Bendito fuero presidencial
¿Pío López Obrador seguirá en vilo?
Por: Luz María Sánchez S.
Mientras escala en el ánimo colectivo la noticia de la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por fabricar la “Verdad histórica” y la extraña coincidencia de la salida de prisión de Rosario Robles para seguir su proceso en libertad, el Presidente se muestra feliz y aprovecha la oportunidad para reforzar su narrativa preferida del combate contra la corrupción y dirigir así, la agenda pública a donde mejor convenga, pero en Palacio Nacional también hay motivos para estar en alerta por otro asunto de orden familiar que podría estallar en cualquier momento, cuando el caso de Pío López Obrador se defina en tribunales.
Si bien el 21 de agosto de 2020, un día después de publicarse los videos en los que se ve a su hermano Pío tomando un sobre y una bolsa con fajos de billetes, de manos de David León ex funcionario de Chiapas y simpatizante de Morena, el Presidente López Obrador reconoció que sabía de estas evidencias y que los recursos recibidos fueron “aportaciones para fortalecer al movimiento”, también aseguró que estaría en la mejor disposición de comparecer ante la autoridad “Claro que voy o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso”. Sin embargo, lo cierto es que su blindaje está listo para no mancharse con este escándalo.
Gracias al bendito fuero presidencial, las palabras pueden quedar solo en promesas, porque la realidad es que Pío López Obrador se quedará esperando la comparecencia de su hermano ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, como lo solicitó su defensa, ya que la negativa de la autoridad fue inmediata al aclarar que por su investidura el Presidente no puede ser llamado a presentarse en tribunales: “De acuerdo con lo que establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos penales y debido a la investidura del testigo del cual solicita se recabe de su declaración, no resulta procedente citar al Presidente de la República ante este Órgano Ministerial efecto de que comparezca ya que en ese dispositivo jurídico se establece de manera expresa excepción de comparecencia del titular del Ejecutivo Federal”
Para los hermanos López Obrador, el dinero recibido en 2015 de manos del ex asesor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, significa “una falta, pero no un delito”; no así para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que decidió no cerrar el caso por el Delito de Financiamiento Ilícito e investigar la actuación de Pío, dado que esos recursos se dieron abiertamente en el marco de un proceso electoral, por cierto, el primero a nivel federal en el que participó MORENA, partido que echó mano de apoyos externos de dudosa procedencia, que no fueron fiscalizados.
El caso podría ser una bomba de tiempo
De inicio, la pretensión del Instituto Nacional Electoral (INE), de solicitar a la Fiscalía información sobre Pío López Obrador y David León, fue rechazada por ser un “secreto ministerial”. El partido Morena llevo el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió a favor del INE para obtener los expedientes del caso, pero la Fiscalía respondió con una controversia constitucional ante la Suprema Corte que, extrañamente, admitió la queja y turno el caso a un de las ministras simpatizante de la 4T, Yasmín Esquivel, quien otorgó una suspensión, pero aún se espera la resolución del Pleno.
La postura del hermano del Presidente se radicalizó y a través de sus abogados solicitó al Titular del Ejecutivo cumplir su palabra de aquel 21 de agosto de 2020 para comparecer, pero el blindaje del fuero constitucional ahora sí se ha hecho valer, mientras tanto el tabasqueño ha guardado silencio.
Tal es el interés de la autoridad electoral, en medio de las confrontaciones políticas ya conocidas entre el Presidente López Obrador y el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, qué este último no ha quitado el dedo del renglón y reclamó a la Suprema Corte “corregir” la suspensión que se otorgó para evitar que la Fiscalía General de la República entregue las copias de la carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador.
Lorenzo Córdoba cuestionó la participación de la Corte en este asunto: “Parece que la Constitución ya no es tan clara porque dice que las decisiones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, ahora parece que ya no son definitivas e inatacables, porque ya la Corte se volvió una tercera instancia respecto de las decisiones del Tribunal”.
Lo cierto es que la bomba de tiempo podría estallar en cualquier momento, porque incluso el hermano del Presidente, el más interesado en limpiar su nombre en este traspaso ilegal de dinero para la campaña de MORENA, ya interpuso una denuncia en contra de José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, por delitos contra la administración de justicia al considerar que la institución a su cargo ha retrasado la investigación que se abrió en su contra por recibir aportaciones económicas.
Se acercan tiempos de celebración por el cuarto aniversario del mandato de López Obrador que, culminará con la anunciada verbena popular del 15 de septiembre y un escándalo podría ensombrecer estos festejos. Lo más conveniente será guardar silencio y administrar los tiempos porque en Palacio Nacional de Pío López Obrador no se hablará ni Pío.
