Trabajo infantil: tolerado, por necesario

Investigaciones

Trabajo infantil: tolerado, por necesario

Por: Rosalinda Cabrera Cruz

Esta semana se conmemoran con un día de diferencia dos fechas significativas: uno es el mal llamado “Día del Trabajo” (porque contradictoriamente se celebra descansando) y el otro el “Día del Niño”; en este marco, frente a un informe global de la Organización Internacional del Trabajo llamado “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil”, se menciona que en 2018 había alrededor de 215 millones de niñas y niños trabajadores en el mundo.

Más de la mitad (115 millones) están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como son ambientes peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados, como sería la aterradora guerra de Rusia contra Ucrania y otros conflictos bélicos.

En México, según el INEGI, en 2017 había aproximadamente 3 millones de niños y adolescentes de entre cinco y 17 años que realizaban alguna actividad económica, lo cual equivale a una tasa de ocupación de 10.5 por cada cien niños; de ellos, el 68 por ciento son hombres y el 32 por ciento mujeres, lo que a la vez significa tasas de ocupación de 14.1 y 6.8 para uno y otro sexo, respectivamente.

Pero no todo el trabajo efectuado por niños debe ser clasificado como trabajo infantil de carácter negativo. La participación de niños o adolescentes en un trabajo que no afecta su salud y su desarrollo personal o no interfiere con su educación es considerado, por lo general, como algo positivo.

En él se encuentran incluidas actividades como ayudar a sus padres en la casa, asistir en un negocio familiar o ganar dinero para sus gastos personales fuera de las horas de escuela y durante las vacaciones escolares. Éstas y otras actividades contribuyen al desarrollo de los niños y al bienestar de sus familias, ya que les hacen obtener habilidades y experiencia y les prepararan para ser miembros productivos de la sociedad durante su vida adulta.

Sin embargo, el reto se encuentra en el otro tipo de trabajo infantil, el trabajo que priva a los niños o adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. Es el trabajo que física, mental, social o moralmente perjudica o daña a los infantes y que interfiere en su participación escolar privándoles de la oportunidad y el derecho de ir a la escuela, obligándoles a abandonar a destiempo las aulas escolares o a que combinen la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado con escasa o nula retribución.

En sus formas más extremas, el trabajo infantil implica niños o adolescentes que son esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves riesgos y enfermedades y/o abandonados a valerse por sí mismos en las calles de las grandes ciudades, casi siempre a muy temprana edad.

Cabe aclarar que el que una forma particular de “trabajo” pueda ser llamada “trabajo infantil” depende de la edad de la o el niño, el tipo y horas de labor desempeñadas y las condiciones bajo las que se efectúa. Es por ello que el trabajo infantil es considerado en los convenios internacionales y en las legislaciones nacionales como una violación de los derechos humanos fundamentales de los pequeños.

Entre las principales actividades que realizan los niños trabajadores se encuentran la venta ambulante, aseo de calzado, cargadores de bultos, limpieza de autos y parabrisas y trabajo doméstico, entre otros. Y las consecuencias más comunes por el desempeño de esas actividades son, entre otras, el bajo rendimiento escolar, falta de asistencia regular a la escuela, violencia, maltrato, inicio temprano de la vida sexual (con la consecuente falta de información sobre las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados), la explotación sexual comercial infantil, el consumo de drogas y la trasgresión de las leyes.

Un pasito para adelante… otro para atrás

Si bien la situación de los niños en el campo laboral ha sido motivo de constantes revisiones, emisión de leyes y todo tipo de acciones de protección, en México no cabe duda que se da un paso hacia adelante, pero también se da otro para atrás; una prueba de ello es que las prohibiciones que introdujo el Congreso de la Unión en 2015 al respecto evitaron que 25 mil menores de edad siguieran trabajando y ayudaron a que casi 50 mil volvieran a estudiar, pero en estos momentos una nueva reforma podría echar abajo parte de dichos avances.

En 2015 se elevó la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, acompañado de condiciones de empleo acordes para adolescentes, lo que funcionó al menos hasta antes de la llegada de la pandemia. No obstante, el Congreso en este año dio marcha atrás a una parte de las restricciones que les protegía de trabajos riesgosos, lo que incluso podría contravenir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con un estudio elaborado por las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), llamado “Prohibiciones del trabajo infantil, empleo y asistencia escolar: Evidencia de cambios en la edad mínima para trabajar”, cuando fue modificada la Ley Federal del Trabajo en 2015, la población que tenía entre 14 y 15 años de edad incrementó la matrícula escolar en un 2 por ciento, mientras que se disminuyó la tasa de trabajo infantil en 16 por ciento.

