Por: Rosalinda Cabrera Cruz
La próxima vez que se deguste el tan sabroso guacamole, habría que reflexionar en que el aguacate con que se produce proviene de tierras deforestadas ilegalmente, utilizando agua robada, en una región de México donde los pueblos indígenas y otros residentes enfrentan violencia e intimidación por defender el medioambiente, denunció esta semana la organización Climate Rights International (CRI, por sus siglas en inglés).
En un informe de 250 páginas dado a conocer recientemente por el CRI, titulado “El saldo insostenible de la expansión aguacatera: Deforestación, acaparamiento de agua y violencia detrás de las exportaciones de aguacates de México a EE. UU. y otros mercados”, se apunta que México es el mayor productor y exportador mundial de este fruto y provee cuatro de cada cinco aguacates que se consumen en Estados Unidos, con exportaciones que ascienden a un valor de 3 mil millones de dólares anuales; apuntan también que los aguacates mexicanos llegan cada vez más a otros mercados internacionales, y las exportaciones a Europa, Canadá y Asia sumaron más de 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años.
El consumo de aguacates en Estados Unidos se ha triplicado desde el año 2000, en parte propiciado por las campañas de promoción comercial enérgicas que lleva adelante la industria y que incluyen afirmaciones sobre la “sostenibilidad” de los aguacates mexicanos.
No obstante, la demanda internacional cada vez mayor de este producto ha impulsado la tala generalizada de bosques en Michoacán y Jalisco, los dos estados que producen la totalidad de los aguacates mexicanos que se exportan a la Unión Americana.
Los productores de aguacate usan cantidades enormes de agua, que muchos extraen ilegalmente de arroyos, ríos, manantiales y acuíferos subterráneos para regar sus huertas, a este respecto, hace menos de dos meses, habitantes de las riberas del lago de Pátzcuaro denunciaron que el agua estaba siendo sustraída del embalse con bombas, para regar las cada vez más cercanas huertas.
Lo anterior ha tenido como resultado consecuencias graves para las poblaciones locales, puesto que han contribuido a la escasez de agua y han incrementado el riesgo de deslaves e inundaciones letales.
Sin interés oficial
Las señales de alerta no han despertado el interés de las autoridades mexicanas, pues no ponen freno a esta destrucción. Muchos de los principales importadores y supermercados comercializan aguacates producidos en tierras deforestadas, regados con agua robada y no hay acciones para impedirlo.
Pese a ser los recipiendarios del cuestionado fruto y que tiene los medios para ayudar a resolver el problema, afirma el CRI en su informe, el gobierno norteamericano ha hecho caso omiso de esta situación, sin importar que el vecino país del norte asumió compromisos vinculados con el cambio climático de trabajar para poner fin a la deforestación global, así como los compromisos de larga data de promover los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.
Cabe destacar que los datos del CRI provienen de una investigación de campo minuciosa que llevó a cabo el organismo en 18 municipios en Michoacán y Jalisco, en el que fueron entrevistadas casi 200 personas y basándose en el análisis de registros gubernamentales estadounidenses y mexicanos que no se habían publicados anteriormente, incluidos mapas de las más de 50 mil huertas de aguacate certificadas para la exportación a Estados Unidos.
Dicho estudio arrojó que prácticamente la totalidad de la deforestación para la producción de aguacate en Michoacán y Jalisco ocurrida durante las últimas dos décadas se llevó a cabo en contravención al derecho penal federal de México, que prohíbe el “cambio de uso de suelo” de terrenos forestales para destinarlos a la producción agrícola sin autorización del gobierno.
El delito adicional consistente en provocar incendios forestales de manera deliberada a menudo facilita la deforestación. La conversión de bosques naturales en huertas de aguacate libera gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento climático, y además reduce el almacenamiento de carbono y menoscaba la biodiversidad y la recuperación de los acuíferos.
En las comunidades visitadas por Climate Rights International, sus investigadores detectaron un clima generalizado de preocupación, indignación y furia ante la destrucción de los bosques locales y el agotamiento y robo del abastecimiento de agua.
