo sobrevivir a la impunidad: lecciones del CIDE ante el ataque del CONACYT

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Cómo sobrevivir a la impunidad: lecciones del CIDE ante el ataque del CONACYT

La ausencia de responsabilidad o justicia erosiona a las instituciones y daña a las personas. El ataque al CIDE es un ejemplo más de cómo el gobierno de la 4T parece querer retroceder a una época donde el presidente era todo y los ciudadanos nada.

Por: Antonio Farías*/MCCI

Tristemente, en México la impunidad se ha convertido en pan de todos los días. Los casos de impunidad no faltan en los periódicos, en los noticieros o en las sobremesas. A pesar del gran avance democrático e institucional que ha tenido México en los últimos veinte años, seguimos viviendo en el país de no pasa nada. Es usual que, al hablar de impunidad, pensemos en los grandes casos de corrupción, de crímenes sin culpable o de culpables sin castigo. En ese extremo, la impunidad erosiona no solo a las instituciones, sino a las personas, quienes sufren efectos psicológicos devastadores. Asimismo, la tergiversación de la realidad por parte de la autoridad, mediante el uso de eufemismos o medias verdades (los “otros datos”), ha llevado a que las personas pierdan el sentido de la realidad.

La impunidad, entendida como la ausencia de consecuencias ante faltas o delitos tipificados, no solo existe en aquellos grandes casos con flagrantes violaciones a los derechos humanos. La impunidad también se da en el día a día, en decisiones menores que podrían parecer irrelevantes pero que en el agregado terminan por vulnerar los derechos de las personas; además, también destruyen la confianza entre ciudadanos y gobierno. En el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) hemos denunciado claras violaciones a la normatividad vigente:

  1. En el proceso de nombramiento del Director General, el Grupo de Auscultación Externa estuvo conformado por personas con claro conflicto de interés, a pesar de que la normatividad pide que este grupo sea independiente.
  2. El estatuto general vigente en ese momento, facultaba al Consejo Directivo a formalizar el nombramiento del Director General. La lógica jurídica sugiere que, si alguien tiene la facultad para formalizar, también tienen la facultad de no hacerlo. Sin embargo, la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) buscó obligar al Consejo Directivo a formalizar el nombramiento sin discusión o votación alguna.
  3. Se modificó el Estatuto General por la Asamblea de Asociados sin el visto bueno del Consejo Académico o el Consejo Directivo, a pesar de que el estatuto así lo determina.
  4. El Director General realizó la contratación, directamente al nivel más alto (Profesor Investigador Titular “C”), de un profesor sin doctorado, que no imparte clases o realiza investigación, ni cuenta con publicaciones académicas, entre otros requisitos que el Estatuto del Personal Académico del CIDE exige para estos puestos. Este nombramiento irregular no ha sido el único.
  5. Derivado de los amparos presentados por la comunidad estudiantil, un juez resolvió que el Conacyt debe entregar el acta protocolizada del nombramiento del Director General, orden a la cual se han negado e incluso han interpuesto quejas para no hacerlo. Si el nombramiento fue legal y de acuerdo a la normativa, ¿por qué esconder el acta? De existir, este documento es el fundamento legal que faculta al Director General y sin él ninguna decisión o acción que lleve a cabo es legal.

Además de estos casos puntuales de actos ilegales que hasta la fecha no han sido sancionados, se podrían enlistar las repetidas ocasiones en las que el Conacyt o la Dirección General del CIDE han abiertamente mentido en declaraciones públicas de manera impune.

Hay que dejar en claro que los llamados de justicia no son persecuciones políticas; no es un asunto de ideologías ni son asuntos personales. Son un asunto de reglas y responsabilidad. Pero, sobre todo, son un asunto de ciudadanos preocupados y ocupados por las acciones insensibles de una administración con muchas promesas y pocos resultados. El régimen se equivoca al suponer que solo el Presidente puede hablar de la voluntad del pueblo. Es ahí donde no puedo dejar de recordar las palabras de Jorge Carpizo, jurista y político mexicano, publicadas hace ya 44 años. Recupero un fragmento donde narra el efecto que el puesto de Presidente llega a tener sobre la persona que ocupa el cargo:

“Es indudable que el cargo de presidente influye en el hombre que lo desempeña: tantas facultades y tanto poder; el mando sobre hombres inteligentes; la visión de que está, durante su período, determinando la historia de México; tantas alabanzas e incienso de casi todos los sectores y, además, los actos de la corte que lo rodea, y sin descanso que lo está alabando y diciéndole lo excepcional que es y lo maravillosamente bien que lo está haciendo”.