Los resultados de la citada investigación arrojaron que la reforma disminuyó el trabajo infantil, sobre todo en las niñas, porque los impactos son más visibles en los sectores de manufactura y servicios, y ellas laboran principalmente en este último mercado.

Es de destacarse que, por otro lado, la reforma integró en la legislación una serie de restricciones para contratar adolescentes mayores de 15 años y prohibió que laboren en actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, entre otras.

Lo lamentable viene ahora, porque el pasado 23 de febrero el Senado concluyó el proceso legislativo para modificar el veto, lo que en otras palabras significa que si no se usan químicos o no manejan maquinaria o vehículos pesados para realizar sus tareas, los niños sí podrían trabajar en esos sectores.

La reforma, estimulada por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), busca convencer de la necesidad del cambio porque, al tener pocas oportunidades laborales, las y los adolescentes están prefiriendo incorporarse al crimen organizado.

Fernanda Martínez rechaza las posturas que criminalizan a la adolescencia y la juventud por el hecho de estar en condiciones de pobreza y búsqueda de ingresos económicos, aunque sí concuerda con que se realicen ajustes para dar opciones de trabajo formal a jóvenes.

No se debe olvidar que la pandemia por COVID-19 afectó con mayor fuerza, detrás de la salud, al aspecto económico, por lo que son de esperarse consecuencias multilaterales, dado que no fueron pocos las niñas y niños los que no pudieron continuar con las clases en línea, lo que combinado con el impacto económico por el que tuvieron que trabajar para apoyar a su familia, será difícil que ahora que se están levantando las restricciones sanitarias en todo el mundo que regresen a la escuela.

Pero la sola prohibición para que niñas y niños de 14 años y menos laboren “no es una herramienta eficaz para disminuir las tasas de trabajo infantil”, apunta el estudio mencionado, así que se necesitarán sanciones concretas por violaciones a la ley, inspecciones y otro tipo de medidas, como las que se incluyeron en 2015, concluyen las investigadoras.

 “Aquí siquiera gano 50 pesos”

“Aquí siquiera me gano 50 pesos, en mi tierra, cuando hay trabajo haciendo jícaras y guajes, cuando mucho me dan 20”, dice Rosa Rosendo, indígena de Chilapa, Guerrero, quien de esa manera justifica su dura labor sembrando y cosechando melón en San Jerónimo, municipio de Huetamo.

Raquítica, de no más de 1.35 de estatura y apenas rebasando los 12 años, Rosa denota retraso mental y el sufrimiento de alguien que ya no espera gran cosa de la vida. Con dificultad, en el marco del Tianguis Artesanal de Uruapan de la pasada Semana Santa, relató que vino de las montañas de Guerrero, de Chilapa, para vender su mercancía; en su lugar de origen se dedican a la elaboración de artesanías con guajes y jícaras, pero resulta que no las pueden vender ahí, así que al igual que muchos de sus paisanos, ha tenido que emigrar donde hay trabajo agrícola, donde les pagan 50 pesos la jornada, que empieza apenas sale el sol y termina cuando ya la oscuridad cubre los campos, lo que incluso hicieron durante los dos últimos años en que la pandemia estaba a todo lo que daba.

Cuando Rosa no está elaborando sus jícaras primorosamente pintadas, se encuentra en los campos meloneros con toda su familia, de la que, a excepción de los niños más pequeños, todos alquilan su fuerza de trabajo. “No vamos a la escuela, porque los maestros nunca vienen y además, para qué, si aquí nos pagan 100 a 200 pesos (a la semana)”.

La carencia de instrucción escolar, pese a contar con aulas en los campamentos, se hace una con la falta de atención médica, de acuerdo a lo que relata Rosa, quien señalando sus senos, nos explica que “aquí en mi chichita me salió una bola, que me duele mucho y no he podido ir a ver al doctor”.

La razón por no ir al médico, es porque no tienen ese servicio y de necesitarlo, lo tienen que pagar ellos mismos en la cercana población de San Jerónimo, “pero pus ahora no tenemos con qué”.

Ella es una muestra de la explotación infantil, porque no sabe leer ni escribir y mucho menos entiende de horarios. Para ella, al igual que para sus hermanitos, el día empieza despuntando el alba y en ocasiones termina a las 16 horas, cuando los instructores de la escuela llegan (si es que llegan), por lo que entonces debe pasar por lo menos 4 horas en el aula, “hasta que ya es de noche”.

