Nació muerta la nueva reforma educativa
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
No cabe duda que, cada sexenio, la administración en turno busca establecer sus propios principios educativos a través de reformas que afectan los diseños curriculares, los contenidos de textos y hasta la manera en que se ofrecerá la enseñanza a las nuevas generaciones. Cada gobierno ha logrado, en menor o mayor grado, cumplir con esas metas en educación…, todas, excepto la llamada 4T, cuya propuesta de reforma literalmente nació muerta.
La reforma educativa planteada por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tuvo un serio revés esta semana al enfrentar el freno de los tribunales antes de que fuera implementado a fines de este mes de octubre.
Resulta que el juez federal de distrito Francisco Javier Rebolledo suspendió el tan cacareado plan piloto previsto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para ser aplicado en 960 escuelas de todo el país (de las que hasta ahora se han reservado los nombres). ¿El argumento del juez?: incertidumbres que genera un proyecto “impreciso e incompleto” y que no se aviene a lo que establece la ley de educación.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México fue el que concedió la suspensión para la entrada en vigor del Programa Piloto del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica que aplicará la SEP, por considerarlo inconstitucional, ante lo cual analizará la constitucionalidad del Modelo Educativo.
Según lo señalado por el magistrado “Es inadmisible que se ordene un piloteo… sin la emisión y publicación de programas de estudio y sin la capacitación previa de maestros y maestras respecto a sus contenidos”. Es de destacarse que conforme a los planes para la aplicación de esas clases de prueba en las escuelas señaladas, la fecha de inicio estaba establecida para fines de octubre, por lo que aún hay tiempo para el debate con la sociedad civil, que lo reclama mediante la constitución, también prevista por ley, de un Consejo Nacional para la Participación Escolar.
Por el momento y hasta el cierre de esta entrega, la SEP ha informado que aún no ha recibido la notificación del juez, pero anuncia que seguirá adelante con el plan y que “interpondrá un recurso de queja contra la admisión de esta demanda y contra la suspensión provisional” dictada.
La determinación del juez surge del planteamiento de un amparo de la organización civil Educación con Rumbo, interpuesto el 12 de septiembre, bajo el argumento de que el plan piloto para ensayar la reforma educativa no ha sido consultado con las familias, que no han dado su permiso, ni otros actores de la comunidad educativa (es aquí donde cobra relevancia que el nombre de las escuelas no se haya precisado aún).
El plan piloto fue anunciado por la SEP para ser implantado en el primer curso de preescolar, primaria y secundaria de 960 escuelas de todo el país, aproximadamente 30 por estado, pero a la fecha no se ha informado en qué planteles se impartirán los cambios.
De manera colateral, la dependencia anunció la capacitación de los maestros que desarrollarán esas clases “a partir del curso 2022/2023”, por lo que se infiere que aún no han recibido esas capacitaciones. El juez señaló, además, que “no hay certeza respecto de qué es lo que se les impartirá a esos alumnos, es decir, qué programa de estudios, qué materias o asignaturas, qué contenido curricular, ni cómo se les evaluará y certificará para continuar” en los siguientes cursos.
Educación sin rumbo
La educación parece no tener rumbo académico, pero sí ideológico, en el gobierno de AMLO, lo que se nota en las intentonas de reforma que la administración de la 4T ha emprendido en este sexenio. Poco se habla de educación (porque otros temas han absorbido el interés público) pese a que en cuatro años ya han desfilado tres secretarios de Educación, lo que denota la inestabilidad que priva en este sector; de ahí que ahora se pretenda una ambiciosa reforma que busque dar la vuelta al sistema educativo vigente, con algunos cambios, durante décadas.
Pero en torno a esta reforma educativa se ha extendido una opacidad que, en efecto, preocupa a las familias y a los especialistas en educación. El pasado 29 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2022-2023 en todo México, luego de una reclusión de 2 años derivada de la pandemia por COVID-19, por lo que se supone que los alumnos que habrán de participar en el plan piloto ya han empezado las clases con el sistema escolar vigente, así que es de suponer que estos estudiantes tendrían que cambiar los planes de estudio semanas después, cuando inicie, a finales de octubre, este plan piloto.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz es quien ha llevado este proceso en nombre de la organización Educación con Rumbo (lo que se ha hecho público), y ha señalado la circunstancia de que los niños experimentarán un cambio en su formación dos meses después de haber emprendido sus clases.