Sin embargo, en general estos sentimientos fueron acompañados por otro, que a veces es incluso más fuerte: el miedo. CRI documentó amenazas y ataques reiterados contra lugareños que se han opuesto a la degradación ambiental generada por el cultivo de aguacates. Los lugareños sabían que los cruentos grupos de crimen organizado que tienen una fuerte presencia en la región mantienen vínculos múltiples con algunos sectores de la industria. Las personas temían ponerse en peligro si actuaban para defender el medioambiente, y muchas han optado por no hacerlo debido a este motivo.
Las comunidades indígenas purépechas se han movilizado en forma colectiva para proteger los bosques, pero sus esfuerzos también se han visto coartados por la violencia y la intimidación. Los ataques perpetrados contra comunidades indígenas violan su derecho humano, como pueblos indígenas, a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan sus tierras y recursos. Conforme se describe en el acta de una asamblea comunitaria, la deforestación para la producción de aguacate está “destruyendo el equilibrio ecológico de los terrenos comunales”.
Oro teñido de rojo
Para Alejandro Reyes Solórzano, investigador de la Universidad de Chapingo, el problema de la deforestación y el cambio de uso de suelo en Michoacán tiene tintes tan graves como el del narcotráfico, y las autoridades sólo han acertado a dar soluciones políticas durante años a este problema; ahora la situación tiene tintes dramáticos por la grave miseria no sólo económica sino humana que enfrentan los grupos que fueron dueños del bosque y la pérdida de más del 60 por ciento de la superficie boscosa de la entidad.
Las bandas de talamontes se encuentran bien organizadas y armadas, y cuentan incluso con la complicidad de las autoridades en zonas como las de la mariposa monarca, donde cualquier hijo de vecino le puede a uno informar de fortunas y cargos públicos que ocuparon y ocupan quienes de manera ilícita viven del bosque, a esto se suman los cambios y autorizaciones de cambio de uso de suelo en diversos municipios para la instalación de zonas urbanas.
Ahora, en lugares como Pátzcuaro, donde el bosque debería ser una prioridad, cada día los asentamientos irregulares son mayores y la pérdida de bosque ya es una realidad; las reforestaciones que pomposamente anuncian los ayuntamientos y gobierno del estado y federal no son sino medidas políticas que poco o nada benefician a la restauración del recurso, como con el narcotráfico y la violencia.
Se deben tomar medidas preventivas y para ello también es fundamental involucrar a la sociedad; el bosque puede ser un elemento para frenar la migración, sin embargo, primero hay que actuar contra los grupos organizados que con una fachada legal actúan de manera ilegal.
Lo anterior significa que hay quienes cumplen con los ordenamientos legales para explotar el bosque, pero también actúan en complicidad con ayuntamientos y corporaciones policíacas de la manera que es la que realmente les produce ganancias.
Si bien esto no es nuevo, la violencia sigue azotando a estas regiones, que lograron salir de la pobreza gracias al aguacate y gracias también a él ahora viven azotados por las amenazas: quien no está dispuesto a pagar a los narcotraficantes termina muerto, lo mismo que su familia.
La violencia transformó a los agricultores en guerreros armados. Los hombres traen pistolas y gastan miles de pesos en comprar las armas más sofisticadas para proteger a sus familias y su patrimonio. Sin embargo, no ha sido suficiente para defenderse del crimen organizado, y cada semana aparece un nuevo productor o un familiar asesinado en las calles, en los autos o en los campos baldíos de las zonas aguacateras.
Manos atadas
Funcionarios ambientales, tanto en Michoacán como en Jalisco, reconocen que la producción de aguacate es una de las principales causas de deforestación y destrucción ambiental en sus estados. No obstante, las autoridades mexicanas a menudo no hacen valer las leyes ambientales en las regiones productoras de aguacate.
Uno de los motivos, asevera Brad Adams, director ejecutivo de Climate Rights International, es que los funcionarios temen convertirse en blanco de amenazas y actos de violencia si intentan contrarrestar la deforestación ilegal y el robo de agua. Otro motivo es la corrupción, sobre todo en las investigaciones y procesos penales estatales en Michoacán, según señalan funcionarios estatales y federales y residentes.
