Opinión| Alteza serenísima y dictador vitalicio… frenado por el Poder Judicial

Por: Marco Antonio Aguilar Cortés

Los fideicomisos son contratos establecidos y regulados por el sistema jurídico mexicano, y no los instituye ni los controla el capricho de un presidente.

Existiendo los fideicomisos públicos en nuestro país, tampoco éstos están sujetos al antojo de un ejecutivo federal que determine cuáles son fideicomisos buenos y cuáles son malos.

La figura jurídica del fideicomiso, tanto en su parte sustantiva como en la adjetiva, es compleja. Se requiere de una institución fiduciaria legal y debidamente autorizada; de un fideicomitente que aporte bienes a la fiduciaria, para que ésta los coloque y maneje en el mercado productivo; y, comúnmente, de un fideicomisario que reciba los beneficios de esos movimientos mercantiles.

Todo lo anterior, con objetos y fines lícitos.

Ahora, entre fideicomisos se encuentra enredado el presidente López por su ignorancia jurídica y su avinagrada maldad, junto con su persistente e infundado odio en contra del Poder Judicial Federal (PJF), poder que sólo ha venido cumpliendo con sus atribuciones constitucionales.

Empero, tanto ha injuriado, amenazado y calumniado el presidente Andrés Manuel al PJF que, a ello sumó, la orden inconstitucional y suprema dada al obediente Poder Legislativo para que se les quitara (al PJF) 13 fideicomisos que tienen como fin satisfacer derechos laborales a sus trabajadoras y trabajadores y jubilados.

Con su rústico y burlesco lenguaje, el presidente de México desatinó al decir: “¿Qué los trabajadores del PJF van a hacer un paro?, pero si nunca trabajan. ¿Qué van a marchar?, que marchen todos, con todo y ministros, sirve que les dé el sol… pero está bien que no trabajen, para que no dejen en libertad a los líderes del crimen organizado”.

Un presidente majadero e irresponsable, como el actual, provocó el paro, la marcha, la toma de los trabajadores del PJF, en defensa de sus derechos humanos garantizados por nuestra Carta Magna.

Observadores imparciales puede testificar que la mayoría de cada uno de las y los trabajadores del PJF laboran más que el presidente López.

Y obvio, el producto del trabajo de cada uno de esa mayoría sindicalizada genera su servicio público con mayor calidad, proporcionalmente a lo que suele hacer, a diario, el presidente López.

Por otra parte, quien ha dejado en libertad a líderes del crimen organizado, sin tener facultades para ello, es el ejecutivo López.

Además, a la vista de todos, el presidente de la república nos cuesta poco más de 20 millones de pesos al mes, muchísimo más de lo que nos cuestan, juntos, los 11 ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mis reflexiones, de índole personal, no las realizo con el ánimo de atizar a una división de poderes patológica, como la que apetece su alteza serenísima López.

La persona que ejerce el Poder Ejecutivo Federal no puede ser un dictador, menos vitalicio; debe, sí, ejercer exclusivamente las atribuciones constitucionales que se le imponen.

Las y los diputados federales son representantes del pueblo, y no deber ser achichincles ni mandaderos del presidente en turno.

Son representantes de las entidades federativas las y los senadores, y necesitan negarse a ser ciegas marionetas del presidente.

A los mexicanos nos enorgullece que cumpla conforme a derecho todo el Poder Judicial Federal, en su conjunto, suspendiendo los actos de autoridad, y amparando a los quejosos, en contra de los actos inconstitucionales del presidente y de las cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

Que el PJF no se doblegue ante ningún poderoso; y que en sus resolutivos dé la razón a quienes la tengan, conforme a nuestro sistema jurídico.