Pero las incertidumbres no paran ahí, también está el tema de los materiales didácticos que serán usados, lo que es otro firme sustento para haberse concedido el amparo, pues se desconoce “si ya han sido elaborados y autorizados los libros de texto que se deben utilizar para la aplicación del nuevo plan de estudios”. Que se están elaborando nuevos materiales didácticos se ha contado en varias ocasiones por parte de la SEP, pero a la fecha se desconoce si ya están listos.
Es de destacarse que “El artículo 4 transitorio de la Ley de Educación solo menciona que este plan piloto iniciará en 960 escuelas, pero no se sabe con certeza cuántas, ni a partir de cuándo, ni cómo y cuándo se capacitará a los profesores, por eso el juez ha tenido en cuenta toda esta incertidumbre”, explica el abogado Ortiz. “La decisión del juez Francisco Javier Rebolledo ha sido valiente y oportuna, porque si es cierto que el inicio del plan piloto está previsto para finales de octubre, estamos a tiempo de discutir el tema y la SEP tendrá la oportunidad de contestar.
En tanto se aplica esta suspensión, “se continuará con las clases como están, con el programa vigente. La SEP tiene que acatar, de lo contario se pueden derivar consecuencias jurídicas, desde multas a inhabilitación de los servidores públicos, o incluso procesos penales”, advierte el abogado.
Ortiz también observó la ausencia del Consejo Nacional para la Participación Escolar, un organismo que debe constituirse, según señala la ley educativa. “Nada hay de eso todavía. Lo hemos solicitado oficialmente a la SEP, pero no hemos recibido respuesta. Por tanto, ante la imposibilidad de que la sociedad civil y los especialistas colaboren en la reforma educativa prevista, nos hemos visto obligados a interponer este recurso de amparo”, subrayó Ortiz.
Y advirtió: “Los padres de familia no quieren ser vistos como contraparte de un procedimiento judicial, sino como actores reconocidos para participar, piden ser corresponsables de los cambios educativos… “No han sido consultados, tampoco los maestros dicen haber recibido capacitación ni materiales, nos han llegado quejas sobre eso”, aseguró Ortiz.
Se debe aclarar que la organización Educación con Rumbo agrupa a la Asociación Nacional de Padres de Familia así como otras organizaciones, como Suma por la Educación, representantes de escuelas privadas y especialistas en pedagogía.
En medio de las críticas
La reforma educativa que se ha planteado en este sexenio ha recibido numerosas críticas de expertos en educación precisamente por la opacidad con que se están haciendo estos cambios, según han criticado. El gobierno ha hablado de reuniones masivas con maestros en los que se les han presentado las modificaciones previstas, que han ido trascendiendo de ese modo, pero aún no hay publicado un corpus legal que anuncie, sin lugar a dudas, de qué se tratará esta reforma educativa en sus extremos aplicables en las escuelas.
Los cambios para todo el alumnado están previstos por fases que se iniciarán, según lo informado, en el curso que viene. En este, solo se ha planteado el proyecto piloto que ahora ha quedado suspendido provisionalmente; el periodo de prueba tiene como propósito, una vez instalado, ver cómo se puede implementar para todas las escuelas del país en 2024, por lo que no es una situación que generará cambios inmediatos, sino que serviría para diseñar las estrategias de implementación para la Reforma Educativa.
La autoridad competente para la aplicación del piloto es la subsecretaría de Educación Básica de la secretaría de Educación Pública a nivel federal, por lo que se trata de una comitiva que estaría trabajando con las secretarías de Educación de todos los estados para asesorar, analizar y medir ciertos aspectos que están en el foco de atención y que posteriormente ayudarán a implementar el sistema educativo.
La nueva propuesta pedagógica causó profunda polémica porque planea eliminar los grados escolares en México, de acuerdo con el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Dicha propuesta consiste en sustituir los grados por “fases de aprendizaje”, que en el papel suena bien, pero que en la realidad será otra forma de manipulación política.
En el documento publicado para dar sustento a la propuesta, se precisa que la transición de grados escolares será a seis fases de aprendizaje, a saber:
Fase 1, educación inicial, correspondiente a los primeros tres años de los niños; fase 2, educación preescolar, mientras que a partir de la fase 3 ya se combinarán algunos grados escolares; en la 3 se hará la equivalencia de primero y segundo grados de primaria; la 4 será el equivalente a tercer y cuarto grados; la 5 se propone el equivalente a quinto y sexto grados de primaria, para por último llegar a la 6, con el primero, segundo y tercer grados de secundaria.