Si el maestro no acude, deben cumplir la jornada en el campo, hasta que se pone el sol. El trabajo, bajo el calor inclemente de Tierra Caliente, se suspende a las 13 horas para comer… alimentos que los propios trabajadores pagan y consumen bajo los árboles cercanos a los sembradíos hasta las 14 horas. Muchas veces, este es el único alimento que consumen en el día, relata la entrevistada.

Miles y miles bajo el sol

Como ella, hay cientos de pequeños y adolescentes cuyas edades fluctúan entre 5 y 17 años, quienes han perdido su infancia entre la siembra y cosecha bajo el sol o bien encaramándose en los vehículos para limpiar parabrisas en los cruceros de las principales ciudades de la entidad para ganarse un peso y de nuevo Michoacán ocupa otro de los primeros lugares nacionales, esta vez en materia de trabajo (o explotación, como se le quiera ver) infantil.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estado se encuentra por encima de la media nacional en explotación infantil, ya que existen más de 160 mil niños de entre los 5 y los 17 años de edad que desempeñan labores agrícolas, domésticas, de comercio y servicios, cuando en la nación la tasa es del 10 por ciento.

Conforme a los datos del organismo, son más de 3 millones de niños ocupados en el país; de ellos, el 30 por ciento se encuentra en el sector agrícola, lo que representa un riesgo para los menores, ya que tienen menos de 14 años de edad; el 44 por ciento de la cifra citada no va a la escuela, y de éstos, 700 mil se dedican a las labores domésticas, pues en su mayoría son mujeres.

En la entidad se tiene detectado que los municipios con mayor incidencia son Yurécuaro, Tanhuato y Aquila, que por su vocación agrícola se han convertido en campos propios para la contratación de menores de edad, sobre todo para los periodos de cosecha.

En su mayoría se trata de hijos de padres jornaleros migrantes, que provienen de otras partes del estado o de Guerrero, principalmente, aunque no se descarta que existan familias que incluso llegan de Centroamérica, en su paso hacia el sueño americano.

Pero lo más triste de todo esto es que la población migrante parece estar olvidada de toda autoridad gubernamental. Esos menores y adultos sobreviven en condiciones de miseria en  jornadas de trabajo superiores a las 12 horas. Conforman un grupo de personas cuyas garantías individuales, como el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, al juego, y a una identidad propia, se vulneran constantemente.

Lo más reprobable es el trabajo infantil en los campos, porque los menores son obligados a cumplir jornadas exhaustivas en condiciones de higiene deplorables, sin derechos laborales, sin acceso a políticas de salud públicas y sin la oportunidad de asistir a la escuela.

De acuerdo con el reporte de la OIT, los niños “no saben leer, no saben escribir; los campos agrícolas fungen como universidad para preparar a las futuras generaciones para esa actividad, y en esa problemática se vulneran todos los derechos de los menores: el derecho a no trabajar, a la educación, a un desarrollo humano, el de un mejor mañana y el de la protección especial que necesitan los menores”.

Aunque la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas que contraten menores de edad se hacen acreedoras a una sanción económica que va de 3 a 315 días de salario mínimo y la severidad de la misma dependerá de la falta y del criterio que apliquen los inspectores de la dependencia, en el caso de las empresas transnacionales, la norma parece ser letra muerta.

En Michoacán, como en el resto de zonas agrícolas del país, la autoridad permite que las transnacionales agrícolas se aprovechen de la necesidad de ingreso de los jornaleros y extienden su explotación laboral hacia los menores de edad. En estos casos, denuncian los niños, no pagan horas extras y trabajan jornadas superiores a las 12 horas.

La pobreza es la condición que más propicia la vulnerabilidad de los derechos de niñas y niños, así como su escaso respeto y cumplimiento, con el riesgo de que los menores sean víctimas primordiales de todo tipo de abusos, que son aceptados porque es necesario enfrentar la pobreza, refieren los especialistas, sobre todo después de la pandemia.

Se recurre al trabajo como la mejor forma de sobrevivencia, el que por sus propias características es utilizado por patrones rapaces y explotadores que en complicidad con inspectores de trabajo cierran los ojos y niegan que exista esta utilización de niñas y niños pobres con necesidad de trabajar. Su trabajo no es “oficial”; no hay ninguna entidad gubernamental o autoridad tributaria que sepa que están trabajando, porque no están oficialmente empleados. En muchos casos, las personas para las que trabajan ni siquiera están registradas como empleadores.

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