La Suprema Corte, caja de resonancia de la 4T
“No somos iguales”: AMLO
Por: Luz María Sánchez S.*
Afortunadamente “no somos iguales”, asegura con vehemencia el Presidente de la República cuando busca deslindarse de viejas prácticas políticas, pero en la Cuarta Transformación hay actos reveladores con reminiscencias del pasado.
Muchas de sus acciones nos recuerdan a gobiernos priistas y panistas. Un botón de muestra es lo que sucede en el entorno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus ministros y ministras en funciones, una de las cuales ha tenido que declararse impedida por su cercanía con el poder y aquel que se vio obligado a renunciar a su encargo, al ser acusado de actos de corrupción y ahora, curiosamente, ser exonerado por la Fiscalía General de la República, después de haberle congelado sus cuentas. Y es que todos bailan al mismo son que les toquen desde Palacio Nacional, aunque el Ejecutivo Federal reitere que se respeta la independencia de los poderes de la Unión y que ya no es como antes.
Ministra impedida
Con un discurso conciliador y políticamente conveniente de total independencia, hace sólo mes y medio llegó al Máximo Tribunal del país la nueva ministra Loretta Ortiz, ex militante del Partido del Trabajo y fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), quien ahora tuvo que aceptar y declararse impedida de participar en resolver la controversia constitucional presentada por la Fiscalía General de la República contra la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de entregar información sobre la investigación contra Pío, el hermano del presidente López Obrador, sobre un posible financiamiento ilícito a favor de Morena. La decisión fue avalada por el Pleno, por lo que el expediente será turnado a otro ministro, aunque el tema sigue candente.
Y es que no son los procesos administrativos los que se cuestionan, sino los posibles conflictos de interés político y hasta de orden moral y ético los que hacen eco en el Tribunal Constitucional desde la Presidencia de la República, ya que las razones de la ministra Ortiz son más que evidentes, su corazón late por la 4T, además de compartir su vida personal y conyugal con un muy cercano amigo del Presidente, Agustín Ortiz Pinchetti, quien encabeza, nada más y nada menos que, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fede). Más que involucrada, la Ministra Loretta Ortiz no podía haber evadido su impedimento en este asunto cuya resolución para bien o para mal impactará nuevamente en la línea más vulnerable de la familia López Obrador, pero vaya que “no somos iguales”.
Y mientras le turnarán otros asuntos de menor impacto y riesgo político a la Ministra de reciente ingreso, el Tribunal Electoral no sólo abandonó el asunto y ordenó a la Fede cumplir, a la brevedad, con la sentencia de ese órgano jurisdiccional del pasado 22 de diciembre y entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) copia de la documentación sobre las indagatorias del caso de Pío López Obrador, información necesaria para llevar a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
Pío López Obrador fue denunciado en agosto de 2020 por el PAN y el PRD ante el INE y la Fede, luego de difundirse un par de videos en los que se documenta la recepción en 2015 de dinero en efectivo por parte de David León, entonces operador en el Gobierno de Manuel Velasco del PVEM en Chiapas, para el naciente partido Morena.
Ministro defenestrado
Otro caso que revela la absoluta intromisión del Ejecutivo Federal en la Suprema Corte fue el golpe certero que el Presidente le propinó en 2019, especialmente en contra de uno de sus miembros, el Ministro Eduardo Medina Mora quien, si bien no gozaba de una amplia reputación y mucho menos experiencia como juez constitucional, fue amenazado de ser desaforado y encarcelado, al ser acusado por actos de corrupción como lavado de dinero. En medio de un escándalo, sin precedentes en el Poder Judicial, el Ministro desapareció de la escena nacional el 3 de octubre de ese año, sin poder enfrentar los cargos y la embestida presidencial, simplemente de manera oficial se reconoció que no se contaba con elementos para confirmar su renuncia y se esperaría el trámite que realizaría el Poder Ejecutivo y el Senado de la República.
La historia se cuenta sola, defenestrado el Ministro Medina Mora fue perseguido, tras haberle congelado sus cuentas, lo que permitió abrir el espacio que deseaba el Presidente de la República para acomodar las fichas en favor de su proyecto y sustituir a Medina Mora por una nueva Ministra a fin a la 4T: Ana Margarita Ríos Farjat.
Logrado este objetivo, a casi tres años de los hechos y sin mediar explicación pública, la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR decretó el no ejercicio de la acción penal contra Medina Mora porque no encontró indicios de operaciones ilícitas. Repudiado y juzgado por la opinión pública, se le exoneró sin siquiera emitir un “usted disculpe”.
Una muestra más de que avasallando con todo el poder se conformó, en estos tres años, el nuevo rostro de una Suprema Corte subordinada a las decisiones de Palacio Nacional para frenar en bloque todos los asuntos que en términos jurídicos puedan atentar contra reformas constitucionales o temas de ilegalidad. Y así ha sucedido, lamentablemente, para la justicia en México que ha dejado de tener contrapesos.