Según explica la SEP en el documento, las fases de aprendizaje abarcarán la formación de las y los niños desde los 0 años hasta los 15 años. La primera fase durará un año, la segunda tres años, las fases 3, 4 y 5 durarán dos años, y la última, tres años.
¿Beneficios o acierto y error?
Los pedagogos de la SEP, a cuya cabeza se encuentra Marx Arriaga Navarro, actual director general de Materiales Educativos en la SEP, quien incluso ha convocado a reformar 18 libros de primaria, justifican que el cambio a las fases de aprendizaje tendrá beneficios como “dedicar mayor tiempo a procesos cognitivos, sociales, culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades… ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes”, entre otras muchas propuestas.
Lo anterior no quedaría completo sin las propuestas necesarias sobre los períodos lectivos para cada fase de aprendizaje, así como propuestas para la evaluación de los conocimientos impartidos en cada fase.
Así, “motivado por este principio ético, jurídico y educativo en favor de las niñas, niños y adolescentes, el Estado mexicano se ha planteado un profundo cambio en la educación básica nacional que, sin desconocer las mejores prácticas pedagógicas del sistema educativo, propone un conjunto de transformaciones epistémicas, metodológicas, axiológicas, pedagógicas y estructurales, expresadas en el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, señala el documento.
De ser aprobadas, estas medidas impactarán a casi 24.6 millones de alumnos y más de 1.2 millones de docentes de Educación Básica, pero hasta el momento, las autoridades educativas no han dicho cómo ni cuándo se implementaría.
Cabe mencionar que durante las últimas semanas, a raíz de la publicación del borrador sobre el marco curricular y plan de estudios de la educación básica, ha surgido una polémica entre investigadores, directivos y docentes sobre el significado de tales medidas.
Las interrogantes principales que se han puesto sobre la mesa son, entre muchas más, es si desaparecen o continúan los grados escolares, porque existe una contradicción entre ambos; por una parte se menciona que es un “tránsito”, pero por otra se aclara que la educación será dividida por fases y no niveles. Lo anterior podría implicar que esto no se hace en grados; dicho de otra forma, que se da un paso de una situación a la otra. Esta noción genera duda e incertidumbre y, con ella, múltiples respuestas e interpretaciones que se brindan desde los contextos particulares de cada lector a partir de su conocimiento, experiencia, labor, especialidad o grado académico.
Para muchos investigadores y expertos, las “fases” deben ser entendidas como un proceso de enseñanza-aprendizaje que cuenta con las mismas metas y contenidos educativos para cada una de ellas, siendo que sí existen grados cuya diferencia se encuentra en ciertos procesos que se atienden según la edad, posibilidad, desarrollo y nivel de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, así como el contexto y las condiciones de la escuela, tal y como se realiza en Finlandia.
Desde esta conceptualización, y dependiendo de la cantidad de estudiantes por escuela y la existencia de maestros, pueden presentarse varias opciones: salones de clase de tres años (preescolar) o dos (primaria) en los que se trabaja con estudiantes de grados diferentes y consecutivos con el mismo currículo en un solo salón, o bien, aulas en las que existe sólo un grado escolar y un docente que responde a la fase que se le adjudica.
En otras palabras, lo que se re organiza es el currículum y con ello los grados en fases que se aplican en salones de clase que pueden estar integrados o no, dependiendo de los contextos particulares de las escuelas con una flexibilidad que trae como consecuencia una gran diversidad en las formas de atención.
Para una interpretación más clara, surgida desde una visión pedagógica estricta, los cuatro elementos básicos del diseño de la propuesta curricular podrían aclarar lo que se entiende por las fases. Estos elementos son: campos formativos, que incluyen contenidos con diálogos que son iguales para los grados que se abordan en cada fase, y las progresiones en aprendizajes que sí se modifican año con año, impulsando con ello un avance gradual a lo largo de toda la educación básica. En este contexto, podría decirse que el cambio estaría en la observación de metas comunes por fases con procesos diferenciados por grados.
En concreto, el “tránsito de los grados a fases” no es una discusión sin importancia, nimia; no es desinformación. Se encuentra dentro de la complejidad epistémica de la propuesta, o sea, desde dónde se observa y cómo la construcción del proceso educativo incluye los fines que persiguen, cómo los logra y cómo se sabe que se ha llegado a la meta.
