La orden de la SEE fue contundente: todas las escuelas públicas y privadas tendrán que regresar a clases presenciales obligatorias
Por: Rosalinda Cabrera Cruz
Semana de quincena, semana de pagos… aunque no para todos. La secretaría de Educación en el estado dio a conocer que ya comenzaron a fluir los pagos en tiempo y forma para los trabajadores de la educación que cobran con tarjeta bancaria, aunque por la toma de oficinas centrales, ahora está en riesgo el cumplimento de pago puntual a los que cobran cheque, pero eso es una cuestión de todos los días, porque pretextos para cerrar las instalaciones sobran.
Y bueno, ya salió por decreto que todos a las aulas, aunque el bicho del COVID-19 esté deambulando todavía por las calles. La orden de la SEE fue contundente: todas las escuelas públicas y privadas de educación media superior y superior en la entidad, tendrán que regresar a clases presenciales obligatorias al 100 por ciento de su matrícula a partir del 21 de febrero, llueva, truene o relampaguee, porque según las autoridades de salud de la 4T la enfermedad va a la baja, aunque las cifras digan lo contrario.
Pero por otro lado, aunque las disposiciones sean dictatoriales, la CNTE se salió con la suya: Lázaro Márquez Joaquín, integrante de la CNTE Poder de Base y toda su camarilla ya fueron nombrados oficialmente al frente de la dirección de Educación Indígena de la SEE. Con una bandera menos que ondear, a ver que más se les ocurre para tomar las vías del tren, seguramente ya lo traen en la agenda.
Y es que con ese nombramiento no quiere decir que se han zanjado los asuntos con esta fracción magisterial disidente, por el contrario, existe toda una lista de demandas pendientes y en la medida que sean cumplidas por el gobierno estatal se evitará el salir a las calles a manifestarse, señaló Jesús Escobedo Zalapa, integrante de la dirigencia regional de la citada fracción, vamos a darle tiempo al tiempo.
En un incidente ocurrido esta semana, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación interpuso una denuncia por el incidente que se vivió este martes cuando al medio día un grupo de encapuchados entró al edificio y causó temor entre los alumnos y el personal educativo, aunque a decir de muchos testigos, fue más el pánico creado por los propios directivos, que con el Jesús en la boca, hicieron que toda la comunidad abandonara las instalaciones, sin darles mayor explicación al respecto y los dichosos encapuchados no se dejaron ver.
Otros que ya andan con broncas son los de los CBTIS en Pátzcuaro y Angangueo, porque docentes de ambos centros de estudios los tomaron el pasado martes para exigir contratos de base a las autoridades educativas. De acuerdo a los profesores denominados “los idóneos” que ingresaron a la institución por convocatoria del 2015 al 2020, solicitaron dicha basificación, luego de que en 2018 se derogó la reforma del 2013 del ex presidente Enrique Peña Nieto; lo cierto es que muchos de ellos ya hicieron los suficientes méritos como para darles certidumbre laboral. La principal molestia es que ven que llegan perfectos desconocidos a sus escuelas y ya con base, en tanto son muchos los que llevan años laborando y es hora que siguen con contratos de 3 o 6 meses.
Ahora con el decreto para el regreso a clases, empezaron los dolores de cabeza y de bolsillo para los padres de familia, porque con la reanudación de las actividades presenciales, regresaron también los gastos en útiles y papelería, por lo que es importante realizar una planeación adecuada y aprovechar al máximo lo que ya se tiene para este segundo semestre del ciclo escolar.
Y es que a partir del 21 de febrero, como ya se dijo, será obligatorio el regreso del 100 por ciento a las aulas para los niveles medio y superior, en tanto que para el nivel básico se espera una dinámica similar, lo que se aprobará en las próximas semanas, más allá de los riesgos de contagio que persisten por la COVID-19.
Ya para concluir, diremos que trabajadores de la educación tanto docentes como administrativos se han declarado en alerta al rechazar entregar datos personales e información confidencial que desde el mes pasado ha comenzado a solicitarles la secretaría de Educación estatal. Dicen los gremios, por separado, desconocer las intenciones de la dependencia al pedir esos datos que no corresponden, por lo que no brindarán ninguna información de ese tipo en el formulario que esa oficina les ha requerido llenar… ni tienen porqué hacerlo. Y hasta aquí por hoy…
