Editorial| La democracia sigue en batalla

Esta semana, a través de su Consejería Jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revertir la suspensión del Plan B en materia electoral, a petición del INE.

El problema, es que al 4 de abril, ya se habían presentado ante la SCJN, 164 controversias constitucionales y 14 acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos del «Plan B», de los cuales se han admitido 132 controversias constitucionales y 8 acciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, se han presentado 91 recursos de reclamación en controversias constitucionales y 4 en acciones de inconstitucionalidad, entre ellos el que presentó el Senado de la República contra la admisión a trámite de la controversia constitucional 261/2023 del INE, la cual dio origen a la suspensión de la aplicación del «Plan B».

Mucho trabajo para las y los ministros de la Corte y nada fácil cumplirle el capricho al Ejecutivo federal de abaratar la democracia para hacerla más controlable y corruptible.

El mayoriteo de Morena y fauna de acompañamiento, la cerrazón presidencial a todo diálogo y acuerdos con la oposición, es lo que tiene tan cuestionada y atorada la reforma electoral del presidente López Obrador.

Frenada la reforma constitucional, el Plan B consistió en cambios a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Las ocho acciones de inconstitucionalidad contra las dos primeras leyes, fueron promovidas por los partidos en coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD); por Movimiento Ciudadano (MC); el llamado Bloque de Contención del Senado de la República; por diputados del Congreso de la Unión y por el partido político Hagamos, del estado de Jalisco, siendo ésta última desechada.

En la admisión de las siete acciones de inconstitucionalidad, la Corte concedió la suspensión del primer decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila. Esto con base a que se promulgó en el plazo de veda electoral.

Respecto a las restantes cuatro leyes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación a principios de marzo, el ministro ponente de la Corte, Javier Laynez Potisek, admitió la controversia constitucional presentada por el INE y otorgó la suspensión.

La batalla sigue por la vía jurídica que es el único camino que tenemos la gente de bien. El plazo fatal para que la intentona del presidente López Obrador contra la democracia no avance, es el mes de junio. No perdamos la esperanza.