El licenciado Andrés Manuel López Obrador sí que pasará a la historia por muchas razones: su política permisiva al crimen organizado; el fracaso de la estrategia contra la pandemia; el desastre educativo, el mandatario más antidemocrático y desde luego como el Presidente más estatizador.
Todo estatiza: las energías, los puertos, el espacio aéreo, la distribución de medicamentos. Ahora va por abrogar al Estado el derecho de expropiar y cancelar contratos, sin pagar indemnizaciones, así sea a grandes empresas que a humildes campesinos como sucedió con las obras del Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos bocas.
Desde Semana Santa envió al Congreso un paquete de reformas a 23 leyes secundarias para que sean aprobadas por Morena y sus partidos aliados.
Este paquete de cambios legislativos otorgarán al Estado condiciones de ventaja sobre los particulares, con el argumento de combatir la corrupción, prevenir daños al interés público o al erario y fortalecer a la administración pública federal.
Así, el gobierno central podrá revocar contratos y concesiones sin pagar indemnizaciones, darse por concluida la relación jurídica en la contratación de bienes y servicios públicos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin resarcir daños.
Las modificaciones propuestas específicamente a 10 leyes están dirigidas a dar al Estado estas condiciones preferentes para la realización de obras públicas, decidir la revocación de contratos, concesiones o permisos por cuestiones procedimentales, o bien retener o recuperar la posesión de bienes públicos de manera expedita.
En su afán totalitarista, también disponen las reformas, que será directamente el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente, y no las dependencias de la Administración Pública Federal, quien asigne permisos para la prestación de servicios públicos y la explotación de bienes de dominio público a paraestatales.
En la iniciativa, se incorporaría un nuevo artículo 59 bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que daría al Presidente amplias facultades para otorgar permisos y la temporalidad de estos será indefinida.
“La persona titular del Ejecutivo puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social».
La contratación de bienes y servicios a nivel nacional e internacional deberá realizarse mediante la inclusión obligatoria de una “cláusula exorbitante” que prevea límites claros sobre cuándo procede y de qué montos, las eventuales indemnizaciones en caso de cancelación de contrato.
Según la exposición de motivos, se busca dar preferencia a la administración pública sobre los particulares, por lo que el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público, general o social.
Estas reformas espantarán a todo inversor extranjero, pero más a los connacionales porque expresan la intención del presidente López Obrador de mantenerse en el poder. ¿Cómo le haría? A de tener su plan.