Esta es la descripción de los presidentes bajo el régimen del PRI tradicional y absoluto que empezó a desmantelarse en los tiempos de Miguel de la Madrid. Un régimen donde el Presidente lo era todo. Él era la justicia, el pueblo y la historia. Un régimen en el que hablar de corrupción o impunidad era inconcebible, no porque no existieran casos de corrupción o impunidad, sino porque eran tolerados y avalados bajo el yugo presidencial. No es corrupción si el Presidente lo avala, no es impunidad si el Presidente lo tolera. Y si el Presidente no lo avala ni tolera, entonces no sucedía. Esos son los tiempos con los que parece soñar nuestro Presidente. Nos lo deja claro cuando proclama: “cómo es [posible] que ahora la Corte nos corrige la plana” ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar por inconstitucionales artículos de su Ley de Austeridad Republicana; o aún peor, dichos como “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley.” Para el Presidente la ley es él, porque él es el pueblo.

No nos podemos permitir regresar a esos tiempos. El país ya es más que su Presidente, más que su gobierno. Los ciudadanos reconocen el valor de participar y de demandar soluciones. Garantizar un Estado de Derecho para erradicar la impunidad es necesario, pero no lo es todo. En un análisis de literatura sobre justicia transicional en América Latina se han identificado cuatro condiciones determinantes para sobreponerse a un régimen de impunidad:

Debe existir una clara demanda por parte de la Sociedad Civil: Es necesario que los ciudadanos, ya sea mediante organizaciones no gubernamentales, activistas, sindicatos, estudiantes, vecinos, víctimas o de forma individual, valoren y exijan los ideales de responsabilidad y justicia ante actos de impunidad.

No pueden existir fuerzas de veto: Éstas son aquellos actores que han cosechado beneficios debido a la impunidad y que pretenden difundir puntos de vista “alternativos” para nulificar los reclamos de justicia.

Debe garantizarse el liderazgo y la autonomía judicial: Es indispensable tener un Poder Judicial fuerte y autónomo capaz de tomar decisiones, sin la intromisión de otros poderes. Esta autonomía no solo debe existir en los altos niveles del Poder Judicial, sino también en los jueces locales o de distrito que tomen decisiones basadas en la ley y la evidencia, sin la injerencia de cortes superiores.

Finalmente debe existir cierta presión internacional: La presencia y apoyo de organismos internacionales amplifica y fortalece las demandas de justicia. La creación de redes internacionales de apoyo da respaldo a los movimientos locales y llaman a los gobiernos federales a rendir cuentas. Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han sido determinantes en procesos transnacionales de justicia ante graves violaciones de Derechos Humanos.

La lucha contra la impunidad requiere la exigencia de los ciudadanos para que se cumplan simultáneamente estas cuatro condiciones. Esto es incluso más relevante ante el ataque frontal de la actual administración en el que las demandas de la sociedad civil han sido desestimadas por el gobierno con argumentos como “son conservadores”, “quieren atacarnos”, “no son pueblo”, o “quieren conservar privilegios”. Cuando en realidad, los verdaderos actores que pueden perder privilegios se han alineado al gobierno y rinden diariamente alabanza y pleitesía al presidente.

El Poder Judicial ha sido sistemáticamente debilitado con la colocación de ministros serviles y leales al Presidente y no a las leyes, y mediante la persecución política, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o la presión desde las conferencias mañaneras, de jueces cuyas decisiones no han sido bien recibidas por el Ejecutivo. Inclusive mediante la injerencia directa de juzgados superiores en decisiones que no son, o por lo menos aún no son, de su competencia. Ya ni siquiera hemos de ahondar en las evidentes fallas de una Fiscalía supuestamente autónoma. Finalmente, la presión internacional ha sido desestimada tajantemente como actos de intervencionismo que buscan vulnerar nuestra soberanía, sin hacer caso al mensaje o la intención.

La legitimidad de las decisiones ya no puede radicar sólo en los resultados electorales, la legitimidad por aval presidencial ya no es suficiente. Como ciudadanos, debemos exigir que las decisiones reflejen un respeto absoluto a los derechos humanos y a la normatividad vigente; si no lo hacen, la decisión es ilegal y de no ser castigada quedará impune. También debemos presionar para que las decisiones sean informadas, plurales y basadas en evidencia. Las decisiones por ideología no tienen cabida en una sociedad democrática.

El presidencialismo mexicano absoluto, que reprimía a la ciudadanía en favor de un régimen autoritario, sólo puede revivir ante la inacción de los ciudadanos. No podemos rendirnos ante la supresión sistemática de nuestras demandas. Ningún acto de corrupción o impunidad es menor. Actuemos y construyamos en comunidad. La comunidad estudiantil, académica y de trabajadores del CIDE han sido ejemplo de convicción ciudadana al exigir autonomía y democracia en las universidades y centros públicos de investigación y denunciando actos ilegales que hoy permanecen impunes. Seguiremos levantando la voz.

*Ciudadano. Gestor Cultural. Actualmente cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE.

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