Considerando las dificultades asociadas con la aplicación de la ley a nivel local, impedir que los aguacates vinculados con la deforestación lleguen a mercados valorados en miles de millones de dólares (especialmente Estados Unidos) sería un paso clave para contener el problema.
Esa fue la opinión consensuada de líderes comunitarios y funcionarios mexicanos, quienes indicaron a CRI que bloquear el acceso a estos mercados reduciría en forma significativa los incentivos para destruir los bosques o para atacar a los residentes que los defienden.
Adams puntualizó que, en 2021, altos funcionarios ambientales mexicanos propusieron una política de estas características al director regional en México del servicio de inspección de plantas del departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA); la propuesta consistía en agregar el requisito de que no hubiera deforestación ilegal al acuerdo que ya existe entre los dos gobiernos, conforme al cual cada huerta de aguacates que exporta su producción a Estados Unidos debe contar con la certificación de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que cumple con determinados requisitos, que en la actualidad se relacionan exclusivamente con el control de plagas.
Pero los funcionarios estadounidenses no actuaron a partir de la propuesta, en cambio, como se demuestra en el informe citado, Estados Unidos certifica de manera habitual huertas deforestadas ilegalmente para la exportación a consumidores estadounidenses.
El gobierno estadounidense agravó este problema al aprobar que el estado de Jalisco comenzara a exportar aguacates a Estados Unidos en 2022, sin adoptar medidas para abordar el riesgo de que, como se alertó en un informe interno del gobierno de Estados Unidos en ese momento, la aprobación “probablemente aumente la deforestación” en Jalisco, tal como lo habían hecho las “presiones del mercado” en Michoacán.
Hay empresas en Estados Unidos, México y otras partes del mundo que tienen una cuota significativa de responsabilidad por la deforestación. Climate Rights International concluyó que, a pesar de plantear afirmaciones sobre sostenibilidad contundentes, muchas empresas importantes adoptan medidas escasas o nulas para prevenir que productores vinculados con la deforestación en México contaminen sus cadenas de suministro.
En registros del gobierno mexicano hasta ahora inéditos, se indica que, en 2022, las empresas estadounidenses Calavo Growers, Fresh Del Monte Produce, Mission Produce y West Pak Avocado se abastecieron de aguacates cultivados en huertas en las que había suelos deforestados ilegalmente. Las empresas, a su vez, suministraron aguacates de origen mexicano a cadenas de supermercados importantes, entre ellas Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons, Costco, Target y Trader Joe’s.
La inacción por parte de empresas y funcionarios gubernamentales resulta inexcusable. Las autoridades estadounidenses y mexicanas cuentan con mapas de todas las huertas certificadas para exportación, y cualquier empresa comprometida con erradicar la deforestación de sus cadenas de suministro podría obtenerlos, como lo hizo Climate Rights International.
Comparando estos mapas con imágenes satelitales, las autoridades podrían identificar huertas que hayan sido deforestadas recientemente y bloquearlas de la certificación para exportación, y las empresas podrían identificarlas y excluirlas de sus cadenas de suministro.
Esta medida no arruinaría a la industria aguacatera de México, dado que si bien la deforestación reciente está muy extendida y afecta de manera grave a muchas personas y al medioambiente, la mayoría de las huertas existentes no se verían afectadas por dichas políticas, puesto que se encuentran en tierras que se destinan desde hace mucho tiempo a la agricultura. No obstante, las políticas reducirían de manera drástica el incentivo de talar más árboles para satisfacer la demanda creciente de aguacates.
La deforestación y los perjuicios para los derechos humanos en México son síntomas de un problema mucho mayor que es central para la crisis climática: la falta de regulaciones y políticas nacionales e internacionales orientadas a poner fin a la deforestación para producir productos agrícolas como carne de res, soja, aceite de palma y aguacates. La promulgación e implementación con carácter urgente de este tipo de regulaciones y políticas es fundamental para evitar una catástrofe climática, y para proteger los derechos de las poblaciones en los lugares donde se generan los productos.
